ANÁLISIS

Las reformas amenazan la libertad de información

Las propuestas de modificación de los artículos 4, 37 y 89 de la Constitución debilitan las libertades de información y de expresión de los panameños en pleno siglo XXI.

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Los ataques a las libertades de expresión e información quedan claramente de manifiesto en la propuesta de los diputados de reformar, al menos, tres artículos de la carta magna. Archivo Los ataques a las libertades de expresión e información quedan claramente de manifiesto en la propuesta de los diputados de reformar, al menos, tres artículos de la carta magna. Archivo Expandir Imagen
Los ataques a las libertades de expresión e información quedan claramente de manifiesto en la propuesta de los diputados de reformar, al menos, tres artículos de la carta magna. Archivo

El 15 de septiembre de 1789 se propuso la primera modificación a la Constitución de Estados Unidos, reforma que fue conocida como la Carta de Derechos.

La primera enmienda de esa Constitución estableció las libertades de asociación, culto, expresión, prensa, petición y de reunión. Los reformistas consideraban vital que se fortalecieran nuestras libertades.

Desde entonces, las constituciones democráticas han replicado de diversas formas los derechos y libertades de expresión y de información. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció en su artículo 19 lo siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

El autor principal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el jurista panameño Ricardo J. Alfaro.

Las iniciativas de reformas constitucionales adelantadas por los diputados de la alianza gobernante esbozan una concepción preocupante y amenazante sobre las libertades de información y de expresión, que tanto defendió el maestro Ricardo J. Alfaro.

El ataque directo de los diputados a las libertades de información y expresión viene de la mano de tres propuestas que cambiarían el sentido y las protecciones constitucionales contenidas en los artículo 4, 37 y 89 de la Constitución Política vigente.

El actual artículo 4 establece un mandamiento claro de que Panamá acata las normas del derecho internacional. Por el contrario, la propuesta de modificación somete a las normas del derecho internacional a la supremacía del derecho nacional.

En otras palabras, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estaría subordinado a cualquier ley aprobada por la Asamblea Nacional. Igual suerte correría cualquier convenio de derechos humanos.

Por otra parte, el artículo 37 actual enuncia: “Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público”.

Como se puede leer, los panameños debemos vivir con una concepción más restrictiva de las libertades de información y expresión establecidas en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En vez de mejorarla, poniéndola a tono con los tiempos, los diputados proponen adicionarle a la oración sobre la honra de las personas, los términos “y/o sus familiares”. Esta modificación tiene nombre y apellido. Uno puede pasar horas buscando en las constituciones del mundo democrático algo que se le parezca, pero no hay nada semejante.

El otro artículo que proponen modificar, para peor, es el artículo 89, que dice actualmente: “Los medios de comunicación social son instrumentos de información, educación, recreación y difusión cultural y científica. Cuando sean usados para la publicidad o la difusión de propaganda, éstas no deben ser contrarias a la salud, la moral, la educación, formación cultural de la sociedad y la conciencia nacional. La Ley reglamentará su funcionamiento.”

Es sumamente difícil empeorar un artículo con este contenido. En la práctica, esto significa que según la Constitución se regulan como actividad empresarial, lo que hace la Autoridad del Canal de Panamá y los medios de comunicación. Si se comparan los artículos actuales, los medios de comunicación tienen menor libertad empresarial que la ACP.

Aún así, los diputados propusieron que a los términos “medios de comunicación” se le adicione “sociales y digitales”. Si se hubieran tomado la molestia de consultar un diccionario, digamos el de la Real Academia de la Lengua Española, habrían podido constatar que el término “medios de comunicación” incluye a todos los medios y tecnologías.

Como si fuera poco, se adicionaron una serie de nuevos mandatos para los medios de comunicación, los que incluyen: “...el orden cívico, buenas costumbres, respeto a la privacidad individual y colectiva...”. Las empresas y medios de comunicación tienen responsabilidades provenientes del tipo de actividad que realizan, sin embargo, el listado que se propone adicionar dificultaría el cumplimiento de sus tareas periodísticas. Además, privaría a los panameños de información y formas de expresión que son necesarias en una democracia.

La expresión “privacidad colectiva” no tiene sentido. Lo único a lo que pudiera hacer referencia no es, precisamente, al tipo de conductas que este artículo se supone que promueve.

Esto es apenas el inicio de la etapa de propuestas por parte de los diputados. No hay señales de que se fortalezca la obligación de transparencia del Estado y las autoridades o se facilite el acceso a la información pública. Eso no les interesa.

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