operativo de seguimiento

Vinculan a funcionarios a red para estafar al Estado

La fiscalía realizó detenciones y allanamientos. En un operativo se halló hojas membretadas en blanco del Registro Público, el Órgano Judicial, la Anati y la DGI.

Vinculan a funcionarios del Registro Público con red criminal que estafó al Estado con fincas sin valor para excarcelar a personas asociadas a diversos delitos.

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Nueve fincas en zonas inhóspitas, usadas para excarcelaciones, que poseen sociedades como Reforestadora San Cristóbal, tienen los mismos dignatarios, apoderados y tramitadores. Archivo Nueve fincas en zonas inhóspitas, usadas para excarcelaciones, que poseen sociedades como Reforestadora San Cristóbal, tienen los mismos dignatarios, apoderados y tramitadores. Archivo

Nueve fincas en zonas inhóspitas, usadas para excarcelaciones, que poseen sociedades como Reforestadora San Cristóbal, tienen los mismos dignatarios, apoderados y tramitadores. Archivo

La administradora del Registro Público en Panamá norte y dos funcionarios de Colón fueron detenidos, luego que la Fiscalía de Descarga realizara allanamientos simultáneos para desarticular una red criminal que estafó al Estado con fincas de poco valor utilizadas como garantías para fianzas de excarcelación.

Tras un operativo de seguimiento, las autoridades analizaron documentación que habría ingresado la red de manera irregular a los juzgados, con la supuesta participación de funcionarios del Registro Público, el Órgano Judicial, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y la Dirección General de Ingresos.

La aprehensión de los funcionarios y de Luis Noriega -uno de los apoderados de las fincas “sacapresos”- se ejecutó a mediados de diciembre pasado. En la residencia de Noriega se incautaron seis celulares, seis computadoras, cámaras fotográficas y una gran cantidad de documentos que son analizados desde el pasado sábado.

Una fuente vinculada a la investigación informó que Noriega poseía hojas membretadas en blanco de las entidades mencionadas que habrían sido reportadas como sustraídas.

El caso de las fincas “sacapresos” se reabrió tras una investigación de La Prensa que detectó que 7 sociedades que poseen más de 400 inmuebles en zonas rurales, en estado deplorable y sin servicios básicos, son sobrevalorados y utilizados en fianzas hipotecarias en procesos judiciales, sin la oposición de los jueces.

Desmantelan red de fincas fraudulentas

Cinco personas, entre ellas funcionarios del Registro Público que supuestamente servían de enlace a una red criminal que se dedicaba a falsificar documentos públicos en el escándalo de las llamadas fincas “sacapresos”, fueron detenidas en allanamientos simultáneos que realizó la Fiscalía de Descarga en dos viviendas en la ciudad capital.

En la operación fueron detenidos los funcionarios Samantha Bush y Yahir Dupuy (en Colón), así como Áurea Caballero, administradora del Registro Público en Panamá norte. También fue arrestado Luis Noriega, apoderado de varias fincas sobrevaloradas ubicadas en Coclé y utilizadas como garantías en fianzas de excarcelación.

Posteriormente se logró la captura de Rodrigo Muñoz, en Villa Grecia, Las Cumbres. Muñoz aparece como tramitante en varias sociedades que poseen terrenos sobrevalorados y que son utilizados en las fianzas de excarcelación.

A todas estas personas se les imputa por la supuesta comisión de delitos de estafa agravada, contra la fe pública y contra el patrimonio económico, en la modalidad de falsificación de documentos públicos.

Meses antes, La Prensa detectó que el Estado dejó de percibir más de $5.1 millones, en un periodo de nueve meses. Se contabilizaron unas 100 fianzas que fueron garantizadas con fincas de escaso valor, pero con el aval de juzgados, a fin de conceder libertad a favor de personas acusadas de distintos delitos.

Los jueces consultados por este medio confirmaron que ellos no visitan las fincas que se presentan en garantía para las fianza de excarcelación.

La red reclutó a funcionarios del Órgano Judicial, de la Dirección General de Ingresos (DGI) y de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).

Una fuente vinculada a las investigaciones reveló que se giraron órdenes de detención contra funcionarios, abogados y particulares, a quienes se les relaciona con las operaciones fraudulentas para las excarcelaciones.

Pesquisa periodística

La operación es parte de la pesquisa que reabrió la Fiscalía de Descarga en marzo pasado, tras una investigación de La Prensa que puso al descubierto que terrenos de la sociedad Reforestadora San Cristóbal y de otro puñado de empresas fueron sobrevalorados, pese a su estado deplorable, pero que eran aceptados por jueces en garantía de las fianzas de excarcelación. (Ver tabla).

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Vinculan a funcionarios a red para estafar al Estado

La investigación de este medio detectó, además, que Muñoz dividió una finca de poco valor en tres lotes, a los que asignó un monto global de $7 millones para ser utilizados en las excarcelaciones.

Cuando este diario fue en busca de Noriega y Muñoz a las direcciones aportadas a los juzgados, no existían oficinas en esos lugares.

Papeles oficiales

En el allanamiento a la residencia de Noriega se hallaron hojas membretadas en blanco de diversas entidades; notas dirigidas a juzgados en las que certifican fincas para procesos judiciales; consignaciones a tribunales, y recibos de transferencia de dinero a funcionarios, entre otros documentos que son analizados por la fiscalía.

Se decomisaron seis computadoras en las que se presume fueron elaboradas las falsas certificaciones de Anati y los documentos de paz y salvo de la DGI introducidas en los juzgados.

Durante el allanamiento a la vivienda de Luis Noriega, se encontraron recibos, entre ellos, para la fianza de Porfirio Ellis. Expandir Imagen
Durante el allanamiento a la vivienda de Luis Noriega, se encontraron recibos, entre ellos, para la fianza de Porfirio Ellis.

También se encontraron varias libretas de recibo de pago por el uso de las fincas, entre ellos uno por $40 mil que entregaría el coordinador político de Cambio Democrático, Porfirio Bolita Ellis, por el caso que tenía por el escándalo de corrupción en el desaparecido Programa de Ayuda Nacional. (Ver facsímil).

Otros políticos y empresarios beneficiados con estas fincas son los exministros de Educación Belgis Castro y Salvador Rodríguez; el exgobernador de Coclé Richard Fifer, y el comerciante Juan Carlos Marciaga.

La red utilizó fincas que no cuentan con vías de acceso, agua, luz o teléfono, pero son aceptadas sin problema en los juzgados para liberar a políticos, exfuncionarios, empresarios, homicidas y narcotraficantes.

El artículo 221 del Código Penal, contenido en el capítulo tercero sobre estafas y otros delitos, indica que si la lesión patrimonial excede de $100 mil o si se comete en detrimento de la administración pública, la sanción será de 5 a 10 años de prisión.

Investigación del MP

Al ser indagada, Samantha Bush –hija del exlegislador Miguel Bush– aseguró desconocer estas operaciones irregulares y que no tenía ninguna relación con Noriega. Sin embargo, en el interrogatorio, este último afirmó que eran “amigos” desde hacía cinco años.

Entre los documentos incautados por el Ministerio Público (MP) se encuentran copias de pagos que habría hecho Noriega a Bush a través de un banco de la localidad; no se detalla el motivo.

Al ser consultado el exlegislador Bush sobre la condición judicial de su hija, aseguró que ella no está implicada en los ilícitos y que entre sus funciones en el Registro Público no está la verificación de la autenticidad de los documentos que ingresan las personas a esa entidad.

“Los certificadores en Colón son el director y [Yahir] Dupuy, que es el asistente, y son los únicos que tienen firma para las certificaciones”, señaló Miguel Bush.

Agregó que en la nota de aprehensión de su hija se le atribuyen funciones que no son parte de su trabajo.

Y es que la nota indica que Samantha Bush y Yahir Dupuy tenían entre sus funciones “la revisión y fiscalización de todos los documentos que entran al Registro Público presentados por las partes para que estos puedan entrar a un filtro minucioso y las fincas presentadas ante los tribunales puedan servir para las fianzas de excarcelación, sin embargo, saltan a la vista múltiples documentaciones conocidas como certificaciones, paz y salvos, auto de calificaciones favorables que llevan sus firmas”.

En cuanto a los recibos de pago hechos a su hija, Bush aseguró que no constituyen prueba.

“Eso no quiere decir que ella alteró o falsificó o permitió pasar algo que no tenía acceso. Ella no tiene que ver con la alteración del precio de la finca”, insistió.

El exlegislador aseguró que “Noriega pudo enviarle un millón de dólares [a su hija], pero de eso no es de lo que se le acusa. La están acusando es de falsificación”.

Fincas en Coclé Expandir Imagen
Fincas en Coclé

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