INSTITUCIONALIDAD

200 funcionarios en la Defensoría en incertidumbre; Coco pide renuncias

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Maribel Coco, defensora encargada. Rómán Dibulet

Los cerca de 200 funcionarios de la Defensoría del Pueblo han quedado en incertidumbre laboral, así como la labor que ejerce esta institución, luego de que la defensora encargada Maribel Coco pidiera el pasado jueves la renuncia a directores y jefes nacionales de la entidad, un día después de que la Asamblea Nacional removiera al titular de esta institución, Alfredo Castillero Hoyos.

“La defensora adjunta, Maribel Coco, no tiene autoridad moral para sacar a nadie. No solo porque está encargada, sino porque es activista política y se le acusa de plagio”.

Joyce Araújo Ex secretaria general de la Defensoría del Pueblo

Fuentes de la institución dijeron que los funcionarios quedaron “expuestos a decisiones de carácter político o vendettas, y si acaso unos ocho o 10 funcionarios”, que precisamente auparon las denuncias contra Castillero Hoyos, se sienten seguros con el nuevo escenario.

Ayer, precisamente, Coco, quien este año fue destituida por un caso de plagio en una universidad estatal, dijo a Telemetro Reporta que pidió a directores y jefes nacionales de la entidad su renuncia. Alegó que requiere personal de confianza por el tiempo que estará en el cargo.

La Asamblea Nacional, que debe nombrar al nuevo defensor, concluye su período de sesiones ordinarias el próximo 31 de octubre. La agenda de las sesiones extraordinarias la define el Ejecutivo.

Joyce Araújo, quien renunció de su cargo de secretaria general de la Defensoría del Pueblo cuando Castillero Hoyos nombró como defensora adjunta a Coco, dijo a este diario que es una lástima que se pretenda llenar la Defensoría de activistas políticos en una institución que, incluso, tiene rango constitucional.

“La defensora adjunta no tiene autoridad moral para sacar a nadie. No solo porque está encargada, sino porque es activista política y se le acusa de plagio. Con los mismos argumentos que la Asamblea removió al defensor puede hacerlo con ella”, dijo.

Mientras tanto, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, advirtió que con la salida de Castillero Hoyos se produjo “en violación de las garantías constitucionales en desprotección a los derechos humanos por parte del Órgano Legislativo”.

(Con información de Aminta Bustamante, Getzalette Reyes y Juan Luis Batista)

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