Contraloría detectó irregularidades en la compra de pinchadora

La Fiscalía Segunda Anticorrupción busca responsables por la supuesta irregularidad en el contratación para la compra de equipos para espiar telecomunicaciones. 

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La Fiscalía Segunda Anticorrupción, con sede en el edificio Avesa, instruye una investigación por la aprobación del contrato para la compra de la pinchadora. La Fiscalía Segunda Anticorrupción, con sede en el edificio Avesa, instruye una investigación por la aprobación del contrato para la compra de la pinchadora. Expandir Imagen
La Fiscalía Segunda Anticorrupción, con sede en el edificio Avesa, instruye una investigación por la aprobación del contrato para la compra de la pinchadora. LA PRENSA

Falta de controles en el proceso administrativo de la compra –adjudicación y recepción–, ausencia de informes técnicos e inconsistencia en la presentación de la fianza por parte de la empresa proveedora son apenas algunas de las irregularidades que detalla la auditoría forense efectuada por la Contraloría General de la República al proceso de compra del equipo espía por $13.4 millones, durante el gobierno de Ricardo Martinelli. 

La auditoría fue entregada a la Fiscalía Segunda Anticorrupción el 4 de este mes, para ser anexada al expediente que tramita esa instancia judicial por la posible comisión de delitos contra la administración pública, tras la compra en 2010 –a través del extinto Fondo de Inversión Social (FIS), hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN), de la máquina para interceptar comunicaciones.  

De acuerdo con la investigación de la Contraloría, el FIS, entonces a cargo de Giacomo Tamburrelli, no sustentó el proyecto denominado “seguridad tecnológica y suministro de equipo” –compra de la máquina–. También deja en evidencia que la compañía proveedora, la israelí MLM Protection, no presentó la fianza que por ley debe acreditar cualquier contratista con el Estado. Y se establece además que no se halló un informe que evidenciara “la instalación y entrenamiento” en el uso del equipo”. 

El documento, al que tuvo acceso este diario, revela asimismo que se recopiló información del Ministerio de la Presidencia, de Seguros Suramericana S.A. y de la propia Contraloría, que deja en evidencia que el equipo fue recibido por la Policía Nacional mediante “sendos documentos” identificados como “carta de recibido” y “carta de aceptación final”. En los mismos –dice la auditoría–, se observa “una firma ilegible” y debajo de ella se lee: Gustavo Pérez, director general de la Policía Nacional.  

A finales de 2014, cuando empezaron a surgir las primeras alertas por el alcance del espionaje instaurado por el gobierno pasado, el exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu corroboró a este medio que el equipo “sí existió” y que sí fue usado por el gobierno de Martinelli. “El equipo llegó y estuvo ahí. ¿Qué pasó con ese equipo? No sé. Pero el equipo se compró y se recibió”, manifestó.

La Contraloría también le indica a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Vielka Broce, que en el proceso para la adjudicación del contrato se realizó una invitación directa a MLM Protection sin que esta estuviera inscrita en el registro de proponentes, “por lo que no debía ser invitada a ofertar”.

Dice, además, que por tratarse de un equipo tecnológico con características especiales, no se observaron informes de análisis que avalaran si la propuesta de la empresa se ajustaba a la calidad, términos y condiciones requeridas, y si eran las más ventajosas.

LA LESIÓN PATRIMONIAL

Uno de los aspectos principales de la pesquisa que realizaron los auditores es el concerniente a lo que perdió el Estado con la polémica compra.

Argumentan que la desaparición del equipo, al igual que la inexistencia de informes del FIS y del Ministerio de la Presidencia que sustenten la instalación y el entrenamiento brindado, han originado un perjuicio económico al Estado por $10 millones 861 mil 857; es decir, el valor de la máquina, sin tomar en cuenta los $2 millones 613 mil 142 que fueron pagados al tesoro nacional en concepto de ITBMS.

“La no ubicación física del equipo, pese a que fueron obtenidas sendas notas de recibido conforme y aceptación final, podría ser indicio de una posible lesión patrimonial ”, advierten.

SIN DOCUMENTOS

Uno de los tropiezos que enfrentaron los auditores para realizar su trabajo fue el conseguir documentos. Por ejemplo, fueron a las oficinas del PAN, hoy dirigido por Rafael Stanziola, y no hallaron nada. No había informes que certificaran la entrega del equipo.

Y aseguran también que Edwin Carrasco, jefe de almacén de la entidad, dijo que en la unidad a su cargo “no existen registros de entrada, ni de despacho” del equipo.

También visitaron las oficinas de la Policía Nacional y Omar Pinzón, director de la institución, certificó que dicho bien no reposa en esta.

En la Policía Nacional también dijeron que no hay documentos que sustenten que miembros de la entidad recibieron entrenamiento en el uso de esta máquina; esto, pese a que el equipo fue recibido por la institución mediante “sendos documentos” identificados como “carta de recibido” y “carta de aceptación final”, firmados por Pérez, como se dijo.

LOS IMPLICADOS

¿Quiénes tienen responsabilidad en este caso? La Contraloría ligó a nueve personas, entre ellas a Pérez y a Tamburrelli.

En la edición de mañana se informará quiénes son los demás implicados y qué responsabilidad tiene cada uno –según el informe de Contraloría– en la controvertida compra del equipo espía, que sirvió para violar comunicaciones de al menos 150 personas de distintos sectores del país.

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