LEGISLATIVO

Diputados no objetaron el contrato con PSA en 2015

En esa época también omitieron la lectura del contrato en el pleno.

El contrato portuario, señalado hoy día por algunos como ‘inconstitucional’, pasó el segundo y tercer debate sin cuestionamientos.

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El diputado perredista Roberto Ayala aseveró que a partir del próximo julio revisaría todas las concesiones del Estado. Pastor Morales -MD El diputado perredista Roberto Ayala aseveró que a partir del próximo julio revisaría todas las concesiones del Estado. Pastor Morales -MD Expandir Imagen
El diputado perredista Roberto Ayala aseveró que a partir del próximo julio revisaría todas las concesiones del Estado. Pastor Morales -MD

Ningún diputado de la Asamblea Nacional se opuso al proyecto de ley 122 -que más adelante se convertiría en la Ley 2 de 2015- que avaló el contrato para que la portuaria PSA operara en Rodman.

La propuesta fue aprobada de manera unánime en segundo y tercer debate -el 27 y 28 de enero de 2015, respectivamente- sin ninguna discusión, y mucho menos objeciones o cuestionamientos a través de un informe de minorías.

Fueron dos jornadas en las que participaron casi todos los 71 diputados, incluyendo al perredista Roberto Ayala -quien la semana pasada metió el “gol” para derogar el contrato- y su copartidario Crispiano Adames, que en 2016 presentó una iniciativa que buscaba el mismo fin. Incluso, todos avalaron una propuesta de Quibián Panay, también del PRD, para que se omitiera la lectura del proyecto de ley tanto en segundo como en tercer debate.

Ayala, quien reapareció ayer en el pleno legislativo, defendió el artículo que derogó la Ley 2 de 2015, introducido a última hora en el proyecto de ley 53, que prohíbe la venta de licor en zonas residenciales. Dice cómo votó en 2015, cuando le dieron el visto bueno al contrato. “Creo que estaba de viaje. No recuerdo”, indicó.

Los apacibles días en que la Asamblea le dio el sí a PSA

El 27 de enero de 2015, cuando la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el entonces proyecto de ley 122, que ampara el contrato entre el Estado y  PSA Panama International Terminal, S.A., para la construcción de un puerto en Rodman, ningún diputado se opuso a dicha iniciativa.

No hubo debate, críticas, objeciones o reparos. Como pocas veces sucede, a esa sesión asistieron casi todos los 71 de la Asamblea Nacional, incluyendo al perredista Roberto Ayala, quien ayer en un discurso de barricada defendió el artículo que derogó el contrato ley de PSA, y que él sorpresivamente se encargó de introducir la semana pasada, en un proyecto sobre venta de licores.

Con voz cargada de ira, y ante un pleno casi vacío, Ayala aseguró que el contrato ley está lleno de arbitrariedades y viola la Constitución, e instó a la población a que lo leyera, para así entender que “no hay ningún camarón” legislativo. Lo que hay, añadió, “es un pulpo de dos administraciones públicas”.

Sin lectura

Sin embargo, ese martes 27 de enero de 2015,al pleno pareció importarle poco el contenido del contrato.

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Quibián Panay, quien entonces presidía la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea -donde el 21 de enero de ese año se había aprobado el contrato ley en primer debate-, presentó una propuesta para que se omitiera la lectura del proyecto. Todos sus colegas avalaron esa moción.

Tampoco hubo el llamado “informe de minoría”, documento en el que las bancadas de oposición sustentan por qué se oponen a un proyecto de ley.

El argumento de Panay

Aquel día también se le concedió cortesía de sala a varios funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entre ellos al administrador Jorge Barakat.

Panay sustentó la conveniencia de que se aprobara el contrato con PSA.

Entre otras cosas, contó que durante las discusiones que se dieron en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, se desarrollaron tres reuniones con autoridades de la AMP, en las que discutió “ampliamente el tema”. También narró que los diputados de la comisión consideraron que había que aprobarlo en primer debate, “por la necesidad que tiene el país de ampliar su capacidad portuaria, sobre todo siendo este un concesionario que ha estado funcionando ya en el país en una de las áreas que tiene todavía posibilidad de expandir la ribera del Canal en el área Pacífica”.

Siguió hablando. “En vista de eso, solicitamos la aprobación de este pleno, en segundo debate”, expresó.

El panameñista Adolfo Beby Valderrama, que entonces presidía la Asamblea, intervino a continuación para informar que quedaba abierto el debate. Pero nadie se anotó para hablar, por lo que dijo: “vamos a la votación del proyecto 122”.

Y en cuestión de pocos minutos la propuesta de ley se aprobó en segundo debate.

-¿Quiere esta Asamblea que el proyecto de ley 122 tenga tercer debate?, preguntó Valderrama, y Franz Wever, secretario general de la Asamblea, le respondió: “Sí quiere, señor presidente”.

En esa misma sesión también se aprobó en segundo debate el proyecto de ley 117 que deroga disposiciones que restringían el acceso a los servicios marítimos a extranjeros, otra iniciativa votada sin cuestionamientos.

El tercer debate

Al día siguiente -28 de enero de enero de 2015- la sesión del pleno de la Asamblea fue bastante parecida a la del día anterior.

Acudieron casi todos los diputados, incluyendo a Ayala, y por segunda ocasión Panay presentó una propuesta para que se omitiera la lectura del contrato ley, a la que nadie se opuso. Una vez más sustentó por qué debía aprobarse en tercer debate.

“Consideramos que esta inversión, que además de ser importante por la magnitud de los 350 millones [de dólares ] que se van a generar en la construcción de este puerto, representa también una oportunidad de que una empresa como esta pueda no solamente desarrollar la actividad, sino atraer a las navieras del mundo, no solo para la propia actividad portuaria, sino incluso para el uso estratégico de las nuevas esclusas del Canal”, dijo.

Lo que siguió después no tomó ni cinco minutos.

“Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el tercer debate. Queda cerrado. Vamos a la votación. ¿Quiere la Asamblea que este proyecto de ley 122 sea ley de la República?”, manifestó Valderrama. Wever contestó: “Sí quiere que sea ley de la República, señor presidente”.

De esta manera finalizó la discusión.

La mala memoria

Eran buenos tiempos entre el PRD y el oficialista Panameñista. La alianza entre los históricos rivales, que dio nacimiento al denominado “pacto de gobernabilidad” para facilitar los proyectos del gobierno de Juan Carlos Varela, se consolidaba día a día.

Sin embargo, en la memoria de Ayala ya no están algunos de los momentos de esa época dorada. Ayer, cuando los periodistas le consultaron sobre cómo votó en 2015 cuando el Legislativo aprobó el proyecto, respondió que no se acordaba. “Creo que estaba de viaje. No recuerdo”, añadió.

Se le preguntó al menos en dos ocasiones si al momento de introducir el “camarón” que la semana pasada derogó el contrato ley de PSA actuó solo, con su bancada o con algún diputado, aseguró: “El pleno es libre y soberano de agarrar una propuesta, presentarla, mandarla a secretaría, ellos le dan lectura, nosotros leemos, escuchamos y aprobamos. Somos independientes”.

Advirtió que después del próximo 1 de julio, revisará todas las concesiones del Estado.

“Como diputado tengo el derecho de hacer modificaciones en el pleno. Acá se ha querido hablar de este diputado que tiene un camarón y acá lo que hay es una vergüenza”, agregó para defender su artículo introducido en un proyecto de ley -el número 53- que busca prohibir la venta de licor en zonas residenciales.

Ayala olvidó que en un fallo de 2015, la Corte Suprema de Justicia sentenció que introducir elementos “extraños” al tema de un proyecto, es “ilegal e inconstitucional”, algo que incluso está prohibido en el Reglamento Interno de la Asamblea.

En el PRD

Este medio contactó ayer a Rosa Canto, jefa de bancada del PRD en la Asamblea, para conocer la posición de los diputados de ese partido con respecto al argumento de Ayala, pero no respondió. Tampoco lo hizo el secretario general del PRD, Pedro Miguel González.

El que sí contestó fue Panay, quien mantiene la posición que tenía en 2015, cuando se aprobó la Ley 2.

Sostiene que la Asamblea ratificó un contrato ley pactado entre el Estado y una empresa que paga por los terrenos que ocupa y por cada contenedor que mueve. “Los ingresos por este puerto son considerables”, argumentó.

También manifestó que “no es jurídicamente viable que la Asamblea derogue un contrato ley”.

(Con información de Andrea Gallo)

 

 

 

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