ESCUCHAS TELEFÓNICAS :::::: INVASIÓN A LA INTIMIDAD

Se violaron derechos fundamentales

Entre los afectados figuran el expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares y el exvicepresidente y excanciller Samuel Lewis Navarro. Este tipo de espionaje es gravísimo porque afecta los derechos ciudadanos, según expertos de la región como José Miguel Vivanco y Catalina Botero.

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Gustavo Pérez (izq.) y Alejandro Garuz (der.) fueron aprehendidos por orden de la Fiscalía Auxiliar, luego de que se probara que en la administración anterior se interceptaron comunicaciones privadas. Gustavo Pérez (izq.) y Alejandro Garuz (der.) fueron aprehendidos por orden de la Fiscalía Auxiliar, luego de que se probara que en la administración anterior se interceptaron comunicaciones privadas.

Gustavo Pérez (izq.) y Alejandro Garuz (der.) fueron aprehendidos por orden de la Fiscalía Auxiliar, luego de que se probara que en la administración anterior se interceptaron comunicaciones privadas.

Se violaron derechos fundamentales Se violaron derechos fundamentales

Se violaron derechos fundamentales

‘Si uno sabe que lo vigilan [...] ya no será libre para expresar sus pensamientos e ideas’. ‘Si uno sabe que lo vigilan [...] ya no será libre para expresar sus pensamientos e ideas’.

‘Si uno sabe que lo vigilan [...] ya no será libre para expresar sus pensamientos e ideas’.

Este tipo de prácticas ‘son propias de un Estado totalitario, como los que existían en América Latina...’. Este tipo de prácticas ‘son propias de un Estado totalitario, como los que existían en América Latina...’.

Este tipo de prácticas ‘son propias de un Estado totalitario, como los que existían en América Latina...’.

Ningún secreto estuvo a salvo de la operación de interceptación de conversaciones que se desarrolló durante la presidencia de Ricardo Martinelli. La intimidad de políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, empresarios y dirigentes de la sociedad civil estaba en manos del Consejo de Seguridad Nacional.

Al exministro de Relaciones Exteriores Samuel Lewis Navarro, por ejemplo, le interceptaron varias conversaciones que sostuvo con “figuras importantes” de Estados Unidos. “Se interceptaron no solo conversaciones internas e íntimas, sino privadas con figuras importantes del extranjero. Conversaciones que nunca debieron ser interceptadas”, dijo el dirigente del Partido Revolucionario Democrático, quien se notificó en los últimos días ante la Fiscalía Auxiliar al ser una de las 150 personas cuya intimidad fue violada.

Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, dos de los cinco secretarios del Consejo de Seguridad Nacional de la era Martinelli, fueron imputados ayer por la Fiscalía Auxiliar en los cargos de violación a la intimidad y al secreto.

Se les condujo a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón, luego de que sus residencias fueran allanadas. Los oficiales encontraron en sus casas, además, armas de grueso calibre. El secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez Cedeño, informó anoche que por este caso se efectuaron 11 diligencias de allanamientos en Panamá, Chiriquí, Coclé y Veraguas. Además, dijo que las armas no tenían los permisos.

El diputado panameñista José Luis Varela es otro que está en la lista de infiltrados que ya se notificó ante la Fiscalía. “Había conversaciones entre mi esposa y mi hijo. Había mucha información, no solo de correos, sino conversaciones personales en mi oficina, que fueron grabadas”, dijo.

Se trata de cientos de hojas llenas de transcripciones de las conversaciones por correo electrónico, por teléfono, o en persona de cientos de panameños, entre los que también figuran los perredistas Mitchell Doens y Francisco Sánchez Cárdenas, y el expresidente Ernesto Pérez Balladares.

El tema, incluso, provocó reacciones internacionales. “Lo que está saliendo a la luz pública en Panamá gracias a las investigaciones judiciales es de la mayor gravedad y debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Es grave porque refleja que altos funcionarios del gobierno anterior aparentemente estaban violando el derecho a la privacidad de decenas de personas”, manifestó José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Martinelli evitó hablar a La Prensa, sin embargo, en Radio Panamá, culpó al gobierno de los procesos judiciales y alegó persecución política. “Las personas que están siendo acusadas, no se les cumple el debido proceso”, argumentó el exmandatario, cuyo hijo, Luis Enrique Martinelli, está casado con Marelisa Garuz, hija de Alejandro Garuz.

El presidente Juan Carlos Varela se desligó del asunto. “Eso es facultad del Ministerio Público”, aseguró.

En la era Martinelli se instauró una red de espionaje de largo alcance, que abarcó la compra de tres equipos: inicialmente compraron dispositivos para escuchar audio ambiente, luego adquirieron por $13.5 millones la máquina a la israelí M.L.M. Protection y por último compraron un tercero a la también compañía israelí NSO Group, empresa que de acuerdo con The Wall Street Journal, fue adquirida por la estadounidense Francisco Partners. Pérez y Garuz, quienes pasaron la noche en la DIJ, serán indagados hoy nuevamente.

Exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional

Jaime Trujillo

Julio-agosto 2009. Olmedo Alfaro

Agosto 2009-julio 2010.Julio Moltó

Julio 2010-marzo 2012.Gustavo Pérez

Marzo-septiembre 2012. Alejandro Garuz

Septiembre 2012-julio 2014.

Hay que identificar al que ordenó pinchazos

Las escuchas telefónicas ilegales que investiga el Ministerio Público, por las que han sido detenidos dos exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional, han generado opiniones entre defensores de los derechos humanos, como José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, y Catalina Botero, exrelatora de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Lo que está saliendo a la luz pública en Panamá, gracias a las investigaciones judiciales, es de la mayor gravedad y debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias”, dijo Vivanco. Y es grave, añadió, porque “refleja que altos funcionarios del gobierno anterior aparentemente estaban violando el derecho a la privacidad de decenas de personas, entre ellos, políticos y miembros de la sociedad civil”.

Según Vivanco, esto “es una infracción a estándares internacionales que garantizan la privacidad en tratados de derechos humanos actualmente vigentes y de los cuales Panamá es signatario”.

El activista explicó que no es admisible que en una sociedad democrática se le reconozca al Gobierno “el derecho de actuar como hermano mayor” para violar todas las comunicaciones, y que sobre la base de información privada, luego abusar de ella, prestándose para todo tipo de delitos incluyendo, por ejemplo, la extorsión.

“Todos los ciudadanos tenemos una expectativa de privacidad respecto a nuestras comunicaciones más personales, y eso incluye las electrónicas, correo, chats, llamadas telefónicas, etc. que –insisto– solo pueden ser intervenidas mediante orden judicial, habiendo una causa jurídica que así lo justifique [...] y en la que se pueda demostrar, en términos inequívocos, que la interceptación es imprescindible para prevenir delitos o para resolver una investigación penal”, explicó.

Vivanco dijo que este tipo de prácticas “son propias de un Estado totalitario, como los que existían en América Latina hace unos años o los regímenes de la guerra fría”.

Para el dirigente, no solo es muy importante, sino digno de aplauso la investigación que está impulsando la Fiscalía Auxiliar, “pero aquí lo más importante es que se llegue a las últimas consecuencias e identificar a aquellos que instigaron, planificaron, encubrieron o utilizaron estos servicios de interceptación de comunicaciones privadas durante el gobierno anterior”, afirmó.

‘Efectos dramáticos’

Por su lado, Catalina Botero explora los riesgos del espionaje tecnológico. Uno de ellos es la capacidad de los gobiernos de adoptar medidas de vigilancia selectivas destinadas, no a combatir el crimen, sino a espiar a los críticos, a los opositores o a los periodistas independientes.

“Este tipo de espionaje gubernamental –sostuvo– tiene un efecto dramático sobre todo el conjunto de derechos. En primer lugar, se produce una afectación del derecho a la privacidad, es decir, del derecho a poder actuar en la esfera privada con la expectativa de que nadie nos vigila. Si se pierde esa expectativa, se pierde la posibilidad de actuar en libertad en esa esfera íntima y con ello, se hipotecan muchos de los derechos que deben ser defendidos en una democracia”.

Botero cita ejemplos: “Si uno sabe que lo vigilan o que pueden vigilarlo, ya no será libre para expresar sus pensamientos e ideas sin miedo a represalias posteriores, y ello afecta gravemente la libertad de expresión. Tampoco se sentirá con la tranquilidad de expresar libremente sus preferencias religiosas, políticas o incluso sexuales y ello viola el derecho a tener un credo, una opción política o una preferencia sexual”.

La lista de derechos susceptibles de ser afectados por políticas abusivas de vigilancia es enorme, agregó Botero, como el derecho de la prensa a la reserva de la fuente, o del abogado o el médico, al secreto profesional, entre otros derechos esenciales para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática.

Tan importante es el derecho a la privacidad para proteger la libertad y la democracia que la Asamblea General de Naciones Unidas ha proferido en los últimos meses dos resoluciones sobre el tema, precisó.

Importantes teóricos de la democracia señalan que una de las diferencias más importantes entre un Estado totalitario y uno democrático es que, mientras en aquel las actuaciones del gobierno son secretas y la gente no tiene expectativa de privacidad, en este, las actuaciones del gobierno son públicas y las personas tienen el derecho a que se respete la vida privada, especialmente, frente al gobierno de turno, indicó Botero.

Formulan cargos a Pérez y a Garuz

La Fiscalía Auxiliar de la República inició de oficio una investigación por los “pinchazos” telefónicos ejecutados durante el pasado gobierno de Ricardo Martinelli.

Ayer, en horas de la madrugada, se realizaron 11 allanamientos simultáneos, cuyo resultado fue la detención de los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, quienes fueron trasladados a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde fueron ubicados en celdas individuales. A ambos se les acusa por el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Personal de la DIJ detuvo a Pérez en su casa, en Brisas de Amador, y a Garuz, en su residencia, en el sector de Dos Mares. Además, la DIJ hizo allanamientos en la vivienda de la madre de Pérez, ubicada en San Francisco, y en las oficinas de Panamá Ports Company.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público hay otros dos exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional a los que la Fiscalía Auxiliar le ha formulado cargos, pero sus nombres no fueron revelados.

Cristóbal Arboleda, abogado de Alejandro Garuz, fue el primero en presentarse a la DIJ. Lo hizo a las 9:30 a.m. y a su salida manifestó que la retención de su cliente no se amerita, ya que el delito del que se le acusa tiene pena de prisión de dos a cuatro años.

En tanto, Armando Fuentes, defensa legal de Pérez, expresó que esperará la actuación judicial referente a los cargos que se le imputan para iniciar sus acciones legales.

Tras las declaraciones de ambos juristas, Pérez fue trasladado a la Fiscalía Auxiliar para rendir indagatoria. Garuz se mantuvo en una de las celdas de la DIJ.

Minutos después, exactamente a las 10:00 a.m., la procuradora Kenia Porcell, en una conferencia de prensa, informó que la investigación de escuchas telefónicas sin autorización judicial no es parte de la que se sigue en la Fiscalía Anticorrupción por la pérdida de un equipo del Consejo de Seguridad.

De acuerdo con Porcell, el caso que adelanta la Fiscalía Auxiliar es sobre escuchas telefónicas para intervenir las comunicaciones, capturar mensajes de BlackBerry Messenger, WhatsApp, mensajería de correo electrónico, receptar audio de ambiente, acceso a las agendas telefónicas, información de las tarjetas de memoria y ubicar el sitio donde estaba el teléfono celular.

Explicó que la confirmación se dio tras las declaraciones de algunas de las víctimas. “Se ha corroborado que la información que existe en el expediente (que fue interceptada) coincide con la información reservada en sus correos y su información personal”, dijo.

Manifestó que la conferencia se registró en aras de dar tranquilidad a la ciudadanía y no revictimizar a las víctimas. “El sumario contiene información reservada, confidencial e íntima de determinadas personas”, destacó.

Adelantó que el fiscal Marcelino Aguilar se comunicará con las personas que fueron víctimas de los pinchazos telefónicos para que conozcan lo sucedido y decidan si quieren ser querellantes en la investigación.

“Hasta este momento no se ha encontrado que una autoridad judicial haya autorizado que terceras personas, utilizando el Consejo de Seguridad Nacional, hayan tenido acceso a esa información privada”, detalló.

Señaló que entre los afectados hay miembros de partidos políticos, comunicadores sociales, sindicalistas, dirigentes de las comarcas, miembros de la sociedad civil y empresarios.

Además, negó que la investigación responda a asuntos políticos. “No tengo ninguna vinculación con actividad política y como yo dije, el Ministerio Publico tiene que actuar con firmeza porque tenemos que responder a una sociedad”, dijo.

Indicó que las máquinas de espionaje no se han ubicado y descartó que estén en la Policía Nacional.

“Esos equipos están desaparecidos, nadie da fe de ellos. Se han hecho muchas diligencias”, expresó.

Por su parte, Aguilar informó que un peritaje forense permitió obtener pruebas e información de una computadora lap top que pertenece al Consejo de Seguridad. De ella se recuperaron algunos correos electrónicos, mensajes y audios captados desde los celulares de las víctimas.

Sin mencionar nombres, Aguilar aseguró que las pruebas han demostrado la participación directa de exfuncionarios del Consejo de Seguridad y por ello se ordenó la indagatoria de Garuz, Pérez y los otros dos exfuncionarios.

En horas de la noche y a su salida de la fiscalía, Armando Fuentes, abogado de Pérez, dijo que su cliente se considera inocente de los cargos que se le imputan; mientras que Cristóbal Arboleda, defensor de Garuz, manifestó que la diligencia de indagatoria fue suspendida y que se realizará hoy, a las 7:00 a.m. Ambos exfuncionarios fueron trasladados de vuelta a las celdas de la DIJ.

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