Análisis

Un amparo que puede ser llave para la impunidad

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Magistrado fiscal Harry Díaz. Magistrado fiscal Harry Díaz. Expandir Imagen
Magistrado fiscal Harry Díaz.

El lunes 9 de julio, si no hubiese contratiempos, el magistrado fiscal, Harry Díaz, explicaría su acusación en el caso de los pinchazos, estableciendo los nexos causales de su lista de pruebas que, seguramente, sería cuestionada por la defensa de Ricardo Martinelli y reforzada por los querellantes.

A pesar de que el juez de garantías, Jerónimo Mejía, negó todos los incidentes presentados por la defensa, dos recursos aún penden como una espada de Damocles contra el proceso. El primero es la apelación del incidente de nulidad por doble juzgamiento, que Mejía rechazó; y el segundo es un amparo contra la competencia de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre el doble juzgamiento, debe quedar claro que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional nunca enjuició a Martinelli por los pinchazos y no hubo sentencia alguna. Además, aquellas denuncias no fueron hechas ni por las mismas supuestas víctimas ni fueron los mismos hechos.

En tanto, el amparo ataca la competencia del pleno sobre Martinelli por su renuncia a ser diputado del Parlacen.

La Corte conoce el caso de Martinelli porque desde que se juramentó como diputado del Parlacen, el 1 de julio de 2014, hasta que Díaz presentó su escrito de acusación, en octubre de 2015, el expresidente era también diputado del Parlacen. Aunque hubiera renunciado un minuto después de presentado ese escrito, la Corte no perdería la competencia. Este es el principio general del artículo 233 del Código Judicial, y del 31 del Código Procesal Penal. La competencia es improrrogable, no se pierde una vez se inician las actuaciones judiciales.

Más allá del tema procesal, el amparo es un subterfugio para atacar múltiples decisiones del pleno, como la tomada el 8 de junio de 2015, cuando admitió el caso de los pinchazos; o la del 21 de diciembre de 2015, cuando ordenó la detención provisional; o la del 28 de enero de 2016, cuando rechazó un amparo contra Mejía por la declaración de rebeldía que justificó la extradición de Ricardo Martinelli. Además, el 22 de marzo de 2016 el pleno rechazó un habeas corpus en este mismo caso y el pasado 20 de junio el pleno reafirmó, de forma unánime, la detención provisional de Martinelli. Todas estas decisiones se sustentan en la competencia que tiene la Corte de juzgar al expresidente, porque cuando se inició el proceso él era diputado del Parlacen.

Además, al menos tres advertencias de inconstitucionalidad y tres amparos ya fueron interpuestos por la defensa de Martinelli, y fallados en su contra por el pleno. En otras palabras, el nuevo amparo viola la regla constitucional de que no se pueden admitir recursos contra las decisiones del pleno, y a pesar de que se disfraza de un tema nuevo, en realidad esto “sí” es cosa juzgada.

No hay fundamento para este amparo de garantías constitucionales, y las consecuencias de optar por otro camino son bien claras: remitir el caso de los pinchazos a la justicia ordinaria para que nada pase.

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