Nuevo debate sobre reformas de la CIDH

La reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluye propuestas para aumentar el control de sus actividades por parte de los gobiernos y el cambio de su sede, volverá al debate en la Asamblea General de la OEA.

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ASUNCIÓN, Paraguay (EFE). -La reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluye propuestas para aumentar el control de sus actividades por parte de los gobiernos y el cambio de su sede, volverá al debate en la Asamblea General de la OEA a iniciativa de Ecuador, un gran crítico del organismo. 

El país sudamericano ha revitalizado en encuentros de alto nivel realizados en Galápagos y Haití en la última semana sus ideas de cambio para la CIDH, que cuentan con el apoyo de miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) y de otros países de la región. 

Algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos no han ocultado su pesar por la reanudación del proyecto, que creían estancado y que a su juicio perjudicará el trabajo independiente de la CIDH. 

La Comisión, que es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se ocupa de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, y sus críticas a las acciones u omisiones de los gobiernos en este área han provocado el rechazo de algunos de ellos. 

Venezuela, por ejemplo, acusa a la CIDH de estar "parcializada" en su contra, mientras que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, la considera un "instrumento de persecución de los gobiernos progresistas" y mantiene que está dominada por los países "hegemónicos". 

Su último encontronazo fueron las medidas cautelares que la CIDH solicitó para tres personas condenadas en Ecuador por injuriar a Correa, que su gobierno no ha aceptado. 

En cambio, la embajadora estadounidense ante la OEA, Carmen Lomellin, pidió esta semana "respetar la autonomía y la independencia" de la CIDH. 

Ecuador colocó el tema de la reforma en un encuentro de cuatro cancilleres y veintiséis altos cargos de países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en las Islas Galápagos el pasado 23 de mayo. 

También lo impulsó en la IV Conferencia de Estados Parte del Pacto de San José, que tuvo lugar en Haití el pasado martes, la cual terminó con una declaración conjunta que recalca sus argumentos. 

"A la sociedad civil nos preocupa que la declaración tenga propuestas que minen la autonomía y eficacia de la CIDH", dijo a Efe Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que estará presente en la Asamblea General en Asunción. 

Krsticevic criticó, por ejemplo, la idea de que los Estados tengan "la última palabra" sobre la agenda de trabajo y el presupuesto de esa entidad. 

"La Comisión precisa poder establecer sus prioridades con libertad para hacer su trabajo de defensa de derechos humanos", añadió. 

La Declaración de Haití establece que la financiación de las relatorías, que son las áreas temáticas de la CIDH, debe ser "equilibrada" y que cualquier donación aparte de la contribución normal de cada país miembro vaya a un fondo único para su asignación "de acuerdo a un programa de trabajo previamente aprobado por los Estados". 

El Gobierno de Correa se queja de que la relatoría de libertad de expresión, con la que ha tenido roces periódicos en los últimos años, cuenta con más fondos que otras. 

Esa relatoría recibe aportaciones directas de algunos países y ella misma presenta proyectos a entidades diversas para su financiación, como haría una ONG. 

Estados Unidos es el mayor donante a la CIDH, con una aportación de 2.2 millones de dólares el año pasado, seguido por la Unión Europea, según el informa anual de la Comisión. 

En la Declaración de Haití los participantes también acordaron plantear a la Asamblea General, que reunirá entre el martes y el jueves a la gran mayoría de los cancilleres del continente, que Uruguay y México acojan las sesiones de la CIDH, una decisión que anteriormente la tomaba la propia Comisión. 

Ecuador también promueve el cambio de su sede, que está en Washington, como la OEA, con el argumento de que Estados Unidos no ha firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José. 

Eso le exime de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no de la CIDH, que de hecho ha criticado a Washington por la aplicación de la pena de muerte y la detención indefinida de sospechosos de terrorismo en Guantánamo, por ejemplo. 

Haití se ofreció en el encuentro de esta semana a ser la nueva sede de la Comisión.

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