PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL

Tras escándalos, se marcharon del país

Involucrados en el caso del cobro de ‘comisiones’ por la comida deshidratada y la Cadena de Frío dejaron Panamá. Unos dicen que vuelven, otros no se sabe.

Se confirma pago de ‘comisiones’

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El dinero que no dejó rastros Expandir Imagen
El dinero que no dejó rastros

En medio del escándalo por el supuesto cobro de millonarias “comisiones” en los contratos de la comida deshidratada y la Cadena de Frío, todos los mencionados abandonaron el país. 

El primero en emigrar fue el empresario Javier Pariente, ex vicepresidente ejecutivo de Importadora Ricamar, considerado el “artífice” del negocio de la comida deshidratada.

También lo hizo el abogado Amado Arjona Duque, quien cobró unos $22 millones de “comisiones” por los precitados contratos.

Igual decisión adoptó el empresario venezolano Luis Aular Peralta, dueño de la empresa Outsourcing de Venezuela, S.A., que se asoció con Pariente para construir la Cadena de Frío, proyecto que adjudicó el exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu.

Aular Peralta –quien está en Estados Unidos al igual que Pariente– otorgó poder a sus abogados para denunciar en el Ministerio Público a su exsocio por supuesta “extorsión”.

La Prensa confirmó que además de los $60 millones que desembolsó el Programa de Ayuda Nacional (PAN) por los dos contratos de la comida deshidratada, se contrató una consultoría por $324 mil para mejorar la logística de distribución de estos productos. 

EL DINERO QUE NO DEJÓ RASTROS

Al parecer, el abogado Amado Arjona Duque sí tiene un cliente... o varios. Este abogado, que firmó contratos privados de comisión en la compraventa de la comida deshidratada y uno en la Cadena de Frío, cobró casi 22 millones de dólares.

Pero no todo era para él o su firma –Arjona, Figueroa, Arrocha & Díaz–, porque de los 12 millones de dólares que cobró por “asesorar” al proveedor de la comida deshidratada, menos de 1.5 millón de dólares ingresó a su cuenta bancaria.

El resto del dinero –unos 8.5 millones de dólares– fue depositado en cuentas de las sociedades Piramid Financial Group Inc. y Apollo International Services Inc., esta última con cuenta en Credicorp Bank (ver infografía).

Este último banco es el mismo en el que Constructora Norberto Odebrecht depositó decenas de millones de dólares en cuentas a nombre de una sociedad panameña –Constructora Internacional del Sur–, utilizada, de acuerdo con las hipótesis de los fiscales brasileños, para canalizar dinero sucio destinado a ejecutivos de Petrobras, razón por la que está preventivamente en la cárcel el presidente de esa compañía, Marcelo Odebrecht.

Piramid Financial Group Inc. y Apollo International Services Inc., cuyos directores son empleados del abogado Arjona Duque, recibieron un total de 15 transferencias y 4 cheques por casi 9 millones de dólares, de acuerdo con las primeras pesquisas que adelantan las autoridades locales. Una vez el dinero entró en las cuentas de estas sociedades, su rastro se perdió.

En tanto, el fabricante de la comida deshidratada –la compañía brasileña Prativita Nutricionales Ltda.– utilizó el Banco Do Brasil, en Nueva York, para cobrar apenas 13.7 millones de dólares, de los 60 millones de dólares que pagó el Programa de Ayuda Nacional (PAN), bajo la gestión de Giacomo Tamburrelli, por los dos contratos de la comida deshidratada.

Ese dinero fue girado por Lerkshore International –beneficiario de estos multimillonarios contratos– que entre mayo y agosto de 2011 recibió 15 transferencias en una cuenta del Banco Trasatlántico, en Dominica, por otros 30 millones de dólares.

A Lerkshore International la representa el empresario Rubén De Ycaza, que abrió un plazo fijo de 3 millones de dólares en Towerbank de Panamá, tras haber recibido el primer pago por el primer contrato de la comida deshidratada. Esta cuenta sería posteriormente cerrada por el banco.

JUGOSAS COMISIONES

Las autoridades también identificaron un pago de 763 mil dólares que giró, usando una cuenta en Credicorp Bank, el Consorcio Panamá Frío, S.A. –contratista de la Cadena de Frío– a la sociedad Scoville Invests Ltd. Panamá, Inc. vinculada a Arjona Duque.

El 7 de noviembre de 2011, este consorcio –integrado por Outsourcing de Venezuela, S.A. y Mejores Acabados, S.A.– suscribió un contrato de “honorarios profesionales” de 9.5 millones de dólares con Arjona Duque, para “asesorar” en todo lo concerniente a la licitación de la Cadena de Frío, un proyecto de 75 millones de dólares que adjudicó el exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu.

Outsourcing de Venezuela, S.A. la representa Luis Aular Peralta, mientras que Mejores Acabados, S.A., Javier Pariente, exvicepresidente ejecutivo de Importadora Ricamar. Ambos mantienen una disputa legal por una denuncia de “extorsión” que presentó la semana pasada el empresario venezolano.

Aular Peralta aseguró que el consorcio “no pagó comisiones”, pues ese contrato fue anulado el 26 de enero de 2012 en la Notaría Cuarta de Circuito. Empero, este diario confirmó que hubo, al menos, un pago (ver nota relacionada).

Todos ellos –el exministro Jimmy Papadimitriu, el abogado Arjona Duque y los empresarios Aular Peralta y Javier Pariente, mencionados en estos escándalos– están fuera del país. Estos tres últimos partieron en medio de la publicación de una investigación de La Prensa, que reveló el pago de “comisiones” por estos millonarios contratos.

CONSULTORÍA

Por otro lado, Giacomo Tamburrelli –el exdirector del PAN– pagó 324 mil dólares por una consultoría para “el mejoramiento de la logística, la distribución de la merienda escolar en las escuelas públicas, correspondientes a los meses de 1 de agosto al 31 de octubre de 2010”.

Esta consultoría fue firmada entre Tamburrelli y Consulta Mercado, S.A., representada por Marissa Del C. Rodríguez, el 21 de diciembre de 2010; es decir, siete meses después de que el PAN adjudicó el primer contrato de la comida deshidratada.

¿Cómo esto fue posible? La pregunta no la respondió ni Tamburrelli ni Rodríguez, a quien este diario le dejó varios mensajes en sus oficinas en Panamá.

La Prensa tuvo acceso a un “acta de recibido a satisfacción” que suscribió el exministro Jimmy Papadimitriu el 23 de mayo de 2011 –en calidad de Ministro de la Presidencia–, en la que da su visto bueno para que Tamburrelli pague a la consultora la suma de 65 mil dólares . Ese pago, de acuerdo con el documento, corresponde a un informe que entregó la empresa, correspondiente a los meses de agosto a octubre de 2010.

Según el contrato, Consulta Mercado, S.A. tenía la función de “levantar y ejecutar un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa de estudiantes y directores de escuelas públicas a lo largo del país, con el fin de conocer características específicas que permitirán conocer más a fondo el beneficio agregado a la salud de cada estudiante beneficiado con una merienda escolar con más nutrientes”.

Se confirma pago de ‘comisiones’

Aunque el venezolano Luis Aular Peralta, dueño de Outsourcing de Venezuela, S.A., a cargo de la construcción de la Cadena de Frío, por $75 millones, aseguró a La Prensa la semana pasada que no pagó dinero al abogado Amado Arjona Duque en concepto de “asesoría”, La Prensa tuvo acceso a un cheque que revela que hubo, al menos, un desembolso.

Se trata de pagos en concepto de “honorarios profesionales”. El 7 de noviembre de 2011, Aular Peralta firmó un contrato de “asesoría” por casi 10 millones de dólares con Arjona Duque para que lo “asesorara” en la licitación de la Cadena de Frío. Esa licitación fue adjudicada por el exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu al Consorcio Panamá Frío, S.A., que el 17 de enero de 2013 giró un cheque de 763 mil dólares a la sociedad Scoville Invests Ltd. Panamá Inc., cuyos dignatarios son empleados del abogado Arjona Duque.

Aular Peralta dijo que investigaría el origen del cheque, pues aseguró que el contrato privado con Arjona Duque fue anulado.

Una vez la sociedad Scoville Invests Ltd. Panamá Inc. recibió el cheque, varios pagos fueron triangulados a otras compañías constituidas por Arjona Duque y que son investigadas por las autoridades judiciales.

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