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Gabinete aprueba crédito adicional por $312.5 millones para presupuesto de 2018

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Reunión del Consejo de Gabinete. Reunión del Consejo de Gabinete. Expandir Imagen
Reunión del Consejo de Gabinete. Cortesía/Presidencia de la República

En sesión extraordinaria el Consejo de Gabinete aprobó, este viernes 12 de octubre, un crédito adicional suplementario por $312.5 millones al presupuesto general del Estado de 2018, para impulsar obras de inversión en ejecución y contratar más trabajadores.

El crédito adicional contó con el aval del Consejo Económico Nacional (CENA) y será distribuido de la siguiente manera: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial $65.4 millones, Ministerio de Educación $34 millones, Ministerio de Obras Públicas $57 millones, Ministerio de Desarrollo Agropecuario $8 millones, Ministerio de Seguridad $1.8 millones, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales $55 millones, Instituto de Mercadeo Agropecuario $10 millones, Autoridad Marítima de Panamá $15 millones y el Ministerio de la Presidencia–Conades, ITSE, DAS y Metas $66.3 millones.

El pasado 8 de octubre el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 693, que reforma las leyes de responsabilidad social fiscal y del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP). Con este proyecto el Gobierno podrá elevar el gasto público en $300 millones este año. 

El límite de déficit fiscal para este año pasa de 1.5% a 2% del producto interno bruto (PIB), espacio que, según el Ministerio de Economía y Finanzas, será utilizado para inyectar capital a proyectos de infraestructuras en ejecución con la intención de dinamizar la economía. 

El documento de la Secretaría de Comunicación del Estado señala que "este espacio fiscal tiene un fin específico de reforzar las partidas presupuestarias de proyectos de inversión de impacto significativo que se encuentran en ejecución, de forma tal que los mismos reciban un impulso adicional para continuidad de las obras y contratación de más trabajadores".

El escrito establece que el crédito es para compensar los efectos de la huelga de la construcción en la economía nacional, estimados por el propio sector en $600 millones.

Igualmente, se hace una previsión para apoyar el periodo de transición al siguiente gobierno. Así se conservarán los empleos que estos proyectos generan y que quedarían cesantes.

El presidente Juan Carlos Varela sancionó la ley el 10 de octubre pasado. 

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