Libertad de expresión

Sociedad civil

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Un punto de vista acerca de la sociedad la entiende como un ente compuesto de tres partes fundamentales: la sociedad política, la empresa privada y la sociedad civil. En un régimen competitivo, la sociedad política está constituida por todos aquellos que ejercen cargos públicos, forman parte de los partidos políticos y compiten, de acuerdo con la normativa electoral, para acceder a puestos de votación popular.

La empresa privada es el ámbito dedicado a producir para el mercado con fines de lucro particular, de acuerdo con principios que garantizan la convivencia social. En cuanto a la sociedad civil, esta consiste de las organizaciones no gubernamentales creadas para impulsar los más diversos intereses que sus asociados tienen en común.

El fin de la sociedad política es el poder; el de la empresa privada, el lucro; y el de la sociedad civil, el servicio o la entrega a una causa. La sociedad civil abarca todas las interacciones organizadas que se protagonizan fuera de la esfera política y campo empresarial, en tanto sus fines no atenten contra la integridad colectiva.

Es importante destacar este aspecto ya que las actividades del crimen organizado—presentes en muchos países—no forman parte de la sociedad civil. La observación es relevante no solo porque en nuestra complicada actualidad, abundan las organizaciones criminales.

Tan solo en Colombia, se contabilizan al menos 19 “estructuras delincuenciales” a la par de varios grupos armados organizados ( El Tiempo, 16 de febrero). En ambientes de debilidad institucional, como el nuestro, los tentáculos del crimen organizado se extienden a la sociedad política, la empresa privada y la sociedad civil, contribuyendo a mermarlas y corromperlas.

En principio, quienes optan por desempeñarse en la sociedad civil no buscan el lucro ni el poder, sino impulsar los propósitos acordados por sus respectivas organizaciones. Lamentablemente, el enriquecimiento ilícito no es ajeno al mundo de las ONG. Según un cable de Reuters (14 de julio de 2015), algunas de las principales organizaciones humanitarias han protagonizado graves incidentes de malversación de fondos.

Recientemente se conoció que una fundación polaca, SOS For Life, había estafado al Estado panameño. De acuerdo con La Estrella de Panamá (31 de enero), el Gobierno Nacional entregó 250 mil dólares a esta ONG para ayudas humanitarias, pero solo obtuvo rendición de cuentas por 50 mil dólares. Los otros 200 mil dólares, presuntamente, fueron apropiados por la dirigencia de la fundación.

La codicia de poder tampoco es extraña al ámbito de la sociedad civil. Algunas personas ingresan a ese medio con ánimos de figuración y lo ven como trampolín para acceder a cargos públicos. En tiempos de elección, estas ambiciones salen a flote.

En Panamá, hemos visto cómo algunos seudo activistas de la sociedad civil usan su protagonismo para abrirse un espacio en el engranaje gubernamental. De esta manera, perjudican a sus organizaciones y menoscaban la credibilidad de las ONG que dirigen.

Las organizaciones de la sociedad civil se forman para promover los objetivos más variados, desde los derechos humanos y el libre comercio hasta la protección ambiental y la homologación técnica. En años recientes, la corrección y la transparencia en la gestión pública han adquirido mayor relevancia entre los objetivos de la sociedad civil.

La iniciativa que exige a los diputados y otros servidores públicos que rindan cuentas de sus ejecutorias—sobre todo, por el dinero público que se les asigna—es una campaña cívica impulsada desde la sociedad civil. La propuesta, absolutamente justificada en virtud de los elevados niveles de corrupción e impunidad existentes en Panamá, tiene orígenes ciudadanos y algunas ONG se han dedicado a impulsarla.

Una campaña cívica de la sociedad civil no debe ser vista como publicidad o propaganda política. Sin embargo, el Tribunal Electoral, interpretando restrictivamente el Código Electoral, dispuso remover algunas vallas que, de acuerdo con el analista Edwin Cabrera, sencillamente alientan a la “reflexión ciudadana por el hecho de que los diputados no han publicado sus planillas” ( La Prensa, 18 de febrero).

Además de violar un derecho individual fundamental (la libertad de expresión), la actuación del Tribunal Electoral contribuye a proteger la impunidad, la opacidad y la partidocracia. Frente a imposiciones como esta, la sociedad civil debe cerrar filas para promover sus causas con el mayor ahínco.

El autor es politólogo e historiador y dirige la Maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá

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