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Las escandalosas declaraciones del abogado panameño Janio Lescure , que fueron grabadas por una agencia privada de inteligencia israelí, y que este diario ha registrado toda esta semana, deben provocar más que el morbo en la ciudadanía y en las instituciones de justicia. Todos los actores del sistema judicial deben ser claros y transparentes al responder a las denuncias y cuestionamientos divulgados. Panamá no se puede quedar con una justicia cuestionada, que es incapaz de justificar sus actuaciones y validar la integridad de sus miembros. El presidente Laurentino Cortizo tiene en sus manos la tarea de completar la reforma de la justicia iniciada en el 2005. Los fallos y demás actuaciones de nuestros tribunales no pueden ser prisioneros de la duda de que fueron obtenidos a cambio de 30 monedas, o como resultado del más abyecto y repugnante tráfico de influencias. La imputación el pasado lunes del hijo y de la asistente de un exmagistrado de la Corte requieren que los panameños tomemos en serio estos esfuerzos. Nunca antes, en tiempos democráticos, había quedado tan evidente la dimensión de la sospecha que pesa sobre nuestra justicia.

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