ANÁLISIS

Una tendencia global llega a Panamá

La propuesta de ley migratoria impulsada por la diputada Zulay Rodríguez contiene nuevos requisitos, sanciones más duras y medidas de control como la creación de la UMAC, que pueden ocasionar más ilegalidad y corrupción.

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La diputada Zulay Rodríguez, proponente del proyecto, reiteró sus argumentos ayer, durante el período de incidencias. Incluso, hizo entrega de un bulto de papeles que dijo corresponden a 25 mil 743 firmas de apoyo a su iniciativa migratoria. Elysée Fernández La diputada Zulay Rodríguez, proponente del proyecto, reiteró sus argumentos ayer, durante el período de incidencias. Incluso, hizo entrega de un bulto de papeles que dijo corresponden a 25 mil 743 firmas de apoyo a su iniciativa migratoria. Elysée Fernández Expandir Imagen
La diputada Zulay Rodríguez, proponente del proyecto, reiteró sus argumentos ayer, durante el período de incidencias. Incluso, hizo entrega de un bulto de papeles que dijo corresponden a 25 mil 743 firmas de apoyo a su iniciativa migratoria. Elysée Fernández

La propuesta de la diputada Zulay Rodríguez Lu de reformar la legislación migratoria ha encendido un álgido debate, que demuestra más la necesidad de reformar la política panameña que la urgencia de corregir las normas migratorias.

La propuesta busca incluir a los extranjeros beneficiados por procesos de regularización extraordinaria en un sistema rígido de controles, multas, y finalmente la deportación.

Aunque partes del proyecto pueden chocar con la Constitución panameña y los convenios internacionales, esto poco le ha importado a los 25 mil 743 firmantes en internet que ofrecieron su apoyo al proyecto. De esta forma, Panamá entra al mismo escenario de Hungría a Estados Unidos: ensañarse con los extranjeros.

Extranjeros, en incertidumbre

Desde la  Constitución Política de 1941, que establecía razas de migración prohibida y despojaba a los extranjeros de derechos civiles, Panamá no había enfrentado una controversia tan intensa por una norma jurídica migratoria, hasta ahora por la propuesta presentada por la abogada y diputada vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez.

El documento de ocho páginas tiene una exposición de motivos que prometía más de lo que contiene la parte normativa de la propuesta de 21 artículos.

Lo primero a decir es que el articulado carece de sistemática jurídica, ya que lo usual al enunciarse modificaciones a una ley existente es seguir el orden numérico de la norma que se pretende modificar. En esta propuesta, los artículos que modifican el Decreto Ley 3 de 2008 que organiza el Servicio Nacional de Migración saltan de mayor a menor sin un orden claro. También se repite innecesariamente el articulado para derogar los decretos ejecutivos que fundamentaron la regularización migratoria.

La propuesta busca llenar un “vacío” referente específicamente a los extranjeros que se beneficiaron de procesos de regularización masivos como los denominados “Crisol de Razas”. Aunque incluye normas aplicables a todos los extranjeros residentes en Panamá, su enfoque principal son los regularizados por las administraciones Martinelli y Varela.

El proyecto contiene algunas modificaciones inofensivas, otras más preocupantes, y algunas específicamente contrarias a la  Constitución Política y a los convenios internacionales de derechos humanos de los que Panamá es signataria.

Un ejemplo de esto es: “Aquellos extranjeros que manifiesten públicamente ofensas e insultos hacia la nacionalidad panameña...” serán objetos de procesos de deportación. Esta es la modificación que el artículo 13 de la propuesta le hace al artículo 65 del Decreto Ley 3 de 2008. Aparte de lo extremadamente subjetivo que es definir una ofensa, esto entra en violación directa con el artículo 37 de nuestra  Constitución Política (libertad de expresión), el artículo 19 de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 13 de la  Convención Americana de los Derechos Humanos, todos sobre libertad de expresión.

El artículo 5 del proyecto exige que en seis meses a partir de la promulgación de la ley los extranjeros beneficiados de las regularizaciones extraordinarias tengan una serie de documentos públicos y privados, como constancias de pago de servicios públicos, permisos de trabajo, ficha de la CSS y o declaraciones de rentas que prueben que tienen un domicilio, que tienen ingresos al menos iguales al salario mínimo y que pagan los impuestos correspondientes. Aunque esto parece, a simple vista, una exigencia fácil, solo la propia burocracia estatal retrasaría enormemente estos trámites. Además, nuestra economía de servicio es muy fluida: la gente cambia de trabajo y de domicilio. El proyecto tiene normas para captar esto, pero no tiene un diseño burocrático para su cumplimiento.

Según la propuesta, se le asigna a una Unidad Migratoria de Acción de Campo (UMAC) las principales potestades de recibir, analizar, estudiar, verificar y validar los documentos y los hechos declarados por los extranjeros. No hay un debido proceso ni mecanismos de reclamo transparentes que garanticen al afectado que estos procedimientos serán justos.

Aunque la propuesta tiene artículos controversiales, uno en particular parece un mal chiste: el artículo 11 obliga a que la Contraloría General de la República haga una auditoría de los fondos recibidos por los procesos de regularización migratoria y que esta auditoría sea publicada.

Esto se contrapone con la práctica de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional, incluyendo a la proponente. Panamá necesita una reforma migratoria que elimine la corrupción y la arbitrariedad, y que establezca un debido proceso con jueces migratorios y defensores de oficio que le garanticen sus plenos derechos a los extranjeros que se enfrenten al sistema migratorio.

Es importante sancionar a los empleadores abusivos, como también a los grandes beneficiarios de la explotación sexual comercial que tan abiertamente se practica en el país. Lo más triste de todo es que se pierda la oportunidad de hacer una buena reforma por el juego de la demagogia.

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