PAITILLA

Tribunal Superior de Justicia revoca fallo del Sea Point

El fallo del tribunal revoca la sentencia del Juzgado Tercero Civil, que había ordenado suspender el permiso de construcción del proyecto Sea Point, en Paitilla.

Las doctrinas promueven la indefensión

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El fallo del tribunal revoca la sentencia del Juzgado Tercero Civil, que había ordenado suspender el permiso de construcción del proyecto Sea Point, en Paitilla.  El fallo del tribunal revoca la sentencia del Juzgado Tercero Civil, que había ordenado suspender el permiso de construcción del proyecto Sea Point, en Paitilla. Expandir Imagen
El fallo del tribunal revoca la sentencia del Juzgado Tercero Civil, que había ordenado suspender el permiso de construcción del proyecto Sea Point, en Paitilla. LA PRENSA

El Primer Tribunal Superior de Justicia revocó una decisión del Juzgado Tercero Civil que había suspendido la orden de hacer contenida en el permiso de construcción para la edificación del proyecto inmobiliario Sea Point, en Paitilla, corregimiento de San Francisco.

El fallo, con fecha del pasado 6 de octubre, ordena a la Dirección de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá levantar la suspensión del permiso de construcción del Sea Point, que había sido dictada mediante sentencia del 11 de agosto por el citado juzgado, tras acoger un amparo de garantías constitucionales del abogado Harley Mitchell Morán.

Bajo la ponencia del magistrado Carlos Trujillo y con el aval de sus colegas Miguel Espino y Olga Rujano, el tribunal señaló que Harley Mitchell Morán carecía de legitimidad para presentar el amparo, entre otras razones, por la falta de representatividad, ya que no reside en Paitilla, lugar donde se ejecuta la obra. También argumentaron que violó el término de tres meses establecido por la ley para la presentación de este tipo de recursos.

El fallo del tribunal superior de justicia ha generado una serie de reacciones a favor y en contra de la decisión adoptada.

Mitchell Morán se mantiene en la posición de que la obra se construye sobre un espacio marino inadjudicable y que esa situación debe ser resuelta, por lo que no cesarán en la lucha para que se corrija lo actuado.

Mientras, Jorge Molina, abogado de la promotora, sostuvo que con este fallo “se está corrigiendo un grave error judicial” que se dio en perjuicio del proyecto Sea Point.

REVOCAN SUSPENSIÓN DEL SEA POINT

El Primer Tribunal Superior de Justicia revocó un fallo del Juzgado Tercero de Circuito Civil que había suspendido la orden de hacer contenida en el permiso de construcción aprobado por la Dirección de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá, para la edificación del proyecto inmobiliario Sea Point, en Paitilla, corregimiento de San Francisco.

El fallo, con fecha del 6 de octubre de 2017 y con la ponencia del magistrado Carlos Trujillo, ordena levantar la suspensión del permiso de construcción No. 869-2015 del 7 de septiembre de 2015, correspondiente al proyecto Sea Point.

La decisión del tribunal, avalada también por los magistrados Miguel Espino y Olga Rujano, responde a una apelación que interpuso Luis Carlos Vidal Castillo, en representación de la sociedad Shoreline Properties, Inc. — dueña de la finca donde se construye la obra—, quien interviene como “tercero interesado coadyuvante”, contra la sentencia del 11 de agosto de 2017, emitida por el citado juzgado.

El juzgado dictó la referida sentencia tras conceder un amparo de garantías presentado por el abogado Harley Mitchell Morán contra la la orden de hacer del permiso de construcción para el proyecto.

El Sea Point, ubicado en Paitilla, corregimiento de San Francisco, hasta agosto pasado registraba un 45% de avance. Expandir Imagen
El Sea Point, ubicado en Paitilla, corregimiento de San Francisco, hasta agosto pasado registraba un 45% de avance.

El tribunal plantea que existen méritos para revocar la medida que adoptó el juzgado, ya que la demanda presentada por el abogado Mitchell Morán no cumple con los requisitos para este tipo de acción constitucional.

Los magistrados consideran que el amparo de garantías sirve para la protección de los derechos fundamentales de quien resulte perjudicado o lesionado por la expedición de un acto de autoridad pública.

En este caso, señala el tribunal que el abogado Mitchell Morán, quien comparece como demandante, actúa en su propio nombre y en representación de los bienes inadjudicables del Estado, ya que en su demanda alega que parte del edificio Sea Point se construye sobre fondo de mar de la bahía de Panamá.

En este aspecto el tribunal indica que Mitchell Morán reside en el corregimiento de Betania y por lo tanto no es parte de la comunidad de Paitilla, a la que afirma que se está afectando con la construcción del edificio.

Además, señalan que le asiste razón al recurrente cuando señala que el artículo 17 de la Constitución, “ no resulta aplicable en este caso, puesto que la garantía constitucional contenida en dicha norma es la protección a la vida, honra y dignidad de las personas privadas, no así a la vida y honra, bienes y dignidad del Estado, que es a quien le pertenece el derecho a propiedad del bien que en la demanda se alega menoscabado”.

Los magistrados también explican que la presentación de un amparo debe producirse a más tardar tres meses a partir de la notificación del acto que ocasiona la supuesta afectación o desde la fecha en que la persona tuvo conocimiento de este, pero destacan que la demanda se presentó pasado ese término de tiempo.

Además, consideran que es notorio el avance de la construcción del proyecto y que por ello se han generado un sinnúmero de hechos y relaciones jurídicas, ante las cuales el amparo no es un mecanismo procedente.

Alegan que ante hechos consumados y la variedad de relaciones jurídicas que pudieran ser afectadas, la solución jurídica sería mediante reparaciones indemnizadoras o sancionadoras que deben ser atendidas en otras instancias.

Por otra parte, recalcan que “ la finca en donde se adelanta el proyecto es propiedad de la sociedad Shoreline Properties Inc., propiedad que no ha sido anulada, invalidada o impugnada legalmente en forma alguna, por lo tanto, no puede admitirse que a través de un amparo, propuesto por quien carece de legitimidad para ello, se afecte el derecho a la propiedad privada, de un particular, que también constituye un derecho protegido constitucionalmente”.

POLÉMICA DECISIÓN

La acción aplicada por el tribunal superior tomó por sorpresa a los residentes de Paitilla, quienes dijeron sentirse decepcionados.

“Hemos quedado boquiabiertos y asombrados” con esta decisión, comentó Teresa de la Guardia, una de las vecinas del sector.

Estimó que la decisión ha dejado a los residentes “decepcionados, con un sabor muy amargo y con muchas dudas sobre el sistema judicial”.

De la Guardia dijo que lo más lamentable es que con este tipo de fallos se evidencia que no hay quien vele por la calidad de vida de los ciudadanos.

En tanto, el abogado Mitchell Morán señaló que, aunque respeta el acto, no está de acuerdo con este, toda vez que se están recortando los derechos de la población de poder defender la cosa pública ante la inacción de las autoridades.

Así mismo, añadió que analizan el panorama actual para ver qué otro tipo de acciones se puedan ejecutar.

Por su parte, Jorge Molina, abogado de la promotora, aplaudió la acción del Primer Tribunal Superior, pues, a su juicio, con este fallo “se está corrigiendo un grave error judicial”.

Añadió que la empresa que representa ha tenido pérdidas de aproximadamente un millón de dólares desde que en agosto pasado se ordenara suspender la obra.

El abogado sostuvo que el haber interrumpido la edificación del inmueble afectó “gravemente la seguridad jurídica”.

El Sea Point consiste en la edificación de 3 torres de 30 plantas y 108 apartamentos.

Las doctrinas promueven la indefensión

Los argumentos utilizados por el tribunal para rechazar el amparo son de dos tipos: motivos formales y algunas doctrinas judiciales sobre la tutela de los bienes públicos y los derechos ciudadanos. En materia formal, el tribunal considera que el abogado Harley James Mitchell Morán no tenía legitimación para interponer el amparo en nombre propio, porque no es residente de Paitilla. Además, el tribunal consideró que el aporte de pruebas fuera de la etapa procesal merecía ser causal para el rechazo del amparo.

Como doctrinas judiciales, el Primer Tribunal Superior invoca tres principios preocupantes. El tribunal considera que como hay “hechos cumplidos”, y se afectan relaciones jurídicas con terceros, y que el amparo no es la vía para corregir una violación de los derechos constitucionales. A pesar de que el tribunal acepta que un privado se apropió de bienes públicos inalienables, los magistrados consideraron que se podía indemnizar dicha apropiación. Esto es lo que prohíbe la Constitución, en su artículo 258, cuando dice que estos bienes son de dominio público. Además, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Ley 38 de 1995) establece, de forma más enérgica que el principio constitucional, en el numeral 2 del artículo 2, que estos bienes son propiedad del Estado y están sujetos a su soberanía, es decir, son inalienables.

Cuando el tribunal afirma que lo que cabe es una indemnización, en la práctica está creando una compraventa forzosa de bienes estatales. La más peligrosa de las doctrinas es la reiteración de que el amparo no se puede usar para la defensa de intereses difusos o de bienes públicos. En la práctica esta jurisprudencia ha colocado a los ciudadanos y al propio Estado en la indefensión. Finalmente, el efecto más negativo de esta decisión es el precedente establecido, porque este tribunal acaba de legitimar la apropiación descarada de los bienes públicos. En otras  palabras, el robo de lo que nos pertenece a todos.

*El autor es abogado

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