DIVERSIDAD. El llamado urgente de la CORTE IDH

Cuando los Estados fallan

‘Ninguna norma puede disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual’, dice el presidente de la Corte IDH.

18 quejas por discriminación

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En el medio, Roberto F. Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el medio, Roberto F. Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Expandir Imagen
En el medio, Roberto F. Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ana Rentería

Desde Panamá, el presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), Roberto F. Caldas, envió un mensaje contundente a todos los Estados del continente: que cumplan con su obligación de garantizar los derechos humanos de la población compuesta por Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (Lgbti).

“Es preciso recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos protege los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género”, advirtió Caldas, ante activistas de la población Lgbti, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación, que asistieron a la apertura de un conversatorio sobre orientación sexual e identidad de género, organizado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y la Corte IDH.

El presidente del tribunal internacional concentró su discurso en la violencia de la que es objeto esta población. Recordó cifras contenidas en un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que recoge casos de 2013 y 2014. “Por desgracia, la violencia y la discriminación en contra de esas personas se ha generalizado en gran parte de los Estados de América”, contó el jurista brasileño.

Añadió que en un periodo de 15 meses, la CIDH encontró que se cometieron, al menos, 770 actos de violencia contra estas personas.

Y contó también que en los primeros tres meses de este año se cometieron 41 crímenes, solamente en seis países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Estados Unidos y Venezuela.

“Estas preocupantes cifras dan cuenta de la situación de vulnerabilidad en que este grupo de personas se encuentra en razón de su orientación sexual y de identidad de género. La violencia y discriminación de género de las personas Lgbti no se limitan a los actos cometidos en su contra por parte de terceros. En muchos casos, los Estados fallan en su obligación de reconocer a estas personas como verdaderos sujetos de derechos (...)”, aseguró.

Reiteró que los países tienen, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y de la normativa del sistema interamericano, la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las personas Lgbti gocen de sus derechos.

“Ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno puede disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”, sostuvo.

La Corte IDH trasladó a Panamá esta semana su 58 período de sesiones extraordinarias, y aunque los asuntos vinculados a la orientación sexual y la identidad de género no están entre los temas que analizarán los siete jueces de este tribunal en las audiencias, el tema genera interés en el país a raíz de que la Corte Suprema de Justicia analiza recursos para que se declaren inconstitucionales disposiciones que establecen que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.

UNA LEY PARA NO DISCRIMINAR

Los grupos que asistieron al conversatorio reflexionaron sobre las condiciones en las que vive este segmento de la población en Panamá.

Ricardo Beteta, de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá recordó, por ejemplo, que desde hace más 10 años han intentado, sin éxito, que se legisle a favor de que no se discrimine por orientación sexual e identidad de género.

El activista contó que en el quinquenio que gobernó Martín Torrijos Espino (2004-2009) el proyecto de ley que persigue la discriminación llegó a primer debate en la Asamblea Nacional y allí se quedó. “No avanzó por presiones de grupos fundamentalistas”, explicó. “No tenemos políticas que prevengan el estigma y la discriminación en general. Hasta 2008 ser homosexual era penado con falta administrativa”, añadió.

Iván Chanis, de la Fundación Iguales, sugirió hacer uso de los mecanismos que en materia de protección brinda el sistema interamericano.

Mientras que miembros de la Alianza Pro Igualdad contaron que trabajan en un observatorio de medios para documentar la manera como se reporta en los medios de comunicación lo referente a la población Lgbti.

18 quejas por discriminación

En lo que va del año, la Defensoría del Pueblo ha recibido 18 quejas por presunta discriminación. De estas, 11 están bajo investigación, mientras que las 7 restantes fueron cerradas. Asimismo, de enero a agosto del año en curso, la Defensoría del Pueblo ha admitido 12 quejas por presuntas violaciones a derechos de las mujeres, como el de la igualdad de género. En una de las quejas en mención, aparece como víctima una adolescente transgénero.

La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 1, dice: “Los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

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