Corrupción

Quien no la debe, no la teme

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El enriquecimiento injustificado tiene lugar cuando el servidor público o ex servidor público, durante el desempeño de su cargo o dentro del año siguiente al término de sus funciones, se encuentre en posesión de bienes, sea por interpuesta persona natural o jurídica, que sobrepasen los declarados o los que probadamente superen sus posibilidades económicas, y no pueda justificar su origen”. Así reza el artículo 5 de la Ley 59 de 1999.

Los servidores públicos a que se refiere el texto anterior están debidamente citados en primera instancia en el artículo 299 de la Constitución Nacional. Para no olvidarlos, ellos son: el presidente y vicepresidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales ordinarios y especiales, el procurador general de la Nación y el de la Administración, los jueces, los ministros y viceministros, el contralor y el subcontralor general de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa, los rectores y vicerrectores de universidades oficiales, los directores generales, los gerentes o jefes de entidades autónomas, los directores nacionales y provinciales de los servicios de Policía, el defensor del Pueblo y todos los empleados y agentes de manejo conforme el Código Fiscal (CF).

Con la intención de fiscalizar (supuestamente) el enriquecimiento injustificado, todos los antes mencionados están obligados a presentar ante notario público, sin costo alguno, una Declaración Jurada de Estado Patrimonial dentro de los 10 días contados a partir de la toma de posesión o separación del cargo, con copia auténtica a la Contraloría General de la República. Esta entidad es la encargada de recibir a su debido tiempo e imponer las sanciones por incumplimiento, aunque parece que todo está vestido de confidencialidad.

Hoy, una vez más, siento la necesidad y obligación de escribir sobre la Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales que deben rendir todos ellos, por la importancia del caso y por el control de la corrupción de los funcionarios. Siento también la ausencia de la Antai, como de la sociedad y las organizaciones civiles que, teniendo más y mayor exposición pública no han recogido la bandera.

Eliminar el enriquecimiento injustificado también es parte del cambio. El gran desafío empieza en la administración pública por estar expuesta a la corrupción y a la oportunidad de hacer fortuna fácil. Pero los funcionarios, los obligados a presentar esa Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales, se hacen los sordos al no sentir presión alguna sobre la obligación de presentar tal declaración, pues ministros y viceministros van y vienen, así como cambia la presidencia de la Asamblea Nacional y cambian los directores nacionales y provinciales de la Policía, sin que nadie se entere si han cumplido con tal obligación.

Para aquellos que aún no creen en tal obligación les recordamos que las disposiciones legales relativas al caso están en la misma Constitución Nacional (artículo 299), en la Ley 59 de 1999, la Ley 6 de 2002, en la Ley 48 de 2004 y en el Decreto Ejecutivo 246 de 2004 que trata sobre el Código de Ética de los servidores públicos.

Advierto que ese enriquecimiento injustificado no se limita a cuantificar el valor de los bienes o activos. También la disminución injustificada de obligaciones es parte de dicho calificativo. En resumen, se trata del aumento del patrimonio neto que no se pueda justificar en relación con sus ingresos y gastos ordinarios.

Históricamente, más bien por costumbre que por ley, se ha exigido ocasionalmente y con cierta timidez el cumplimiento de la declaración jurada a los funcionarios de jerarquía, dejando en el olvido a aquellos otros obligados como los empleados y agentes de manejo de que trata el artículo 1090 del CF por tener bajo su cuidado, custodia o control de fondos del Tesoro Nacional. Tales “empleados de manejo” están identificados en el artículo 1059 del mismo código y ellos son los recaudadores (empleados encargados de cobrar el dinero que deben ingresar al Tesoro Nacional), los liquidadores (empleados a quienes compete el reconocimiento de créditos a favor del Tesoro Nacional) y los pagadores oficiales (empleados encargados de entregar a los acreedores del Tesoro Nacional los dineros que se adeuden). Por su parte, los “agentes de manejo”, según el artículo 1061 del CF, son las personas que, aunque no desempeñan un empleo con el Estado, recaudan o pagan con autorización legal dinero del Tesoro Nacional.

Todos ellos son responsables de las pérdidas que ocurran a causa de su negligencia o uso ilegal de fondos, aunque sea por orden superior (artículo 1091 del CF).

La pretensión de transparencia es el espíritu que impulsó a la ley 59/1999, pues, aunque estas declaraciones no son de carácter público, tiene como fin mejorar la administración y el buen manejo de los fondos públicos. Pero si no se analizan y comparan entre sí, y si no se hacen investigaciones serias, al margen de los intereses políticos, para determinar un posible aumento no justificado con las consecuencias legales que señalan nuestras leyes, esas declaraciones serán solamente un deporte más, donde el juega vivo prevalecerá.

Los servidores entrantes que no presenten en el término señalado la Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales serán sancionados con la suspensión del pago de los emolumentos hasta que presenten la declaración (¿realidad o esperanza inútil?); existe la percepción de que si esta norma se aplicase, muchos no cobrarían.

Para aquellos que salen, la sanción por no presentar la declaración jurada corresponde a una multa que determina la Contraloría General de la República, sin perjuicio de sanciones penales. Sabrá Dios si alguna vez se ha impuesto alguna.

El derecho para criticar y levantar el dedo acusador se extiende a la posibilidad que tiene cualquier persona para denunciar el enriquecimiento injustificado ante la Contraloría General. Le corresponde a esta entidad iniciar el proceso para determinar la veracidad de la denuncia y luego, si en efecto es así, deberá remitir lo actuado a la Procuraduría General de la Nación.

Al margen de lo bueno y lo malo de estas declaraciones juradas, si una copia de ellas se debe enviar a la Contraloría, si las denuncias se deben interponer ante ella y si las sanciones las impone esta misma instancia, ¿quién controla, fiscaliza y sanciona al Contralor y al sub en caso de no cumplir con las responsabilidades que le asigna la Ley 59, incluyendo el no pago del salario y demás remuneraciones mientras no hayan cumplido sus obligaciones?

Revuelvo la mirada y a veces siento espanto por el poco interés que le hemos dado a la declaración patrimonial de que trata la ley 59/1999 y demás normas concordantes. Nuestra esperanza (porque la esperanza nunca se pierde) es que con el buen gobierno se cree un nuevo marco legal con sanciones ejemplares y un ente independiente no sujeto a los vaivenes políticos, y con la debida autoridad para recibir, verificar y custodiar las declaraciones patrimoniales, y sancionar su incumplimiento.

El autor es contador tributario

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