Justicia

Siete ideólogos de la mentira

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En Panamá la falacia –mentira- ideológica es un delito. Lo cometen los magistrados cuando tuercen el derecho a favor de una de las partes. Si doctrinariamente se ha repetido hasta el cansancio que la “competencia es improrrogable y es fijada por la ley penal” (magistrado Mejía en funciones de juez de garantías), de dónde concluyen los siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia panameña que la competencia, en el caso Martinelli, es lícito determinarla en el momento del “llamamiento a juicio”.

Lo sorprendente de esta resolución es que la misma Corte, que se declara incompetente para “juzgar a Martinelli, declara que el juez de garantías ha sido competente para todos los actos sobrevinientes desde el momento en que se admitió o se inició el proceso contra Ricardo Martinelli Berrocal, hasta ponerlo en etapa de llamamiento a juicio.

Entendemos, como decía Aristóteles, que una falacia o un juicio falso admite multiplicidad de conclusiones “aparentemente ciertas”. Una de estas es que la Corte es incompetente para juzgar, pero sí es competente para sustentar un enjuiciamiento, sobre todo por eso del “horror al limbo jurídico de una mala decisión”. Si el efecto de una mala decisión abre el torrente de paradojas, como esa de violación al principio de economía procesal y esa de tomarle el pelo a una sociedad que espera justicia desde 2015 contra un presidente corrupto. Esa manera de ensuciar la justicia produce un golpe mortal a la credibilidad de la nación en su conjunto.

Una situación lamentable, pero no menos resultado de estas falacias ideológicas es la aseveración de una política querellante de que la decisión de los siete magistrados fue la mejor salida para evitar que Martinelli fuese declarado inocente, al tener siete votos a su favor.

Actualmente esperamos la sustentación motivadora del fallo absurdo e irracional del 7 de diciembre pasado, que vuelve a poner la iniciativa procesal a los pies de los defensores del expresidente, prófugo, en rebeldía y ahora detenido como un “presunto delincuente” en peligro de fugarse, una infinidad de recursos dilatorios, sin excluir el golpe de morcillera de solicitar la nulidad de todo el proceso, conducido por el ahora aislado magistrado Jerónimo Mejía.

El mundo actual del derecho supone magistrados prudentes que fundamentan la interpretación válida del conjunto de normas, no de la sola norma excluyente y reduccionista que utilizó el magistrado Oydén Ortega en su proyecto escrito y que luego suscribieron seis de sus colegas.

Como ciudadano creyente de vivir en un Estado de justicia y derecho, supongo que el pleno de la Asamblea Nacional de diputados podrá decidir conformar una comisión que investigue e ilustre a la ciudadanía si los siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia procedieron con transparencia y buen juicio o si por el contrario, hubo dolo, negligencia y mala fe.

La sociedad decente de nuestro país se merece un enjuiciamiento reposado y contundente sobre la conducta pública de un hombre sobre el cual depositó su confianza para ejercer la Presidencia de la República, revestido de todos los poderes presidenciales. Hombre que una vez investido del poder constitucional, lo utilizó en su propio beneficio con consecuencias devastadoras para su familia, su partido político y para la credibilidad de este paciente país que acríticamente se prepara para elegir en un simulacro de fiesta electoral a sus futuros dirigentes políticos.

El autor es filósofo y abogado panameño.

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