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La negociación para lograr excepciones al principio de especialidad

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El expresidente Ricardo Martinelli en el juicio que se le sigue en la justicia ordinaria por las escuchas. Esta negociación abriría las puertas para que enfrente otros procesos. Ana Rentería El expresidente Ricardo Martinelli en el juicio que se le sigue en la justicia ordinaria por las escuchas. Esta negociación abriría las puertas para que enfrente otros procesos. Ana Rentería Expandir Imagen
El expresidente Ricardo Martinelli en el juicio que se le sigue en la justicia ordinaria por las escuchas. Esta negociación abriría las puertas para que enfrente otros procesos. Ana Rentería

Los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos estarían por concluir un acuerdo mediante el cual se formalizaría el otorgamiento de excepciones al principio de especialidad que rige las extradiciones.

De acuerdo con fuentes consultadas tanto en Washington, Estados Unidos (EU), como en Panamá, ambos países llevan meses negociando un mecanismo que permita a cada Estado solicitarle al otro su consentimiento para que un extraditado, cualquiera que este sea, enfrente nuevos procesos judiciales.

Entre Panamá y Estados Unidos existe el Tratado de Extradición de Delincuentes suscrito en 1904.

En los convenios de esta naturaleza rige el principio o regla de especialidad, que establece que una persona extraditada debe enfrentar el proceso judicial por el cual fue extraditado.

En el evento de que surjan evidencias de otros actos delictivos contra individuos que ya han sido extraditados, el Estado que solicitó la extradición debería pedir al otro Estado un waiver o excepción a dicho principio para poder procesarlo.

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La negociación para lograr excepciones al principio de especialidad

A pesar de que la extradición que concedió EU a Panamá del expresidente Ricardo Martinelli en el caso de las interceptaciones telefónicas es el caso más sonado para los panameños –este no es el único al que aplicarían estas excepciones–, la génesis del acuerdo parece ser otra.

De acuerdo con las fuentes consultadas, cuya reserva ha garantizado este medio, EU tiene un interés particular en aquellas solicitudes de extradición que ese país hace a Panamá, particularmente las relacionadas con individuos vinculados con el narcotráfico.

En alguno de estos casos han surgido evidencias de la comisión de otros delitos una vez que los sospechosos ya han sido extraditados y se encuentran en territorio estadounidense. De acuerdo con los fiscales americanos, estos delitos quedarían impunes en caso de no contar con la autorización de Panamá, como Estado requerido, de poder imputarle a los sospechosos nuevos delitos.

Con base en el principio de reciprocidad, Panamá habría solicitado que se aplicara la misma regla.

EU y Panamá aplicarían el principio de reciprocidad para que los extraditados por ambos Estados puedan ser procesados por otros casos.

De ser así, podrían iniciarse nuevos casos contra el expresidente Martinelli por delitos distintos a los que se le juzga en la actualidad.

Para ello, de conformidad con el acuerdo alcanzado por ambos Gobiernos, el Ministerio Público debería tramitar ante el Departamento de Estado una solicitud de waiver o excepción a la regla de especialidad.

Martinelli fue extraditado por Estados Unidos el 11 de junio de 2018, luego de haber estado detenido casi un año en Miami, EU. El Órgano Judicial solicitó su extradición para que enfrentara acusaciones por violaciones a la privacidad de, al menos, 150 personas, entre dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y otros.

El 7 de diciembre de 2018, el pleno de la Corte declinó a la esfera ordinaria el caso de las escuchas, tras considerar que ese tribunal perdió competencia a partir de la renuncia de Martinelli como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En adición a dicho caso, la Corte Suprema de Justicia admitió entre 2015 y 2017, al menos, otros siete procesos penales contra el expresidente.

Los procesos están relacionados con la supuesta comisión de delitos, que incluyen la extralimitación de funciones y delitos contra la administración pública.

Los casos admitidos son por el contrato de la comida deshidratada para escuelas públicas; el de la compra de granos a través del extinto Programa de Ayuda Nacional y el proceso de Cobranzas del Istmo por el cobro irregular de impuestos.

Además, se admitió el caso relacionado con presuntas irregularidades en transacciones en la extinta casa de valores Financial Pacific; otro sobre un préstamo que otorgó la Caja de Ahorros para la construcción del centro de convenciones en Amador; y otro por supuesta extorsión a la empresa Impregilio para la construcción de un hospital en Veraguas.

En este último proceso, el 15 de febrero de 2018 el magistrado fiscal Luis Ramón Fábrega ordenó el archivo provisional.

En noviembre de 2017, el proceso relacionado con la compra de granos a través del desaparecido PAN fue archivado por la Corte.

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