Cámara de Comercio: Diputados deben actuar con imparcialidad en caso Moncada Luna

La Cámara de Comercio de Panamá advirtió que los diputados de la Asamblea Nacional tendrán una responsabilidad histórica, al tratar el caso de Alejandro Moncada Luna, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien fue separado del cargo.

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Moncada Luna quedó bajo reclusión domiciliaria mientras se le investiga por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos públicos y corrupción de servidores públicos. Moncada Luna quedó bajo reclusión domiciliaria mientras se le investiga por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos públicos y corrupción de servidores públicos. Expandir Imagen
Moncada Luna quedó bajo reclusión domiciliaria mientras se le investiga por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos públicos y corrupción de servidores públicos.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá advirtió que los diputados de la Asamblea Nacional tendrán una “responsabilidad histórica”, al referirse al caso de Alejandro Moncada Luna, designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 2010 por el entonces presidente Ricardo Martinelli, y quien fue suspendido del cargo esta semana.

Moncada Luna quedó bajo reclusión domiciliaria mientras se le investiga por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos públicos y corrupción de servidores públicos.

En este caso la Asamblea puede fortalecer la institucionalidad democrática y la recuperación de la confianza ciudadana en la clase política y en la seguridad jurídica de las instituciones públicas, “siempre y cuando actúen en el más estricto apego al debido proceso”, expresa la agrupación en un comunicado.

La Cámara instó también a los diputados a actuar con imparcialidad, respetando el debido proceso, la mayor madurez política, pero sobre todo, “garantizando la correcta administración de la justicia, que es el interés nacional”.

De esta forma el país retornará a los principios de legalidad jurídica y “evitemos mayores sobresaltos en la institucionalidad democrática”, agrega el documento.

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