ESCUCHAS TELEFÓNICAS: INVASIÓN A LA INTIMIDAD

'Martinelli es responsable', Arosemena de Troitiño

La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia afirma que el expresidente debe asumir su rol en esta operación ilegal.

De acuerdo con varios dirigentes de la sociedad civil, se violaron derechos y garantías fundamentales.

Moltó coopera voluntariamente y evita indagatoria

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Ricardo Martinelli, expresidente de la República. Ricardo Martinelli, expresidente de la República. Expandir Imagen
Ricardo Martinelli, expresidente de la República. LA PRENSA/Archivo

El expresidente Ricardo Martinelli debe tomarse como uno de los responsables directos por el operativo de intervenciones a comunicaciones que se desarrolló durante su administración en el Consejo de Seguridad.

Esta fue la opinión de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien señaló que el mandatario debe asumir su rol en el escándalo por el que son indagados los exsecretarios del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz y Gustavo Pérez.

“No hay duda de que él [Martinelli] es parte de esta situación delictiva. Él era el jefe de Estado, y el jefe de Estado asume la responsabilidad que juramenta cuando toma posesión: cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. El presidente de la República asume la conducción del estado. Y es por eso que este caso es una responsabilidad directa”, afirmó la exmagistrada.

Arosemena de Troitiño advirtió que al tener responsabilidad en el asunto, Martinelli debiera ser investigado por la Corte Suprema de Justicia al gozar de los privilegios que le otorga el Parlamento Centroamericano (Parlacen), al cual se afilió unas horas después de que terminara su gestión.

En el artículo 27 de su Tratado Constitutivo, el Parlacen establece que “los diputados ante el Parlamento Centroamericano gozan del siguiente régimen de inmunidades y privilegios: a) En el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados ante los Congresos, Asambleas Legislativas o Asambleas Nacionales”.

De acuerdo con la Constitución de Panamá, en su artículo 155, “los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional”.

Es decir, así como el Tribunal Electoral garantiza el fuero electoral a los diputados nacionales, es el Parlacen el que debe levantarle el respectivo fuero a Martinelli mediante una solicitud de la Corte a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. El juicio recaería en manos de los nueve magistrados; uno de ellos fungiría como fiscal.

Arosemena de Troitiño explicó que si bien hay que levantarle el fuero para procesar a Martinelli, la Corte puede iniciar una investigación sin tener consentimiento del Parlacen.

"Este caso nos muestra que el poder político debe tener control, de la importancia de la separación de los poderes, que no es posible mantener un sistema donde el Ejecutivo tenga semejante poder, porque lo va a usar."

Esmeralda Arosemena de Troitiño Exmagistrada de la Corte

“Este caso nos muestra que el poder político debe tener control, de la importancia de la separación de los poderes, que no es posible mantener un sistema donde el Ejecutivo tenga semejante poder, porque lo va a usar”, argumentó Arosemena de Troitiño. “En este caso lo usaron para violentar no solo los derechos fundamentales de la gente, sino la Constitución. Ese solo hecho justifica llamar a quienes dirigían al Estado”, añadió.

El artículo 29 de la Carta Magna establece que “la correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales (...). Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial...”.

UN PROCESO LIMPIO

En la madrugada del lunes pasado, agentes de la Dirección de Investigación Judicial allanaron 11 residencias, entre ellas las de Garuz y Pérez. Tras el operativo, los condujeron a la sede de la institución y luego a la Fiscalía Auxiliar para rendir indagatorias. Les imputaron cargos por violar la intimidad y el secreto.

“Se ha manejado con objetividad. Las medidas tomadas para darle inicio, no a la investigación, sino a las personas señaladas, tuvo efectividad. Hubo una estrategia para el desarrollo de estas instancias judiciales”, dijo Arosemena de Troitiño, quien hoy aspira a ser comisionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo con Rolando Rodríguez, secretario general de la Procuraduría de la Nación, existe una lista de 150 personas cuyas conversaciones por teléfono, correo electrónico y en persona fueron intervenidas. La lista incluye a diversos dirigentes políticos y hasta ciudadanos de Estados Unidos, según reveló el excanciller Samuel Lewis Navarro, uno de los afectados.

VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD

La operación de escuchas que desarrolló la administración de Martinelli viola las disposiciones internacionales. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrito por Panamá en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948. En su artículo 12 sostiene: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

No es la primera vez que la gestión de Martinelli incurre en este tipo de falta. Durante los meses previos a las elecciones del 4 de mayo pasado, el gobierno usurpó bases de datos oficiales para alimentar una plataforma del candidato oficialista José Domingo Arias.

“Al ser violentado ese derecho lo que hace es que inhibe a toda una sociedad o a la persona humana a poder desarrollarse: siente temor de la expresión, guarda una especie de reserva, no se atreve a decirle a otros su forma de pensamiento”, aseguró Roberto Troncoso, expresidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos. “Esto lo que hace es que retrasa a no solo un país o conglomerado, sino al planeta entero. Era ese temor, eso es lo que no puede vivir una sociedad, una sociedad atemorizada es una sociedad que no avanza”, agregó Troncoso.

Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional Capítulo Panamá, expresó que el derecho a la intimidad debe ser inviolable. “En el momento en que existen indicios de que las propias autoridades instituidas empiezan a violar estos derechos, aumenta la desconfianza ciudadana en dichas autoridades, profundizándose por ende la desconfianza en la democracia”, aseguró.

Por su parte, Enrique de Obarrio, expresidente de la Asociación panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), indicó que el delito cometido por la gestión de Martinelli es grave y debe ser castigado de forma ejemplar. “Todo el peso de la Ley debe caer sobre quienes resulten culpables de tamaño ultraje, motivo de la indignación ciudadana. Todos los responsables deben ser llamados por la justicia panameña, sin distingo alguno. El castigo debe ser ejemplar”, manifestó.

Moltó coopera voluntariamente y evita indagatoria

El simple hecho de cooperar voluntariamente en un caso, es decir antes de ser llamado oficialmente por la justicia a dar declaración, podría otorgarle cierta tranquilidad a un potencial implicado durante
el proceso de investigación.

En el caso de las escuchas telefónicas ilegales durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, el exdirector del Consejo de Seguridad, Julio Moltó,
pudo haber hecho justamente esto.

Este medio conoció que a finales del año 2014, Moltó se apersonó a la Fiscalía Auxiliar para brindar información sobre el caso de los ‘pinchazos’ telefónicos. Hasta entonces ninguna autoridad lo había citado para ello.

Al cooperar voluntariamente con evidencias objetivas sobre el caso, Moltó podría haberse desvinculado de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público.

Solo estaría implicado en el caso que surjan pruebas que lo mencionen.

De acuerdo al fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, las “pruebas evidentes” que tienen las autoridades dan como principales sospechosos a Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, los últimos dos directores que tuvo el Consejo de Seguridad antes de que terminara el gobierno de Martinelli.

A pesar de que la compra de una máquina ‘pinchadora’ por parte del Estado por $13.4 millones data de mediados de 2010, época en la que Moltó estaba al frente del Consejo (julio de 2010–marzo de 2012), el exfuncionario no figura entre los implicados.

Este medio intentó conocer la versión de Moltó al respecto. Tras atender a una de las llamadas telefónicas, se excusó diciendo que no podía atender porque estaba trabajando, luego de preguntar de qué se trataba la llamada. Finalmente, colgaría el teléfono abruptamente.

 

 

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