Defensoría del Pueblo

CIDH cuestiona destitución de Alfredo Castillero Hoyos como defensor

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Alfredo Castillero Hoyos. Alfredo Castillero Hoyos. Expandir Imagen
Alfredo Castillero Hoyos. Archivo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó, en un comunicado este 16 de octubre, su preocupación por la destitución del defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, ocurrida el pasado 9 de octubre de 2019, tras aprobarse por votación en el pleno de la Asamblea Nacional.

De acuerdo una nota publicada en el sitio web de la organización, esta decisión puede afectar la independencia de las Defensorías del Pueblo, que pueden resultar en consecuencias negativas para la promoción y defensa de los derechos humanos, así como la plena vigencia del Estado de Derecho.

"La CIDH advierte que el 9 de octubre se aprobó la destitución del Defensor del Pueblo por el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. La resolución señala que el Defensor del Pueblo incurrió en negligencia notoria en el cumplimiento del cargo, lo que constituye una causal de remoción. Al respecto, el Defensor alegó la afectación a su derecho a la defensa ante el Pleno, al haber llegado al debate sobre su remoción sin haber tenido acceso al expediente."

Añade el documento que   "de acuerdo con información publicada, varias organizaciones de la sociedad civil han señalado que el reciente nombramiento de la Defensora del Pueblo Adjunta, Maribel Coco Fernández, se habría llevado a cabo, bajo presión política y que la independencia de dicha institución se encontraría comprometida".

La CIDH recordó que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) reafirmó la importancia de establecer, de conformidad con la legislación nacional, instituciones nacionales eficaces de promoción y protección de los derechos humanos, así como de mantener el pluralismo de su representación y su independencia.

El gremio indicó que conforme a los Principios de París, "los Estados deben asegurar la independencia y autonomía de las defensorías del pueblo encargadas de la defensa y promoción los derechos humanos".

“El Estado de Panamá debe asegurar la independencia de este organismo y garantizar que los procesos de destitución cuenten con las debidas garantías”, dijo Flávia Piovesan, relatora para Panamá

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