Resistencia al militarismo

La Junta Patriótica y la tradición civilista

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La lucha civilista comienza en la década de 1940, con las protestas estudiantiles contra los atropellos de la Policía Nacional. En la columna anterior (12 de diciembre), rememoré la histórica jornada patriótica de 1947, cuando la ciudadanía, encabezada por el Frente Patriótico de la Juventud y la Unión de Estudiantes Universitarios, realizó multitudinarias manifestaciones y enfrentó al cuerpo armado para exigir el rechazo del convenio de sitios de defensa.

Esa lucha se consolida en 1952, con la Alianza Civilista, constituida por los partidos Liberal, Frente Patriótico y Socialista. La alianza, que presentó como candidato a Roberto F. Chiari, se opuso a la candidatura oficialista de Remón Cantera, la cual se impuso en la elección presidencial de ese año.

Poco después, el 2 de enero de 1955, Remón Cantera, vinculado al narcotráfico internacional, sería abatido por un sicario a sueldo en el hipódromo de Juan Franco. Así concluyó aquel conato de tiranía militarista que venía forjándose desde que el propio Remón se convirtió en primer comandante de la Policía Nacional, en 1947.

La tradición civilista demostró su continuidad luego del golpe de 1968 a través de las actividades del Movimiento de Abogados Independientes y de algunos miembros de partidos políticos, los cuales se congregaban clandestinamente para sortear la prohibición a la existencia de los partidos. Recordemos que el 3 de marzo de 1969, la dictadura militar emitió el Decreto de Gabinete #58, mediante el cual declaró “extintos” los partidos vigentes. La vida partidaria no fue restaurada hasta 1978, cuando se dictó una ley orgánica del Tribunal Electoral.

En junio de 1987, el jefe de estado mayor de las Fuerzas de Defensa, recién depuesto, hizo una serie de confesiones, entre ellas, que el fraude electoral de 1984 había sido fraguado en su propia residencia mal habida (según él mismo lo declaró). Sus palabras produjeron una inmediata reacción ciudadana y, poco después, se constituyó la Cruzada Civilista Nacional.

En ese momento, los partidos políticos de oposición, organizados al tenor de la ley electoral de 1978, se unieron y adoptaron una posición radical en contra de la dictadura militar. Los partidos Panameñista Auténtico, Demócrata Cristiano, Acción Popular y Liberal Auténtico, así como el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), expresaron su respaldo unitario a la Cruzada Civilista y promovieron la bandera blanca como símbolo de las protestas cívicas.

La causa civilista, retomada e impulsada por la cruzada y los partidos opositores, logró crear una conciencia nacional en contra del sistema cuartelario existente en Panamá, que mantenía una caricatura de república con presidentes títeres (los cuales aún no han sido debidamente investigados ni sancionados por sus ejecutorias). Esa vibrante conciencia nacional llevó a que los partidos que respaldaban y asesoraban a la Cruzada Civilista presentaran una propuesta política para asumir el poder.

Presentada al país como la Junta Patriótica, la propuesta estaba encabezada por Arnulfo Arias Madrid, líder histórico del panameñismo, Ricardo Arias Calderón (Partido Demócrata Cristiano), Carlos Iván Zúñiga (Partido Acción Popular), Arnulfo Escalona Ríos (Partido Liberal Auténtico) y Alfredo Ramírez (Molirena).

El objetivo de la Junta Patriótica era demostrar que el país no quedaría sumido en un vacío de poder una vez se librase de la dictadura militar. Ante estos hechos y el incremento de la repulsa ciudadana, el régimen, en vez de buscar una salida pacífica a la crisis, asumió una posición cada vez más recalcitrante y represiva, que produjo mucho sufrimiento al pueblo panameño.

La obstinación de los jenízaros y sus socios civiles condujo a la declaración de un “estado de guerra” entre Panamá y Estados Unidos. En respuesta, Washington desencadenó una violenta invasión, que desarticuló a las Fuerzas de Defensa y produjo muchas muertes y destrucción.

Los defensores del sistema democrático, incluyendo los medios de comunicación que sufrieron los embates de la dictadura, así como los partidos que se aliaron contra ese régimen, hacen bien en recordar la tradición civilista y a los luchadores por la democracia.

Necesitamos en Panamá una sanción moral que evite promover a figuras que fueron partícipes o cómplices de atracos, cuartelazos y violaciones a los derechos humanos, y ahora se visten con ropajes de académicos y gente correcta, pretendiendo dar lecciones de civismo a una sociedad desmemoriada.

El autor es politólogo e historiador y director de la Maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá.

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