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Un diputado de la Asamblea Nacional tiene serias denuncias por presuntos delitos sumamente denigrantes e indignos. Mientras tanto, en la Corte Suprema de Justicia yace el caso en manos de un magistrado fiscal que, al parecer, no entiende ni la urgencia, ni la relevancia de esto. A su vez, una mayoría de colegas de su bancada lo respalda afirmando que es “persecución política”. Respetando la presunción de inocencia del diputado, también hay que respetar la imagen y la dignidad de todo un país y los derechos humanos de las presuntas víctimas, que tanto importaron para el caso del defensor del Pueblo. Dos diputadas de otro partido ya le han pedido en el pleno que se aparte voluntariamente y atienda su caso. ¿Necesitan los señores del PRD que 4 millones de panameños pidamos lo mismo? El repudio nacional contra las planillas brujas, los bates fantasma y otros abusos de los diputados en el periodo anterior inspiraron el movimiento del “no a la reelección”, que derrotó a dos terceras partes de los que buscaron volver al cuerpo legislativo. Han pasado poco más de 100 días, y seguimos con las viejas prácticas. No aprendieron nada.

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