JUDICIAL AFFAIRS

Wiretap case puts justice to the test

A judge's decision to release two officials accused of illegal surveillance on house arrest has been questioned.

Díaz y Fábrega salvaron su voto

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A decision by Judge Enrique Pérez to release two former officials accused of illegal surveillance differs a ruling by the Supreme Court that called for them to remain in custody.

Pérez ruled that former National Security Council officials Alejandro Garuz and Gustavo Pérez should be released from prison and held under house arrest. He made the decision despite a ruling on an habeas corpus motion by the Supreme Court that found the defendants could be detained due to the seriousness of the charges and the possibility they could destroy evidence.

While the decision was not binding, Pérez did not consider any of the key issues discussed by the judges in the case.

The judge also failed to take into account the Constitution or international treaties and conventions that protect the right to privacy of individuals.

The defendants are charged with using surveillance equipment purchased from Israel to illegally spy on an estimated 150 people during the administration of former President Ricardo Martinelli.

Abel Zamorano, the rapporteur of the Supreme Court rullings, said that the human rights of a considerable group of people were violated. The Supreme Court ruled that pre-trial detention was warranted because of this, even though the sentence the men are facing is less than four years.

Zamorano also said that the crime violated the Universal Declaration of Human Rights, which states that "no one shall be object to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, or attacks on their honor or reputation."

Díaz y Fábrega salvaron su voto

El pasado 6 de febrero los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  Harry Díaz y Luis Ramón Fábrega salvaron su  voto, en el proyecto de fallo que buscaba dirimir sobre la legalidad de las órdenes de detención emitidas, en enero, por el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar contra los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, acusados de violentar el derecho a la intimidad e inviolabilidad del secreto durante la gestión de Ricardo Martinelli (2009-2014). En el fallo,  que resuelve los hábeas corpus presentados por la defensa de ambos exfuncionarios, Fábrega explicó que  no existían suficientes elementos para mantener la detención preventiva contra Pérez y Garuz. “En mi criterio lo que procedía en derecho es que se declarara legal la orden de detención preventiva decretada por el Fiscal Auxiliar... pero que  se le reemplazara por otras medidas cautelares menos severas”, planteó. Por ejemplo, mencionó medidas como no   permitir la   salida del país sin autorización judicial; el deber de presentarse periódicamente y casa por cárcel.  Díaz, por su parte,  indicó que en el caso de  Pérez   la solicitud de desistimiento fue presentada el 9 de febrero, cuatro días después de que la CSJ resolviera el caso mediante acción constitucional. Sobre Garuz, el magistrado  planteó que no había “proporcionalidad...”  en la medida cautelar impuesta.    En tanto, José Ayú Prado, se abstuvo de votar.

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