SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN LA FUNDACIÓN DE LA UP

Caso de Fudep llega al máximo tribunal

De acuerdo con una auditoria de la Contraloría, la lesión ocasionada por los malos manejos de la fundación de la UP se calcula en $490 mil.

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La fiscalía solicitó a las autoridades de la Universidad de Panamá información sobre las operaciones de la Fundación Universidad de Panamá. La fiscalía solicitó a las autoridades de la Universidad de Panamá información sobre las operaciones de la Fundación Universidad de Panamá. Expandir Imagen
La fiscalía solicitó a las autoridades de la Universidad de Panamá información sobre las operaciones de la Fundación Universidad de Panamá. LA PRENSA/Archivo

La Fiscalía Quinta Anticorrupción remitió a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una denuncia presentada por el contralor Federico Humbert sobre supuestas irregularidades en la Fundación Universidad de Panamá (Fudep).

¿La razón?: el expediente menciona a Dorindo Cortez, excandidato a rector de esa casa de estudios y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el Partido Revolucionario Democrático.

El caso, que fue enviado la semana pasada a la Corte, quedó radicado en el despacho del magistrado Hernán De León, tras un reparto  

celebrado el pasado viernes 1 de julio. De León deberá decidir si admite la denuncia para que entonces, el pleno de la CSJ designe un fiscal que se encargue de la investigación y un juez de garantías para que verifique el proceso.

El contralor remitió al Ministerio Público una auditoría realizada a las actividades de Fudep entre los años 2011 y 2014, en la que se estableció una posible lesión a las arcas de la principal universidad estatal del país calculada en $490 mil. 

El despacho de Humbert revisó los movimientos de fondos realizados en razón de contratos, consultorías y pagos de viajes efectuados por la Universidad de Panamá (UP) durante la administración del rector Gustavo García de Paredes.

Fuentes del Ministerio Público, que solicitaron la reserva de sus nombres, dijeron a este medio que la Fiscalía Quinta Anticorrupción ya solicitó a la UP copia de toda la documentación relacionada con los pagos hechos por la fundación.

También exigió información sobre las unidades académicas que realizaron actividades especiales, cuyos ingresos fueron depositados en la cuenta particular de la Fudep.

CORTEZ SE DEFIENDE

En la auditoría se menciona que Dorindo Cortez, quien funge como director del Instituto de Estudios Nacionales (IDEN), desembolsó $41 mil para compras sin documentos de respaldo.

Según los auditores, algunos ingresos de capacitaciones del IDEN se usaron “a discreción, como fondo de caja menuda” para gastos operativos, “contrario a lo establecido en disposiciones legales”.

Este medio llamó ayer a Cortez para que diera su versión al respecto y alegó que la auditoría “está incompleta”.

Aseguró que la auditoría no analizó los tres tomos de información que les entregó el IDEN y que dichos documentos “revelan el uso de cada centavo”. Además, detalló que la Contraloría tampoco entrevistó a todo el personal que recibió los seminarios.

También aseguró que los fondos usados para dictar los seminarios eran producto “de autogestión” y que no eran recursos del presupuesto asignado al IDEN.

Prometió que se despojará de su investidura de diputado para ser investigado por la justicia ordinaria.

Por ser miembro del Parlacen, a Cortez le corresponde ser procesado por la Corte, tal como lo estipula la Constitución.

La investigación de los auditores también determinó que el posible perjuicio a las arcas de la UP podría superar los $490 mil, ya que la investigación no incluyó todo el periodo de existencia de la fundación.

El contralor Federico Humbert dijo el pasado viernes, en medio de los actos de instalación del nuevo periodo legislativo, que la próxima semana entregará al Ministerio Público otras cuatro auditorías relacionadas con presuntas irregularidades en la venta y alquiler de tierras por parte de la UP.

Humbert detalló que corresponderá a las autoridades determinar si en esas actividades se incurrió en algún hecho ilícito. Recordó que se trata de compra y alquiler de terrenos que le pertenecen a la universidad, trámites que se realizaron bajo la administración de García de Paredes.

En mayo pasado, la Contraloría remitió al Ministerio Público otra auditoría que reveló una posible lesión patrimonial al Estado por el orden de los $3.5 millones. La misma guardaba relación con supuestas irregularidades en el proyecto de diseño, construcción y equipamiento del Centro de Innovación y Emprendimiento, de la Universidad de Panamá. 

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