Derecho internacional

Canje de notas, nuevo tratado de extradición

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Múltiples son las formas como se puede definir la extradición, pero es admisible concebirla como un acto de asistencia jurídica internacional, mediante el cual un Estado entrega a otro Estado un individuo presuntamente responsable de la comisión de un delito, a objeto de someterlo a un juicio o a la ejecución de una pena.

La institución en cuestión está sujeta al cumplimiento de una serie de reglas o principios, entre los que destaca: el principio de especialidad. Este es entendido como un principio de derecho internacional consuetudinario, reconocido por casi todos los tratados de extradición, del que dimanan las garantías que alcanzan a la persona entregada, en cuanto a que no será acusada ni condenada por hechos distintos a los que fundamentan la entrega. Pese a ello, tienen lugar situaciones que importan otros supuestos de su aplicación. Entre estos, puede ocurrir que, si antes de consumarse la extradición, el país requirente decide juzgar a la persona por hechos adicionales y distintos de los cuales había sido solicitado originalmente al país requerido, y en tal tenor diligencia una nueva solicitud de extradición ampliada al Estado requerido. Tal solicitud para que adquiera fuerza legal, debe ser aceptada y tramitada por el Estado requerido.

En caso contrario, si la extradición de un individuo fue consumada, la solicitud de la ampliación de la extradición constituiría un acto ex post facto, que dependiendo de la forma y medio utilizado para la consecución del objetivo, podría inclusive dar lugar a la concreción de un nuevo tratado. De manera semejante al caso anterior, si la solicitud se realiza una vez efectuado el traslado del individuo, se deberá solicitar autorización al Estado requerido a fin de que este consienta en que la persona sea juzgada en base a nuevas imputaciones.

Es evidente que la solicitud de ampliar la lista de delitos conlleva el riesgo de que se dificulte respetar otro principio caro al instituto de la extradición, como lo es el principio de doble incriminación, que implica que el acto debe considerarse como delito en ambos Estados. En otras palabras, la ampliación del abanico de infracciones conlleva aparejado, que la obligación del reconocimiento de la totalidad de los nuevos delitos enumerados sea prevista y castigada por ambos ordenamientos, lo que se torna harto difícil.

Por lo que atiende al caso específico del canje de notas recientemente firmado entre Panamá y Estados Unidos en materia de extradición, cabe destacar que, por su trascendencia, para alcanzar plena vigencia, amerita que su trámite se perfeccione con intervención de la Asamblea Nacional, ya que no se está frente a un simple acuerdo sobre compromisos de poca monta que se “desprenden” de un tratado marco, como es la naturaleza de un acuerdo simplificado, sino ante un instrumento que sine die contiene nuevas obligaciones distintas a las pactadas en el tratado de extradición Arias-Russell del 25 de mayo de 1904, además de oponibles a los criterios en los que se fundamenta la institución de la extradición, que tiene como pilar fundamental la protección de la regla de especialidad. Ello es así, toda vez que si el principio de que el extraditado únicamente puede ser juzgado y condenado por los delitos en que se basó la solicitud de extradición, es reemplazado por una enmienda al tratado de 1904, instrumentada a través de un canje de notas pactado a posteriori de la extradición, que elimina la excepción a un presupuesto material de la institución de la extradición, como lo es la protección de las reglas de especialidad, incorporadas en los textos de los tratados internacionales suscritos por Panamá, que priman sobre nuestra legislación; la consecuencia directa del canje de notas, al portar obligaciones distintas al tratado de 1904, es que este terminó enmendado y las enmiendas solo pueden tener lugar, si no se refieren a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la consecución efectiva del objeto y del fin del tratado en su conjunto y el respeto a los derechos humanos en este caso; y comoquiera que ello fue lo que realmente ocurrió, no existe duda de que estamos frente a un nuevo tratado de extradición, de inaplicación retroactiva, toda vez que nunca se efectuó una nueva solicitud de extradición al país requerido respecto de la misma persona, haciendo alusión a los nuevos hechos por los cuales era solicitada.

Por si fuera poco, para eludir la obligación de la ratificación del canje de notas aludido, este es ilegalmente avalado por los órganos competentes del Estado, apelando a una figura jurídica inexistente en el ordenamiento jurídico panameño, como lo son, los acuerdos en forma simplificada. No sería extraño que en pocos años, con el mismo falaz argumento, Panamá negocie con otro país a través de un simple canje de notas, la construcción de un cuarto juego de esclusas por el Canal de Panamá, ante el hecho de que ni el artículo 319 de la Constitución obliga a la realización de un referéndum para tal fin, ni supuestamente el canje de notas negociado, sería un tratado solemne que obligue a su ratificación.

El autor es profesor titular de relaciones internacionales de la Universidad de Panamá.

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