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La Contraloría General de la República denunció a diputados de la Asamblea Nacional por los manejos irregulares de fondos públicos. Esta nueva serie de acciones legales vuelve a caer en manos de la Corte Suprema de Justicia, que ha sido incapaz de tramitar todos los expedientes anteriores contra los diputados e, incluso, persiste en mantener los expedientes de los casos de Ricardo Martinelli que debieron ser remitidos al Ministerio Público en diciembre del año pasado, cuando la Corte declinó su competencia sobre el expresidente de la República. Mientras los magistrados de la Corte viajan por el mundo, incrementando la mora judicial, y evitando cualquier confrontación con el poder legislativo, miles de panameños esperan en las cárceles que se les asigne una fecha para sus respectivos juicios. La Corte le ha dado la espalda al clamor popular de justicia. Con ese historial, los magistrados de ese tribunal carecen de moral para exigir que la propuesta de reformas constitucionales no cercene el reinado de terror y de impunidad patrocinado desde el Palacio Gil Ponce. Si quisiera, la Corte tiene la solución a sus problemas. Es un asunto de voluntad.

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