INVESTIGACIÓN

Periodista Ligia Arreaga sigue retenida en la ciudad de Puerto Armuelles

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Para mí ha sido un caso de verdadera saña contra Arreaga, dijo su abogado defensor. Para mí ha sido un caso de verdadera saña contra Arreaga, dijo su abogado defensor. Expandir Imagen
Para mí ha sido un caso de verdadera saña contra Arreaga, dijo su abogado defensor.

A pesar de los esfuerzos realizados por el Colegio Nacional de Periodistas (Conape), la periodista Ligia Arreaga continúa retenida en el cuartel de la Policía Nacional de Puerto Armuelles, distrito de Barú, debido a que esta no portaba la cédula de identidad personal cuando estaba en el corregimiento de Rodolfo Aguillar Delgado haciendo una cobertura periodística, sobre el desalojo de unos productores de tierras del Estado.

Joel Lezcano, abogado que representa a la periodista Arreaga, dijo que se trata de un caso administrativo que no debió mantener a su clienta detenida.

“Para mí ha sido un caso de verdadera saña y represalia en contra de la periodista, cuando cubría un caso de disputa de ocupación de tierras en una zona que está concesionada por el Estado a la empresa Banapiña... burlaron un mandato de habeas corpus de un juez local”, expresó el abogado.

Por otro lado, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo se encuentran en el cuartel de Puerto Armuelles para gestionar la liberación de la periodista.

Además, en el área está la presidenta provincial del Conape, Grisell Espinoza, y Raúl López, como asesor legal del gremio.

Defensoría abre investigación administrativa

La Defensoría del Pueblo abrió una investigación administrativa en contra del juez de paz del corregimiento Rodolfo Aguilar Delgado, así como contra la Policía Nacional por la retención de la periodista Ligia Arreaga.

Así lo confirmó José Miranda, oficial de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, quien dijo que acudieron al área luego de recibir una llamada sobre la detención de la periodista.

En la llamada se indicó que Arreaga se le violaban los derechos constitucionales y por orden del defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, comenzó la investigación.

“Pudimos constatar por la Policía Nacional que la periodista está a órdenes de la Alcaldía de Barú”, indicó Miranda.

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