Harry Díaz, magistrado de la Corte Suprema de Justicia

Harry Díaz: 'Cucalón se entendía directamente con Martinelli'

El magistrado habla de su participación en la contratación de Cobranzas del Istmo en el gobierno pasado.

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El magistrado dio detalles sobre el proceso previo a la contratación de la empresa. El magistrado dio detalles sobre el proceso previo a la contratación de la empresa. Expandir Imagen
El magistrado dio detalles sobre el proceso previo a la contratación de la empresa.

Harry Díaz participó directamente en la modificación de la ley fiscal que permitió contratar a Cobranzas del Istmo, S.A. para cobrar impuestos morosos. 

Y es que entre 2009 y 2010, antes de ser nombrado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Díaz fue coordinador jurídico del entonces viceministro de Finanzas y actual titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio de la Guardia.

Incluso, formó parte de la comisión evaluadora que aprobó los requisitos previos de Cobranzas del Istmo, S.A. para ser contratada.  Mostró los dos informes que presentó, la Ley 49 de 2009 que reformó el Código Fiscal y el contrato en el que asegura no tuvo participación. El magistrado no estaba de acuerdo con la contratación de empresas privadas para cobrar impuestos.

Hasta ahora, el magistrado había guardado silencio respecto a la investigación que se sigue a Cobranzas del Istmo por irregularidades, coimas y peculado. Pero al ser mencionado por Luis Cucalón, exdirector general de Ingresos, decidió despejar dudas y, entre otros aspectos, resaltó que Cucalón se manejaba directamente con el expresidente Ricardo Martinelli.  

¿Usted ha sido mencionado en el caso de Cobranzas del Istmo, ¿cuál fue su participación en el contrato?

"Son términos sensacionalistas que da la impresión que uno tiene participación o que está involucrado o beneficiado en el tema de Cobranzas del Istmo. Mi posición es que no estaba de acuerdo con la tercerización; pero yo no era el que tenía que tomar las decisiones, era un asesor más, era el coordinador jurídico del despacho superior del Viceministerio de Economía. Mi planteamiento era muy sencillo: si el Estado con toda su infraestructura no puede hacer un cobro, difícilmente podía hacerlo un tercero. Eso iba a permitir una ventana que podía ocasionar que se cometieran actos irregulares, como aparentemente ha sucedido. La iniciativa de la tercerización era exclusivamente para cuentas incobrables, no solo que estuviesen morosas, sino que la DGI hubiera hecho las gestiones reales para su cobro y que las mismas no fuesen satisfechas a favor del Estado. Para eso era la tercerización, la ley era muy clara al modificarse con la ley 49 de 2009, donde se permitía contratar gestores de cobro para estos fines. El contrato habla de porcentajes que iban desde el 15% hasta el 30%, dependiendo de los años en que esta morosidad se daba. Tengo entendido que luego hubo una adenda en donde todo quedó amarrado al 30%. Mi participación era en calidad de testigo de la comisión evaluadora de la que fui parte y lo único que teníamos que ver era los requisitos mínimos, pero no la ejecución del contrato".

No estaba de acuerdo con la tercerización, ¿por qué se hizo?

"Se hizo una consultoría internacional donde recomendaron bajar la cartera morosa, pero que se hiciese a través de una tercerización. Por supuesto, expliqué por qué no estaba de acuerdo, pero el tema es que ya se había tomado la decisión de que se hiciese para las cuentas incobrables. Ya yo vislumbraba que esto iba causar una ventana a la corrupción. He estado en muchas posiciones jurídicas y cuando se crean este tipo de situaciones, generalmente es más contraproducente que beneficioso. Mi posición era que se tenían que crear más funcionarios de jurisdicción coactiva".

Amplíeme eso de crear funcionarios de jurisdicción coactiva.

"La jurisdicción coactiva es la facultad que tiene el Estado en muchas de sus instituciones para las cobranzas. Había que incrementar eso a efectos de tratar de cobrar las cuentas incobrables. El problema es, por lo que veo en los diferentes medios de comunicación, sobre todo lo que ha ocurrido con Tocumen, S.A., cobrarle a una institución estatal es sacar de un bolsillo del pantalón para ponerlo en otro. Solo que en esta ocasión costó 30% de una comisión de Cobranzas del Istmo. Esto no le conviene al Estado. Además, cuál es el grado de cuenta incobrable de una entidad del Estado: ninguno. Falta ver qué otras cuentas se le ha dado a Cobranzas del Istmo. Me llama la atención que algunas personas han mencionado en los medios de comunicación que cuando iban a la Dirección General de Ingresos a preguntar por sus impuestos les decían que tenían que ir a Cobranzas del Istmo. La pregunta es si le dieron no solamente cuentas incobrables, sino que se hizo una apertura de todo tipo de morosidad, aun cuando no hubiera un intento de cobro efectivo por la DGI y eso se trata de una mala ejecución del contrato. También sé que el actual ministro de Economía y Finanzas (Dulcidio De La Guardia) lo que está mencionando es que no se cumplió con la ley de contrataciones como exigía la ley 49. Allí dice que se tiene que cumplir con la excepción de acto público: aquí hubo una contratación directa y eso debió tener la excepción de acto público, por lo menos del Gabinete".

La ley hablaba de crear gestores, no se limitaba solo una empresa. ¿Por qué solo se contrata a Cobranzas del Istmo?

"Realmente no lo entiendo. Los requisitos mínimos eran de por lo menos tener tres años de experiencia en cobros y había que dar una garantía bancaria de solvencia de más o menos $500 mil. Esos eran los dos requisitos fundamentales. Dudo mucho que no haya otra empresa que califique para esto. Yo sí pregunté qué es lo que pasaba y el propio Cucalón me dijo a mí que esa era la única empresa que había calificado, cosa que me extraña y me llama mucho la atención. Esta iniciativa fue para tener varias empresas cobrando cuentas incobrables".

¿Cuántos asesores o abogados vieron la documentación para el contrato de Cobranzas del Istmo?

"Eramos cuatro. Lo que pasa es que Cobranzas del Istmo fue la primera que aplicó y yo salí en diciembre de 2010. Me tocó solamente ver ese caso, no se nos presentó ninguna otra. De allí en adelante, cualquier empresa podía presentar propuesta para cobrar. Desconozco si otras empresas participaron".

¿Cobranzas del Istmo sí cumplía con los requisitos, de acuerdo a lo que usted pudo evaluar?

"Sí. Nosotros hicimos una primera evaluación, faltaron algunos temas iniciales que fueron completados posteriormente. Era documentación. La normativa contractual no era el problema. El primer problema es que no se cumplió con la ley de contrataciones públicas, es decir, esto es que aparentemente, y lo veo en el contrato que está firmado solamente por el representante de Cobranzas del Istmo (Magaly Ramos), Luis Cucalón y refrendado de forma directa por la contralora (Gioconda de Bianchini), no requirió de la excepción de acto público del Gabinete. Esto obviamente iba a ser un monto mayor de $250 mil. Por otro lado, veo el tema de la ejecución contractual. Si se dio más allá de una cartera incobrable, eso no es lo que establecía la ley y eso no es lo que se entendía".

¿Se cambió el término de incobrable a moroso?

"Ese es el tema. Siempre se habló de cuenta incobrable. Porque si fuera cobrable el Estado no necesita que nadie tercerice esto. Se entendía claramente, era cartera incobrable. Al poner cuentas morosas solamente, es decir, que fuese por el tiempo que estuviese sin pagar, 12 meses para muchas empresas es prácticamente nada".

¿Había muchos vínculos entre el MEF, la Dirección General de Ingresos y Cobranzas del Istmo?

"No tengo idea de eso. Yo no conozco al señor (Cristóbal) Salerno. Sí me acuerdo que en ese tiempo Cucalón me dice que esta empresa es de Tobín Salerno y no lo conozco. No tengo idea de quién es el señor hasta que veo que sale a relucir en los medios de comunicación".

Su opinión de Luis Cucalón. ¿Cómo era su relación con él y cómo actuaba en relación con este tema de las cuentas incobrables?

"No tenía una mala relación con él. Pero empecé a conocerlo porque se me llama para decirme que por favor tratara de hablar y de pedirle a Cucalón que dejara de tratar de forma soez, autoritaria, burda, porque existían muchas quejas de los contribuyentes. Obviamente, me tocaba decirle 'tú no puedes estar tratando a las personas de esta manera porque hay muchas quejas'. Lamentablemente, cada quien tiene su personalidad y el señor es muy folclórico en la forma como se expresa".

¿Era muy grosero con los contribuyentes?

 "Eso es lo que dicen los contribuyentes, que era muy grosero. O que era autoritario que decía 'esto se va cobrar de mi forro' y este tipo de expresiones. No le hacía caso al viceministro de Finanzas, en ese tiempo Dulcidio De La Guardia, precisamente porque ya había desarrollado una conexión directa con Ricardo Martinelli. Entonces cuando existían este tipo de problemas, prácticamente no se le podía decir nada. Sí, me acuerdo haber hablado una vez sobre el tema y me dijeron que este señor estaba fuera del alcance del mismo ministro porque se entendía directamente con el presidente Ricardo Martinelli. Era un poquito difícil tratar de encasillarlo en la conducta de un funcionario, se sentía que estaba por encima del ministro y el viceministro".

Su opinión de Cristóbal Salerno.

"No tengo idea, no lo conozco. Nada más que lo he escuchado en los medios de comunicación. Tengo entendido que es un empresario, pero realmente no lo conozco".

¿Estaría dispuesto a ir a declarar a la fiscalía?

"No tengo problema en decir la verdad, como se lo estoy diciendo a usted ahora mismo. Además, tengo conocimiento de que la fiscal Tania Sterling desestimó mi testimonio. Me imagino que que lo desestimó porque está viendo que participé en la comisión evaluadora para los requisitos mínimos de un contrato y lo que hay aquí es la mala ejecución de un contrato que ha traído como consecuencia un detrimento a las arcas del Estado. Son dos cosas muy distintas. Me sorprende que la defensa de Cucalón me haya citado a mí de testigo para este asunto".

 ¿Una cosa es lo que dice la ley y la evaluación previa, y la otra es lo que se ejecutó en el contrato?

"Es correcto. Una cosa es la ley, los requisitos mínimos y otra es que en la ejecución del contrato se haya dado cartera que no cumplía como cuentas incobrables".

¿Tiene su conciencia tranquila?

"Por supuesto, y no tengo ningún inconveniente en que me llamen a rendir testimonio. Es más posiblemente por esta declaración que estoy dando, me van a tener que llamar como testigo".

¿Acudiría personalmente o enviaría su cuestionario?

"Depende, porque acuérdense que estamos llenos de audiencias y demás. Y eso toma cinco, seis horas, dependiendo de la declaración. Si se puede, con mucho gusto voy, si no se tendría que rendir por escrito porque no podemos dejar de faltar a las audiencias".

 ¿Cree que al mencionarlo a usted y a Dulcidio De La Guardia pretendía Cucalón crear un morbo alrededor del caso?

 "La verdad no sé qué está buscando Cucalón con esto, porque Dulcidio De La Guardia también fue llamado como testigo, no está acusado ni indagado”.

 

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