Asamblea Nacional

Magistrado de la Corte, Víctor Benavides está bajo la lupa

El abogado denunciante, Ángel Álvarez, aseguró que tiene nuevas pruebas. Mientras, la defensa del magistrado prefirió no hacer comentarios.

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Víctor Benavides LA PRENSA/Archivo

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Víctor Benavides será el próximo al que le corresponderá ponerse bajo la lupa de la Asamblea Nacional, luego de que la Comisión de Credenciales aprobó admitir ayer una denuncia en su contra por la posible comisión de delitos contra la libertad e integridad sexual, contra la administración pública [enriquecimiento injustificado] y otros en los que haya incurrido.

Con esta decisión, la Comisión de Credenciales de la Asamblea iniciará las investigaciones bajo el Sistema Penal Acusatorio para comprobar la comisión de los presuntos delitos por los que se le acusa al magistrado Benavides, miembro de la Sala Tercera de la Contencioso Administrativo de la CSJ.

En marzo pasado, la Asamblea Nacional condenó a cinco años de prisión al exmagistrado de la CSJ, Alejandro Moncada Luna por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos públicos.

La denuncia

La denuncia contra Benavides llegó a la Asamblea Nacional el 22 de abril pasado, de manos de la firma de abogados Vega & Alvarez, que aportó una carta, escrita a mano, por Vicente Caballero Zamorano, exjefe de seguridad y exescolta del magistrado Benavides.

Actualmente Caballero Zamorano purga una condena de 15 años de prisión por el secuestro y robo en perjuicio de la madre de Benavides.

La carta está fechada el 26 de marzo de 2015 y fue dirigida al presidente de la Comisión de Credenciales, Luis Barría.

Caballero Zamorano señaló que como jefe de seguridad y escolta del magistrado Benavides le correspondia hacer depósitos en diferentes sucursales del Banco Nacional, depósitos de 10 mil; 15 mil y 20 mil dólares cada 2 y 3 días, dineros provenientes del supuesto negociado de fallos y sentencias.

La Decisión fue del pleno

Los diputados que votaron a favor de la admisión de la denuncia fueron: Ana Matilde Gómez, independiente; Elías Castillo, Zulay Rodríguez y Leandro Ávila, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Luis Barría y Katleen Levy, del Partido Panameñista; Héctor Valdés Carrasquilla y Marylin Vallarino, de Cambio Democrático (CD).

El diputado Mario Miller, de CD, votó en contra, tras alegar que la denuncia no tiene “sustento legal”, y que quien hace la denuncia “es un criminal” que cumple condena.

Según Miller, se puede tratar de una calumnia más. "No tiene moral ni condiciones espirituales para denunciar”, dijo.

Miller explicó que en las acusaciones por posible delito de la libertad y la integridad sexual, los acusadores ya son mayores de edad y que se requiere de una acusación directa de una de las víctimas para poder procesar al magistrado por este delito.

Subcomisión no decidió

A pesar de que en el pleno de la Comisión hubo apoyo mayoritario a la admisión de la denuncia contra el magistrado, en la subcomisión que se encargó de estudiar el documento no hubo consenso.

Fue el 28 de abril pasado cuando la Comisión de Credenciales encargó a los diputados Ana Matilde Gómez, Elías Castillo y Marylin Vallarino para que hicieran un análisis de la denuncia y decidierán sobre su admisión o no.

Gómez alegó que había que admitir la denuncia porque cumplía con los requisitos mínimos para ser aceptada por la comisión. “Una admisión no implica en lo absoluto un juicio ni de culpabilidad ni de mérito de responsabilidad”, advirtió la diputada.

“Que se abra una etapa de investigación, y de no haber los méritos entonces no se le formulará imputación ”,señaló Gómez.

La diputada Vallarino alegó que el caso de Benavides “es muy delicado” y sostuvo que por el tema moral, ella admitiría la denuncia, pero por el lado legal no le ve justificación a la acusación.

Además advirtió que el propio denunciante podría ser procesado por encubrir estos hechos por mucho tiempo.

La diputada de CD planteó que no era justo que la decisión de admitir la denuncia recayera en tres diputados y no en los nueve como corresponde. “Tres tomamos la responsabilidad y los demás se la lavan las manos como Poncio Pilato”, dijo.

Igual planteamiento que el de Vallarino sostuvo el diputado perredista Elías Castillo, quien recomendó que fuera el pleno de la Comisión de Credenciales el que decidiera la admisión o no de la denuncia.

A los pocos minutos de las intervenciones de los miembros de la subcomisión, la decisión fue tomada por el pleno de la Comisión de Credenciales.

Impedimento

Antes de iniciar el debate sobre la denuncia, la diputada Zulay Rodríguez sometió a criterio de la comisión si se declaraba impedida para intervenir en el caso porque la firma de abogados que presentó la denuncia, le representa a ella en un caso legal.

Rodríguez solicitó que en todo caso su suplente actuará en reemplazo de ella.

La diputada Gómez, exprocuradora general de la nación, le recordó a su colega Rodríguez que no era el periodo para declarase impedida.

Al final los diputados de la comisión le negaron la petición de Rodríguez y está pudo actuar.

Reacciones

Para Ángel Alvarez, abogado denunciante, esta es una etapa importante del caso contra el magistrado Benavides .

“No era fácil, se trata de temas muy delicados que apuntan a delitos graves y se trata de un funcionario que ha ejercido la magistratura por nueve años y hay un tema de menores de edad que no puede ser desplazado”, afirmó.

Alvarez señalo que tiene nuevas pruebas en este caso y que las presentará en su debido momento durante el proceso en la Asamblea Nacional.

Rechazó los señalamientos del diputado Miller, quien descalificó al testigo porque paga una condena en la cárcel. Indicó que lo que Miller desconoce es el comportamiento irregular de un magistrado de la CSJ.

Por su parte, Ángel Gómez, quien ejerce la defensa del magistrado Benavides, afirmó que no haría comentarios por el momento, ya que se preparan para el proceso en la Asamblea Nacional.

Lo que sigue

Según el diputado presidente de la Comisión de Credenciales Luis Barría, luego de admitida la denuncia hay que notificarle al presidente de la Asamblea, Adolfo Valderrama, de la decisión tomada por esta comisión para que proceda con los trámites para designar al fiscal de la causa en este proceso.

El fiscal de la causa debe ser designado por el pleno de la Asamblea Nacional.

Barría explicó que a pesar de que la Asamblea Nacional está en receso, el presidente del Legislativo tiene la facultad para convocar a sesiones judiciales.

“La ley es clara, la Asamblea, por derecho propio, puede convocar a sesiones judiciales”, señaló.

Indicó que la Comisión de Credenciales programa reunirse la próxima semana para designar a los tres diputados que actuarán como jueces de garantía en el proceso.

Ley blindaje

Benavides será procesado bajo el Sistema Penal Acusatorio, y el régimen que establece la Ley 55 de 2012, ley blindaje. Esta norma señala un plazo de dos meses más un de prórroga para que el diputado fiscal instruya una investigación sumarial en torno a los presuntos delitos denunciados.

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