SOBORNOS

La nueva encrucijada en el caso Odebrecht

La investigación se inició por una denuncia que presentó el excontralor Alvin Weeden el 18 de diciembre de 2015, y en abril de 2018 se prorrogó por un año.

Análisis: Una apelación necesaria

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5 puntos clave: La nueva encrucijada en el caso Odebrecht

La Fiscalía Especial Anticorrupción apeló ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia la decisión del Juzgado Duodécimo de lo Penal de negarle una solicitud para extender el plazo de las investigaciones por los sobornos que pagó en el país la constructora brasileña Odebrecht.

Parte del sustento de la apelación, presentada por la fiscal Zuleika Moore, se basa en información que Panamá entregó a Suiza, tras una solicitud de cooperación que hicieron las autoridades de ese país, que también investigan las coimas de Odebrecht.

Según fuentes del Ministerio Público, la fiscalía recibió el año pasado una nueva solicitud de información de las autoridades judiciales suizas y, tras recabarla, la envió a dicho requirente.

Luego, la fiscalía panameña pidió permiso a su par suizo para utilizar esa misma información en el proceso que sigue en Panamá y en abril de este año recibió la autorización correspondiente del país europeo.

La asistencia judicial reveló una serie de transacciones a través de nuevas sociedades, que utilizaron recursos de proyectos adjudicados en el país a la constructora brasileña y que son objeto de las pesquisas.

Igualmente, esta investigación arrojó nuevos posibles sospechosos vinculados con el proceso. 

La Fiscalía Especial Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, Zuleyka Moore y Tania Sterling,  ha gestionado 23 asistencias judiciales Expandir Imagen
La Fiscalía Especial Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, Zuleyka Moore y Tania Sterling, ha gestionado 23 asistencias judiciales LA PRENSA

En el escrito de apelación, la fiscalía explicó que la nueva información los llevó a solicitar colaboración de Odebrecht y que la empresa se ha comprometido a responder, de allí la necesidad de solicitar un nuevo ajuste en el plazo de la investigación, que se venció el pasado 25 de abril.

Sin embargo, el Juzgado Duodécimo de lo Penal le negó a la fiscalía dicha solicitud, que consistía en extender el plazo de la investigación durante seis meses, fundamentada en el hecho de que, luego de los acuerdos de colaboración alcanzados con Andrés Mozes Libedinsky, Jorge Espino, José Luis Saiz, Mauricio Cort, Gabriel Alvarado Far y Olmedo Méndez surgieron nuevos elementos que motivaron la petición de 13 asistencias judiciales, que no han sido evacuadas todavía por los países requeridos.

La fiscalía indicó que logró acreditar que Odebrecht hizo pagos a las sociedades Mundial de Valores; Caribean Holding, Ltd.; Vernell Development, Corp.; Marpesca Seatrade, LLC; Altrus Financial Corp.; Overview Consulting Services; Movimiento de Tierra La Estación 2; Compañía Internacional de Proyectos, S.A.; Eco Sauber Corporation; Corporación El Diluvio y Cit Overseas, S. A.

Al analizar las actividades de estas sociedades, la fiscalía formuló cargos a Fotis Limberópulos, Aaron Mizrachi, Danna Harrick –contra quien pesa una solicitud de extradición–, Orlando Barraza, Winston Spadafora Gálvez, Carlos Espinoza y Guillermo Sáenz-Llorens. Ninguno de ellos ha sido indagado aún.

En la petición de prórroga al juzgado, la fiscalía planteó que, inicialmente, la investigación se centró en el periodo 2009-2015, que incluye la administración presidencial de  Ricardo Martinelli (2009-2014) y el primer año de la de  Juan Carlos Varela  (2014-2019). Luego, se extendió al periodo 2006-2009, cuando Odebrecht inició operaciones en Panamá, durante el gobierno de  Martín Torrijos (2004-2009). En este periodo, la fiscalía indicó que logró acreditar que Odebrecht hizo pagos, al menos, a otras 11 sociedades.

El juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, destacó en el fallo que negó el ajuste del periodo de investigación que: “No necesariamente se debe interpretar que estos nuevos posibles vinculados deben ser incorporados al expediente original [...] a nuestra consideración, podría iniciarse una nueva instrucción, situación que favorecería al Ministerio Público, al contar con nuevos términos de investigación”.

Óscar Carrasquilla. Expandir Imagen
Óscar Carrasquilla. LA PRENSA

Sin embargo, la Fiscalía cita dos artículos del Código Judicial, que le impiden seguir la sugerencia del juez.

Uno de ellos es el 1949, que señala: “ Por un solo hecho se seguirá un solo proceso, aunque sean varios los autores o partícipes. En la misma forma se procederá aun cuando los hechos punibles sean varios y exista continuidad o conexión”.

El otro artículo que cita la Fiscalía es el 1950, que indica: “Los procesos que se sigan en contravención a lo dispuesto en los artículos precedentes son nulos y los que hayan actuado en ellos, como jueces o funcionarios de instrucción (fiscales), serán responsables en todo caso, civil y criminalmente, por los daños o los perjuicios que resultaren del proceso ilegal”.

A ello hay que agregar la explicación de una de las fiscales del caso: “No es un tema jurídicamente viable, que por un mismo hecho –que estamos viendo todo el tema de la contabilidad opaca de Odebrecht– pueda derivar en investigaciones distintas al tema que ya se está investigando, porque de cada una surgen nuevos elementos de la investigación, diferentes estructuras, pero todas están relacionadas al mismo hecho”.

Datos bancarios

Antes de que venciera el término de la investigación, a la fiscalía llegaron cajas de información de oficios que habían remitido a bancos locales, vinculada a la investigación, que los fiscales han comenzado a analizar y ya han encontrado transacciones sospechosas.

Por ello, en la última semana de las pesquisas, la fiscalía dictó una resolución de indagatoria para una persona que es cotitular de una cuenta en la que aparecen los nombres de otras personas, como cotitulares, que son investigadas en Ecuador.

Esa persona tenía en Panamá, a su vez, otras cuatro cuentas bancarias en las que se manejaron millones de dólares. Para justificar tal cantidad de dinero, presentaba contratos de obras para Odebrecht que están sujetas a la investigación, como los proyectos cinta costera I y la autopista Madden-Colón.

La fiscalía también pretende investigar a extranjeros que vinieron a Panamá a construir estructuras financieras. Estos extranjeros habrían retirado dinero en efectivo que posiblemente usaron para pagarle coimas a los funcionarios locales que la fiscalía necesita ubicar.

En noviembre del año pasado, la fiscal Moore, acompañada por las fiscales Tania Sterling, Ruth Morcillo y Vielka Broce, indicó: “En el periodo 2006-2009 tenemos identificadas la trazabilidad del dinero [...] y va a altos funcionarios que ya tenemos identificados, pero debemos cumplir con las formalidades. Ustedes se darán cuenta quiénes son cuando lleguen a la fiscalía... Tengan por seguro que tendrán que responder los cuestionamientos del Ministerio Público”.

La Fiscalía Especial Anticorrupción comunicó que en la investigación de los sobornos de Odebrecht en Panamá se han recuperado activos por $255.1 millones en efectivo y bienes aprehendidos.

Además, hay 76 imputados, 5 condenados y recopilados 628 tomos.

Para esta investigación, se ha requerido la cooperación internacional de 23 jurisdicciones.

Análisis: Una apelación necesaria

El caso Odebrecht es posiblemente el expediente más complejo que haya conocido la justicia panameña en toda su historia. Se trata de una causa criminal que involucra a decenas de procesados, tiene componentes multijurisdiccionales, que incluyen países de América del Sur, el Caribe, Europa, Estados Unidos y, por supuesto, Panamá.

Algunos de los documentos de este caso están en idioma inglés, portugués, andorrano y francés. Además, el rastro financiero conlleva centenares de archivos digitales, de tablas y documentos bancarios. Y, por si fuera poco, algunos de los investigados se han evadido de la justicia, lo que ha implicado búsquedas internacionales asistidas por Interpol.

El expediente de Odebrecht se sigue de acuerdo con el sistema inquisitivo mixto, complementado con las reglas de la ley de delincuencia organizada. El caso fue declarado causa compleja, de acuerdo con la Ley 121 de 2013, que autoriza hasta cuatro años de investigación. Sin embargo, el juez Óscar Carrasquilla le ha negando el término adicional de investigación. Apenas han transcurrido poco más de dos años. ¿Por qué negar la extensión del término para la investigación? Recordemos que algunos investigados tienen también fuero penal electoral, y otros han buscado el amparo de un cargo en el Parlacen. Todo esto significa retrasos en el proceso.

Además, los numerosos abogados de los equipos de defensa han interpuesto múltiples recursos dilatorios que también han paralizado el avance de las investigaciones.

La decisión del juez Óscar Carrasquilla fue innecesaria. Además, recomendó la apertura de nuevos expedientes, lo que podría provocar una causal de nulidad, tal como afirma el Ministerio Público, y el rompimiento del estado de causa compleja, ya que no es lo mismo investigar a más de 70 personas que solo a 2.

Nuevamente, corresponderá al Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial enderezar la causa penal y apartar obstáculos que algunos jueces de circuito penal le han puesto a la acción de la justicia en un caso no solo complejo, sino altamente controversial por causa de los altos cargos gubernamentales que se vieron involucrados.

La operación Lava Jato todavía continúa en Brasil; los fiscales peruanos y mexicanos siguen investigando la constructora Odebrecht. Entonces, mientras el resto del mundo avanza en sus investigaciones, sería contraproducente que Panamá las detuviera antes de tiempo.

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