CASO BAHÍA HONDA

Prescribe denuncia contra el expresidente Ricardo Martinelli

La Corte aplicó el ‘Código Procesal Penal’, según el cual los delitos prescriben en un término igual a la pena mínima señalada en la sentencia.

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Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli. Expandir Imagen
Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo

La Corte Suprema de Justicia declaró prescrita una denuncia contra el expresidente Ricardo Martinelli por la supuesta comisión de los delitos de usurpación de tierras, apología del delito y abuso de autoridad, tras una visita en 2012 a la comunidad de Pixvae, Bahía Honda, en Veraguas, en la que supuestamente amenazó a moradores para que cedieran tierras a un empresario del lugar.

CSJ FAVORECE A MARTINELLI

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró las prescripción de una acción penal presentada contra el expresidente Ricardo Martinelli, por la supuesta comisión de los delitos de usurpación de tierras, apología del delito y abuso de autoridad relacionada con una presunta ocupación en 2012 de tierras en la comunidad de Pixvae, Bahía Honda, al sur de la provincia de Veraguas.

En un edicto fijado en la Secretaría de la CSJ y bajo la ponencia del magistrado Abel Zamorano, se informa de la prescripción de los delitos señalados en la denuncia y además se estableció de que no hubo evidencia de la comisión de delitos violatorio de los derechos humanos en los hechos expuestos.

La denuncia data del 28 de enero de 2015 y fue presentada por el abogado Donaldo Sousa, en representación del ciudadano Aurelio Camaño Hernández, un poblador de Pixvae, quien alegó que el 7 de abril de 2012 Martinelli, acompañado de funcionarios de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), llegó a Pixvae y presuntamente ocupó la población para facilitar la usurpación de 70 hectáreas para supuestamente favorecer al empresario Jean Pigozzi.

La denuncia fue admitida por el pleno de la CSJ el 21 de abril de 2016.

Casi cuatro meses después, la CSJ concluye que los delitos presuntamente ocurridos en 2012 prescribieron de acuerdo con el artículo 119 del Código Procesal Penal, en el que se establece que “ la pena privativa de la libertad impuesta por sentencia ejecutoriada prescribe en un término igual al de la pena señalada en la sentencia”.

Por lo anterior, la acción prescribe para los delitos de abuso de autoridad y usurpación de tierras que tienen penas mínimas de dos años de prisión, según el Código Penal vigente.

También tiene el mismo efecto para el caso de apología del delito, ya que el artículo 398 del Código Penal establece una pena mínima de un año de prisión por cometer este ilícito.

Esta denuncia contra Martinelli también se hizo extensiva contra los funcionarios del Senan y de la Policía Nacional que supuestamente participaron.  

Esta parte de la investigación quedó radicada en la Fiscalía Segunda Anticorrupción, que aún no ha concluido con dichas sumarias.

En su denuncia Sousa presentó el testimonio de Camaño, quien alegó haber sido amedrentado por los miembros de los estamentos de seguridad que llegaron al lugar junto con el exmandatario.

La denuncia cita una publicación del diario La Prensa del 14 de abril de 2012, en la que se informa que en los días de Semana Santa Martinelli estuvo en Pixvae junto con un importante número de agentes de la Policía, que hacían labores de patrullaje en la paradisiaca comunidad de Veraguas.

Según versiones de los residentes de la comunidad, el empresario Jean Pigozzi, mantiene en la isla Canales una concesión especial sobre 141.5 hectáreas en la que construyó un laboratorio marino y una residencia.

Según los moradores, el empresario ha intentado adquirir otras propiedades en la región, pero los lugareños se resisten por temor a que se apodere de la totalidad de la playa.

Por su parte, el abogado Donaldo Sousa dijo ayer que aún no había sido notificado de la prescripción de la denuncia y que acudiría a la Secretaría de la Corte para conocer el fallo.

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