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Sábado picante

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Hoy quiero abordar un tema sensible. Lo es porque para muchos Panamá es un santuario en el que pueden vivir sin más temor que el de las delincuencias común y organizada. Pero ese temor –que es el del ciudadano de a pie– no lo siente una pequeña élite que, sin importar lo que haga, puede vivir en paz, sin el acecho de autoridad alguna que, en no pocos casos, son sus asalariados. Así ha sido siempre y así pretenden que siga.

Pero, ¿qué tal si nuestra Constitución permitiera la extradición de nacionales? La sola pregunta causa estupor, odio y seguramente no faltará el que me califique de traidor. Si ese es el precio por expresar lo que pienso, que así sea. Países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Perú, etc., tienen legislaciones que permiten la extradición de sus nacionales. Y no creo que sus nacionales sean menos patriotas que nosotros. Esos países no son los únicos. El mundo ha cambiado, empequeñece. Creo que será cuestión de tiempo que otros nos exijan cambios.

La extradición de nacionales no es algo popular. Los primeros que se opondrían a ese cambio serían los políticos, incluso, se extendería al Órgano Judicial y hasta el Ejecutivo. Sobran las palabras para explicar las razones. Panamá es para ellos su refugio, el último lugar en la tierra en la que alguna autoridad extranjera podría llevárselos. Por eso no faltan extranjeros que pagan por nacionalizarse. Así evaden la justicia en donde delinquieron.

El presidente Daniel Ortega, por ejemplo, le concedió la nacionalidad nicaragüense al expresidente de El Salvador Mauricio Funes, acusado en su país de corrupción. Así, Ortega y Funes le cortaron las alas a la justicia. En Panamá también tenemos algunos Funes, personas con casos pendientes en jurisdicciones extranjeras que nada en el mundo los obligaría a abandonar Panamá, acogiéndose voluntariamente a lo que graciosamente algunos abogados llaman “país por cárcel”.

Puede que haya razones legítimas para concluir que nuestros nacionales solo deben responder por sus actos ante tribunales locales. Pero, con la caricatura de justicia que tenemos, dudo mucho que lo hagan, mucho menos, que respondan por sus crímenes en Panamá. El miedo a la extradición –aun cuando nunca se concrete– es suficiente para que un sujeto de extradición no pueda dormir en paz nunca más.

Pero, ¿seremos capaces de despojarnos de un nacionalismo que protege hasta al más inhumano delincuente? ¿Debemos llevar en hombros el desprestigio de salvaguardar a criminales porque nos negamos a reformar la Constitución? ¿Estamos convencidos de que en Panamá la justicia es funcional? Puede que esté equivocado, quizás algunos me crean loco. Y no se si lo esté, pero de algo sí estoy seguro: yo no le temo a la extradición. ¿Quién le teme?

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