FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

Investigan compra de bombas lacrimógenas en pasado gobierno

En 2013, el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli gastó 24 millones de dólares en la compra de pertrechos antidisturbios.

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Elementos de la policía antidisturbios, durante una manifestación frente a la Asamblea Nacional. Elementos de la policía antidisturbios, durante una manifestación frente a la Asamblea Nacional. Expandir Imagen
Elementos de la policía antidisturbios, durante una manifestación frente a la Asamblea Nacional. XINHUA/Archivo

La Fiscalía Segunda Anticorrupción abrió una investigación para determinar si hubo sobrecostos en los contratos suscritos por el pasado gobierno para la compra de pertrechos antidisturbios, incluyendo bombas lacrimógenas, por $24 millones.

La investigación responde a los señalamientos realizados en diciembre pasado por el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, según los cuales hubo excesos en la compra de bombas lacrimógenas y otros equipos usados para el control de multitudes, incluyendo un posible sobreprecio de $21.3 millones, ya que el valor real de los equipos en el mercado era de $2.7 millones y los contratos fueron cerrados por $24 millones.

Una fuente del Ministerio Público confirmó que, como parte de esta investigación, la fiscal Vielka Broce pidió al Servicio de Protección Institucional (SPI) y al Ministerio de Seguridad Pública copia de los contratos, y solicitó a la Contraloría la auditoría respectiva.

Por su parte, una fuente de la cartera de Seguridad informó que, tras la petición de la fiscalía, no solo se entregarán los contratos, sino las auditorías realizadas por la propia entidad.

Los $24 millones es la suma total de dos compras realizadas un año antes de las elecciones del 4 de mayo de 2014, una por $15 millones, firmada por el entonces ministro de la Presidencia Roberto Henríquez para proveer al SPI –que protege al Presidente– de 60 mil bombas lacrimógenas y sus lanzadores; 324 mil proyectiles de polvo de pimienta; 900 máscaras antigás; 5 mil granadas de humo, y otros equipos.

La otra compra, por $9 millones, fue avalada por el entonces ministro de Seguridad José Raúl Mulino e incluyó 31 mil granadas lacrimógenas, 276 mil proyectiles de polvo de pimienta, 18 mil 500 cartuchos de impacto calibre 12, mil 550 cascos de control de multitudes e igual cantidad de equipos antimotines completos.

Las municiones, armas y equipos fueron comprados a compañías vinculadas con el empresario Félix Falabella.

Aguilera también denunció sobrecostos en los contratos para la repotenciación de cuatro helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval, que también serán objeto de investigación.

En su momento, el exministro Mulino refutó que hubo exceso o irregularidades en las compras de los equipos. En tanto, el exministro Henríquez ha guardado silencio sobre las denuncias.

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