Por presunto blanqueo de capitales

Tribunal avala prórroga indefinida a favor de la investigación a Mossack Fonseca

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En abril, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada allanó las oficinas de Mossack Fonseca en Marbella. En abril, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada allanó las oficinas de Mossack Fonseca en Marbella. Expandir Imagen
En abril, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada allanó las oficinas de Mossack Fonseca en Marbella. Archivo

El Primer Tribunal Superior de Justicia avaló la prórroga indefinida otorgada al Ministerio Público por la juez Séptimo Penal, Baloisa Marquínez, en las investigaciones que se llevan a cabo a la firma forense Mossack Fonseca, por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

En un fallo del pasado 2 de febrero, el Tribunal rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por Guillermina McDonald, abogada de Mossack & Fonseca, contra la decisión de la juez a favor de la investigación que adelanta la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.

El fallo fue avalado por los magistrados Miguel Espino (ponente) y Lilianne Ducruet. Eva Cal, quien era la ponente original, salvó el voto.

" Resulta importante tomar en cuenta, como lo destacaba el proyecto original, que en este caso en particular la investigación realizada es 'de gran trascendencia e importancia a nivel nacional e internacional' y que por la gravedad y complejidad del delito 'los medios probatorios rebasan las fronteras nacionales', razones por las que la juzgadora autorizó continuar la investigación sin determinar un plazo de conclusión", señala el fallo.

McDonald alegó en su escrito que "bajo ningún concepto" hay cabida para que dicha extensión de término sea por tiempo indefinido, ya que ello desdibuja la figura de la prórroga.

En su fallo, los magistrados replican que la prórroga otorgada por la juez Marquínez no viola ningún derecho constitucional " y se conforma con las atribuciones dadas por la Constitución y la ley y por ello no puede ser considerado como un acto infractor al debido proceso".

Más información en la edición impresa de La Prensa del sábado 4 de febrero de 2017...

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