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El Segundo Tribunal Superior de Justicia, a través del magistrado José Hoo Justiniani, declaró nulo el proceso del escándalo de corrupción del proyecto de riego de Tonosí, beneficiando a los 33 imputados en este caso. La causal invocada por el Tribunal está inspirada en aquel controversial fallo de Ángela Russo en el caso Finmeccanica. De ese modo, nuevamente un tribunal anula una investigación compleja seguida de acuerdo con las reglas del sistema inquisitivo mixto, porque supuestamente la fiscalía excedió el término de la investigación. Esa causal no existe en el Código Judicial panameño, ya que fue creada por la Corte Suprema en un caso de alto perfil. Además, no se toma en cuenta para la valoración del término de investigación todo el tiempo perdido por la fiscalía, por los recursos dilatorios o por excusas médicas que se hayan presentado por parte de la defensa. Por las razones que sean, los jueces y magistrados que participan de estas patrañas insisten en ignorar que el debido proceso es una moneda con dos caras: la de los imputados, y la de la sociedad y las víctimas de estos actos de corrupción. Triste época la que vive Panamá en la que los jueces le dan la espalda a la justicia.

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