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Proyecto de contrataciones públicas inhabilita a empresas con acuerdos de colaboración

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El Consejo de Gabinete escuchó este miércoles, 3 de julio, un informe elaborado por un grupo de abogados sobre los puntos más importantes que contendría la iniciativa que modificaría la ley de Contrataciones Públicas, el cual incluye la inhabilitación de empresas con acuerdos de colaboración o que hayan confesado delitos.

Le correspondió a Gaspar Tarté, en representación del grupo de abogados, sustentar la iniciativa ante el primer Consejo de Gabinete que se llevó acabo en Divisa, provincia de  Herrera, y que fue presidido por el presidente, Laurentino Cortizo. 

Tarté explicó que las mejoras a la ley están concentradas en seis aspectos, "además, obviamente, de la transparencia". La primera, dijo, es la promoción de las Pymes. "La pequeñas empresas interesadas en proveer al Estado de productos, bienes y servicio, lamentablemente mueren en el camino... por la burocracia", añadió. 

También se incluye la promoción de la compra y adquisición de alimentos de producción nacional, hasta 7 millones de dólares. En el caso de obras, también podrán hacer actos públicos en donde se circunscriban solamente a empresas nacionales, igualmente hasta 7 millones, agregó Tarté. 

Además, se llevarían actos públicos tanto en municipios como en juntas comunales en donde solamente van a poder participar empresas de esos municipios o juntas.

Otro punto a destacar, dijo Tarté, es la agilidad en los procesos de actos de contrataciones públicas. "Esta ley mejora considerablemente los periodos de admisión, resolución, tanto en la Dirección General de Contrataciones Públicas como en el Tribunal de Contrataciones Públicas", sostuvo. 

La propuesta también permitirá que en los actos públicos los proveedores no lleven ningún documento que emitan las entidades públicas. "Serán las instituciones las que deberán verificar si están paz y salvo con el Estado", indicó. 

Otro aspecto que destacó Tarté, son los cambios a las comisiones evaluadoras. "Las comisiones evaluadoras son unas de las principales preocupaciones que tienen los proveedores cuando se da un acto público".

Según Tarté, la propuesta establece que las comisiones evaluadoras provendrán aleatoriamente de un sistema que administrará la Dirección de Contrataciones Públicas y ninguno de los miembros de dicha comisión podrán ser funcionarios de la entidad licitante.

El proyecto de ley también incluye que en los actos de licitación se utilicen procesos tecnológicos, con lo cual se ahorraría el gasto en papel, destacó Tarté. 

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