IRI también reporta uso de fondos estatales

Para hacer su monitoreo, IRI se asoció con la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia católica, que desplegó unos 2 mil observadores locales en la capital, Colón y David, el día de la elección.

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Para hacer su monitoreo, el International Republican Institute (IRI) se asoció con la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia católica en Panamá

No solo la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) habla de la injerencia del Ejecutivo y el uso de recursos estatales en el proceso electoral del domingo pasado. 

La delegación del International Republican Institute (IRI) también observó estas prácticas y desde ya pide enmiendas al próximo gobierno, para que en conjunto con la Asamblea, promueva una serie de reformas electorales.

“Es necesario aclarar la participación del presidente en ejercicio y de otros funcionarios, en las campañas, así como la participación de sus familiares en las campañas”, destaca un informe de IRI, una organización de tendencia conservadora y asociada al Partido Republicano de Estados Unidos.

También se destaca la organización del Tribunal Electoral y la alta participación de votantes (más de 75%) el día de la elección.

“Dejando a un lado lo positivo, hay aspectos que rodearon la campaña y el proceso electoral que necesitan ser reconducidos, como es el uso de recursos públicos para fines partidistas, reglas de campaña que son constantemente quebrantadas, candidaturas que requieren interpretación y reiteradas acusaciones de compra de votos”, señala IRI.

La delegación estuvo conformada por Piero Alessando Corvetto, director del Registro Electoral de Perú; Luis Fortuño, ex gobernador de Puerto Rico; Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Electoral Federal de México y actual director de la consultora Integralia; Stephen Johnson, director de programas para América Latina y el Caribe de IRI, y Patricio Gajardo, director de la oficina de IRI en México –la sede principal está en Washington-.

Para hacer su monitoreo, IRI se asoció con la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia católica, que desplegó unos 2 mil observadores locales en la capital, Colón y David, el día de la elección.

La misión fue financiada por la Oficina de Trabajo, Derechos Humanos y Democracia, del Departamento de Estado de Estados Unidos. 

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