JUNTA DIRECTIVA DEL CANAL

Es la hora de un cambio

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Estuve inmerso en las luchas que dieron como fruto los tratados Torrijos-Carter; después como activista gremial en el Canal de Panamá para que Estados Unidos cumpliera con lo pactado, específicamente con la panameñización del Canal y la entrega al soberano de una vía en óptimas condiciones de operación, y finalmente como representante de la Unión de Prácticos en el proceso que dio lugar al título constitucional y la Ley Orgánica del Canal de Panamá.

En la primera fase de la transición (1979-1990) establecimos vínculos con los panameños de la junta directiva binacional, particularmente con Luis Anderson -exdirigente sindical canalero designado en 1983 por el expresidente Ricardo De la Espriella-, y esa provechosa relación se fortaleció a lo largo de los años, aun en medio de las diferencias que surgieron sobre temas laborales. Anderson había sido designado negociador de los tratados bajo el criterio de que “los trabajadores del Canal eran quienes mejor conocían la operación de la vía acuática”.

En la segunda fase de la transición (1990-1999), la lucha se centró en impulsar la ejecución del tratado del Canal, y en crear el marco constitucional, legal y reglamentario para asegurar que el Canal en manos panameñas fuese el éxito que es hoy día. Entonces, casi nadie creía en la capacidad de Panamá para operar la vía de forma segura y eficiente, y mucho menos impulsar su ampliación. Al iniciarse esa etapa, muchos “zonians” querían aprovechar nuestra debilidad posinvasión para anular el tratado de 1977.

En aquella época las relaciones de los gremios canaleros con quienes en Panamá lideraban el proceso de transición eran excelentes, particularmente con los miembros panameños de la junta directiva, en quienes casi siempre encontramos comprensión a nuestra posición gremial. Gracias a la excelente calidad de aquellos directivos y a la comprensión de nuestras aspiraciones en la comisión presidencial sobre la administración panameña del Canal logramos que, tanto en el título constitucional como en la ley orgánica se preservaran los beneficios laborales de los trabajadores.

Lastimosamente, después de la reversión del Canal a Panamá la calidad de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se ha venido deteriorando en la medida en que han designado a políticos y a figuras ávidas de hacer negocios en las riberas del Canal. Este deterioro incluyó la pérdida de la representación gremial cuando venció, en 1999, el periodo de Anderson, posición que prometió retomar el presidente Juan Carlos Varela en 2016. La situación ha llegado a tal punto que dos de sus miembros enfrentan investigaciones por blanqueo de capitales, y otro ha sido protagonista de escándalos y de acusaciones de violar el código de ética.

Lo que se temía en aquellos años de debate de la década de 1990 se ha materializado en la actual junta directiva.

Ella ha sido permeada por políticos inescrupulosos y por personas con intereses en la industria marítima, que parecieran no estar dispuestas a ceder en sus ambiciones. En aquellos debates siempre advertimos el riesgo de que se designase a personas ignorantes de la industria y sin calificaciones profesionales y morales en la junta directiva.

En hora buena, el presidente Varela expresó el 5 de diciembre su disposición de evaluar la posibilidad de remover a los directivos investigados.

Pero la solución no está solo en reemplazar a dos miembros por otros sin méritos. La ley orgánica es muy laxa en sus exigencias: panameño con reconocida probidad, no haber sido condenado por delito doloso o contra la administración pública, no tener parentesco entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y tener título universitario o preparación equivalente. Hay que aplicar criterios más rigurosos.

Considero que, a futuro, los requisitos para ser miembro de la junta directiva del Canal deben afinarse para elevar la calidad moral y profesional de sus miembros, incluyendo la reserva  de una posición para un trabajador surgido de las entrañas de la vía acuática. Es un imperativo nacional que el Canal sea rescatado del riesgo en que lo han colocado políticos codiciosos. Ello resulta crucial para el país, justo cuando la administración diseña planes y proyectos para ampliar la base de ingresos del Canal.

El autor es práctico del Canal de Panamá

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