Concesión

CIAM interpone amparo para impedir el contrato ley entre el Mici y Minera Panamá

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Minera Panamá presentó en octubre ante la CSJ un recurso para que el pleno aclare el fallo que declaró inconstitucional la Ley No. 9. Minera Panamá presentó en octubre ante la CSJ un recurso para que el pleno aclare el fallo que declaró inconstitucional la Ley No. 9. Expandir Imagen
Minera Panamá presentó en octubre ante la CSJ un recurso para que el pleno aclare el fallo que declaró inconstitucional la Ley No. 9. Archivo

El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) interpuso un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia contra la Resolución de Gabinete No. 23 de 26 de marzo de 2019, que autorizó al Ministro de Comercio e Industrias, Eduardo Palacios, a proponer ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley que aprueba el contrato entre el Estado y Minera Petaquilla, S.A. (actual Minera Panamá, S.A.).

Según la organización ambiental, la orden de presentar un proyecto de ley para continuar la actividad minera a cielo abierto en Donoso, provincia de Colón, viola los derechos fundamentales a la vida, al desarrollo sostenible, a la primacía del interés público sobre el privado y el derecho a un ambiente sano de todos los habitantes. 

Además consideran que este proyecto es análogo a la Ley 9 de 25 de febrero de 1997, que contiene el contrato ley con Minera Petaquilla. La Ley 9 de 1997 fue declarada inconstitucional, una década después de haber sido demandada por el CIAM.

La organización considera que "no es aceptable" que mediante la presentación de un proyecto de ley se pretenda legitimar un contrato cuya suscripción se realizó al margen de la ley, y cuya aprobación ya fue declarada como inconstitucional por el pleno de la Corte mediante sentencia del 21 de diciembre de 2017. 

La acción legal por parte del CIAM se da luego que el pasado 2 de abril el ministro de Comercio acudiera a la Asamblea y presentara un proyecto sobre el contrato ley entre el Estado y  la minera.

Para el funcionario con esa acción se buscaba  garantizar la seguridad jurídica de esta  inversión privada de más de 6 mil  millones de dólares, la mayor en la historia del país.

“No se ha incorporado ningún cambio al contrato original otorgado mediante la Ley 9 de 1997, dejando intacto todo su contenido”, afirmó el ministro ante el pleno de la Asamblea.

El gobierno de Juan Carlos Varela considera que el contrato original de concesión minera, firmado el 16 de febrero de 1996, y su prórroga, se mantienen vigentes en todas sus partes, pese al fallo de inconstitucionalidad dictado por la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2017.   

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