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CNA se ofrece como 'mediador' para solucionar la 'crisis institucional' que enfrentan los tres poderes del Estado

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El presidente del CNA Dionicio Rodríguez pidió al presidente Varela que nombre a los nuevos magistrados de la CSJ. El presidente del CNA Dionicio Rodríguez pidió al presidente Varela que nombre a los nuevos magistrados de la CSJ. Expandir Imagen
El presidente del CNA Dionicio Rodríguez pidió al presidente Varela que nombre a los nuevos magistrados de la CSJ. LA PRENSA/Luis García

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) se ofreció este lunes 12 de marzo como mediador en los conflictos y diferencias existentes que enfrentan los tres poderes del Estado (el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial), "en aras de propiciar un equilibrio y paz social que necesita nuestro país", luego de reconocer en conferencia de prensa que existe una "crisis institucional". 

Esto luego que el pasado viernes 9 de marzo el presidente de la República, Juan Carlos Varela, manifestara que hará valer la "autoridad" de su cargo a un "grupito de diputados" que -según él- quieren llevar al país a un enfrentamiento.

Las declaraciones del mandatario surgen en medio de las diferencias que existen entre las bancadas del oficialista Partido Panameñista y de los opositores Cambio Democrático (CD)Partido Revolucionario Democrático (PRD) por el control de la Comisión de Credenciales en la Asamblea Nacional.

El presidente del CNA, Dionicio Rodríguez, exhortó a los representantes de cada uno de los órganos del estado a cumplir con lo que dispone la constitución política de la República de Panamá en su artículo No. 2 que establece: " El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración".

Rodríguez reiteró el llamado del CNA al "jefe de gobierno para que designe a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dando cumplimiento a la constitución política empleando el Pacto de Estado por la Justicia como escenario propicio y previo para ello". Añadió que postergar la designación hasta tanto se dirima la diferencia que hay a lo interno de la Asamblea Nacional no entorpece ni riñe con las facultades constitucional que estable la Constitución Política.

Las declaraciones también tienen que ver con las 187 auditorías que el contralor Federico Humbert entregó al Ministerio Público (MP) el pasado 27 de febrero en las que se determinó que 70 diputados de la Asamblea correspondiente al quinquenio 2009-2014 –de los cuales 39 se reeligieron en las elecciones generales de mayo de 2014– transfirieron $247 millones a juntas comunales y municipios, situación que mantiene en crisis las conversaciones entre el pleno legislativo y el Órgano Ejecutivo.

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