Legalidad

El silencio administrativo

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El silencio administrativo es un instrumento procesal desarrollado en el artículo 156 de la ley 38 de 31 de julio de 2000, el cual puede ser utilizado e invocado por las entidades del Estado para negar peticiones o recursos presentados por los administrados, de acuerdo con el derecho consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Es preciso indicar que el referido artículo 156 obliga a las entidades del Estado a resolver las peticiones y recursos presentados por los administrados en el término de 30 días y si no lo hiciere, el administrado está en su derecho de denunciar la mora, y si transcurren dos meses desde la presentación se considera que dichas peticiones y recursos han sido desestimados y negados.

Ahora bien, en el caso de los recursos gubernativos de reconsideración y apelación debemos acotar que en algunas entidades del Estado la vía gubernativa se agota en primera instancia y en otras entidades se agota en segunda instancia, tal es el caso de aquellas que tienen juntas directivas, en esta coyuntura para que el administrado pueda acceder a la vía judicial es necesario que el ente gubernamental guarde silencio en segunda instancia y no tome decisión alguna sobre el recurso de apelación en el plazo de dos meses, tal como lo expresa el artículo 200 de la ley 38 de 31 de julio de 2000.

En nuestra experiencia como jurista nos ha correspondido invocar el silencio administrativo como abogado de la administración pública e igualmente se nos ha aplicado esta herramienta procesal como abogado litigante. Curiosamente, muchos abogados de la localidad dejan agotar los términos esperando que la administración brinde respuesta, ante el desconocimiento de la figura del silencio administrativo; hecho que les impide presentar demandas contenciosas administrativas de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, es prudente aclarar al administrado que el silencio administrativo no es una acción ilegal, por el contrario, es una acción legal que, además, no quebranta ni viola el debido proceso, ya que los apelantes en foro administrativo pueden accionar libremente en foro judicial, es decir, ante la Corte Suprema de Justicia para demandar la supuesta ilegalidad del acto proferido por la administración pública.

En los sistemas jurídicos de otros países, como en España, el silencio administrativo tiene sus efectos en positivo, es decir, si la administración pública no responde en tiempo y forma a un recurso administrativo, se le da la razón al administrado, y la sanción se tiene por no puesta; sin lugar a dudas, la legislación española en comento, tiende a buscar una administración pública más eficiente y menos burocrática y que no siga en mora con el administrado, hecho que fortalece el debido proceso y el sistema democrático.

En los últimos años he asistido a congresos de Derecho administrativo organizados por el Colegio Nacional de Abogados, en los que se ha planteado la necesidad de modificar la ley 38 de 31 de julio de 2000 y crear una nueva legislación que regule los procesos en la administración pública. En ese sentido, soy del criterio que sería oportuno también revisar la figura del silencio administrativo, a fin de coadyuvar con una administración pública justa y eficiente.

El autor es abogado

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