Análisis

Las fracturas de un fallo

La lectura detallada de la decisión en el caso pinchazos evidencia errores jurídicos fundamentales.

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Ese mismo año, 2011, Rony Rodríguez (a) Didier y William Pittí (a) Guillermo me dijeron que había un sistema que se estaba utilizando y que el Presidente quería que nosotros nos hiciéramos cargo, pero para ellos (sic) debían capacitarnos; lo operaba un tal Espinoza y Carlos Arjona era quien le daba el soporte; fuimos capacitados en unas oficinas ubicadas en el segundo piso del Súper 99 de Punta Pacífica, donde estaban los servidores del nuevo sistema Da Vinci, un programa de vigilancia de tecnología italiana de la empresa Hacking Team”.

Así aparece citado textualmente en la página 20 del fallo de los pinchazos que declaró no culpable al expresidente de la República Ricardo Martinelli. La cita es de la declaración del testigo protegido, quien parece ser el verdadero protagonista del caso y cuyo nombre es el más mencionado en las 114 páginas del documento presentado el lunes 26 de agosto de 2019. El Tribunal de Juicio Oral parece que quisiera castigar al testigo protegido y no le importa mencionarlo por nombre, acabando con cualquier prurito de protección de su identidad.

La histórica decisión tiene dividida a la Nación que, lejos de conocer la verdad sobre el caso de los pinchazos, ha quedado más confundida. El fallo tiene errores jurídicos fundamentales y errores de apreciación de las pruebas, pero también evidencia que el proceso de investigación adelantado por el Ministerio Público de Ana Belfon y el magistrado fiscal Harry Díaz no fue el óptimo.

La lectura detenida del fallo muestra la intención manifiesta de los tres jueces del tribunal de descalificar a toda costa el caudal probatorio. Por ejemplo, a pesar de que uno de los testigos declaró haber recibido la orden de seguir al doctor Mauro Zúñiga y este galeno aceptó que fue seguido y acosado, el tribunal descarta la evidencia, porque Zúñiga no hizo denuncia o no le tomó una foto o registró el número de placa del automóvil de sus perseguidores. Además, Zúñiga afirma haber sido seguido más veces y en otras ocasiones que las que reconoce el testigo, pero para el tribunal no cabe la posibilidad de que múltiples agentes del Consejo de Seguridad (CSN) tuvieran esta asignación, sino únicamente el testigo que participó del caso.

Más errores

Otro ejemplo muy evidente de las intenciones del tribunal es la forma en que se descartan varios testimonios sobre el traslado de parte del mobiliario utilizado para las interceptaciones a Monte Oscuro, a las oficinas que los testigos identificaron como una de las empresas de Martinelli. Estas declaraciones fueron descartadas porque un testigo afirmó que el color de los uniformes del personal de seguridad que ayudó a bajar el equipo era gris y otro afirmó que era chocolate.

Otros ejemplos, de la intención manifiesta del tribunal es el rechazo de la prueba de que las intervenciones telefónicas no tenían orden judicial, porque supuestamente el origen de esta prueba era parte de una diligencia del Ministerio Público. Esa prueba fue una certificación de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La prueba había sido aceptada en la fase intermedia del proceso. El Tribunal se extralimitó al negar esta prueba, e irrespetó doblemente a la CSJ al descartar una prueba que el mayor tribunal de justicia produjo y esta aceptó incorporar como parte del caso.

Igualmente, descartó la traducción al español de las facturas de compra del sistema de interceptación a la empresa israelí proveedora del servicio. También se rechazaron los registros migratorios y de hospedaje en un hotel que demostraban que el equipo de capacitadores israelí había venido a Panamá varias veces. Con esta lógica se crea una situación en la que no hay pruebas de que los pinchazos fueron ilegales, de que se compró el equipo y de que se capacitó a los pinchadores, por lo tanto el caso de los pinchazos tenía que caerse.

Recordemos que el caso implicaba cuatro cargos por delitos distintos: dos por interceptación de comunicaciones y dos por peculado. Cada uno de los cuales se debía sostener con los testimonios y peritajes. El tribunal negó los cargos de peculado por la ausencia de una auditoría específica de la Contraloría y porque no se pudo constatar que Martinelli era quien tenía a su cargo los bienes del CSN.

En materia probatoria sobre el tema de peculado, la justicia panameña tiene un serio problema. Por una parte, el juez Leslie Loaiza, del Juzgado Decimoquinto de lo Penal (a quien le ha correspondido misteriosamente la gran mayoría de los casos de alto perfil), ha descartado -de manera arbitraria- las auditorías de la Contraloría como prueba de peculado. Mientras que el Tribunal de Cuentas las ignora y el Tribunal de Juicio Oral del caso de los pinchazos, a pesar de que cuenta con libertad probatoria, exige una auditoría para comprobar este cargo. Este delito se puede probar de múltiples formas. Si se acepta como cierto el testimonio del empresario Stanley Motta, quien reconoció que una de sus comunicaciones intervenidas era acerca de un empleado de la televisora de la cual él es uno de los propietarios. Esa persona es, desde entonces, uno de los empleados de más alto perfil de una televisora de la que el acusado de este caso es accionista. Una apreciación distinta de esta prueba habría significado que se pudieron haber utilizado bienes públicos para intervenir a un particular con fines comerciales.

De chistes

El fallo también contiene sus aspectos humorísticos. Por ejemplo, en la página 8, al aceptar la versión de la defensa de que no habían tenido un acceso adecuado a las siete carpetas de las transcripciones de las interceptaciones, el tribunal produjo una cantinflada. “ Sobre el particular, entre otros aspecto, se sustentó al Tribunal de Juicio que las evidencias digitales (discos compactos) y documentales proveniente de los anteriores, no fueron develadas en debida forma a la defensa en la etapa intermedia, por cuanto solo uno de los abogados tuvo acceso visual a las documentales por espacio de unos días (Lic. Carlos Carrillo), toda vez, que la reproducción de las mismas estuvo vedada, por lo que no pudieron prepararse para el contradictorio en juicio…”. En realidad el tribunal lo que está diciendo es que los nueve meses que la defensa tuvo en conocimiento el contenido de las siete carpetillas no les permitió prepararse.

Además, este absurdo omite el hecho de que el propio tribunal le dio acceso a las siete carpetillas al acusado y a todos sus defensores y que por esta razón el juicio fue suspendido por múltiples días. Con estos argumentos tan débiles, el tribunal descartó las siete carpetillas, prueba esencial en este caso, y que había sido aceptada por la CSJ al concluir la fase intermedia del caso.

En la página 40 del fallo, se ilustra la actitud del tribunal al entrar en una larga y fútil discusión sobre la existencia de una impresora Konica-Minolta en el CSN, la cual servía para imprimir los informes de las interceptaciones. El tribunal quiere descalificar lo dicho por el testigo protegido y lo confronta con las declaraciones de la jefa de Informática del CSN con el propósito de demostrar que dicha impresora no existía, porque no estaba en el inventario de la institución. A medio camino de la redacción de esta parte del fallo parece que se dieron cuenta que la declaración del famoso perito informático de este caso ya había confirmado la existencia de dicha impresora. Quizás el apuro de presentar el fallo por escrito le impidió al tribunal editar adecuadamente esta parte del documento.

Los tres jueces del tribunal están conscientes de que el fallo será leído y analizado nacional e internacionalmente. Con estos propósitos, el documento está lleno de contenido teórico-doctrinal, que en la mayoría de las veces es irrelevante para la argumentación y en otros casos se nota forzada la relación de la doctrina citada con la argumentación.

El fallo utiliza mucho la doctrina penal colombiana reciente. Sin embargo, es una lástima que no se hubiera consultado la jurisprudencia del vecino país sobre los casos de interceptaciones ilegales conocidos como las chuzadas, que tuvo como una de sus protagonistas a María del Pilar Hurtado, conocida y protegida de los recientes gobiernos panameños.

Algunos de los alcances del fallo son sumamente problemáticos, porque cambian ampliamente la realidad histórica que vivió el país. Así como se afirma en la página 61, que “ debemos señalar que a lo largo del juicio oral no se acreditó que el hoy acusado mantuviera a su disposición o custodia dinero, valores o bienes”. Esa sería la conclusión histórica más desatinada sobre el período presidencial 2009-2014, creando un precedente para múltiples otros casos. Me imagino que los abogados defensores de los expresidentes peruanos implicados en la trama de corrupción de Odebrecht gustarían de jueces que compartan esta interpretación.

¿Cambiar la historia?

El caso de los pinchazos sigue incierto. Una decisión judicial del Tribunal Superior de Apelaciones o de la Sala Segunda de la CSJ puede cambiar su destino. De ocurrir un nuevo juicio, queda claro que, tanto el Ministerio Público como la defensa y la querella, tendrán que llevar todos sus testigos y exponer, de forma completa, los argumentos y las evidencias que fueron determinadas en la fase intermedia de este proceso.

Los panameños estamos en las manos de otros jueces y de magistrados de la CSJ que tienen la oportunidad de sanear una decisión histórica, y de demostrar que en Panamá si es cierto lo de “igualdad de armas” en los procesos judiciales.

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