INICIATIVA LEGISLATIVA

Proponen eliminar prueba idónea en casos de diputados

Temas:

El independiente Juan Diego Vásquez presentó su propuesta el pasado miércoles 14 de agosto ante el pleno. Luis García El independiente Juan Diego Vásquez presentó su propuesta el pasado miércoles 14 de agosto ante el pleno. Luis García Expandir Imagen
El independiente Juan Diego Vásquez presentó su propuesta el pasado miércoles 14 de agosto ante el pleno. Luis García

Inhabilitar de manera definitiva a los servidores públicos que cometan actos de corrupción, que esos delitos no prescriban y la eliminación del requisito de la prueba idónea para investigar a los diputados son algunos de los aspectos propuestos en un anteproyecto de ley presentado ante la Asamblea Nacional.

La propuesta, que llegó al Legislativo de la mano del independiente Juan Diego Vásquez, expone de nuevo el debate que en el quinquenio pasado (2014-2019) adelantó la Asamblea sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y la prueba idónea.

Vásquez propone, por ejemplo, que delitos como corrupción, enriquecimiento injustificado, tráfico de influencias, abuso de autoridad, fraude en actos de contratación pública, estafa, entre otros, no prescriban.

Plantea, además, la eliminación de la prueba idónea, uno de los requisito que exige el Código Procesal Penal para acompañar las denuncias presentadas contra los diputados. De hecho, la falta de este requisito ha provocado el archivo de decenas de procesos contra diputados.

La iniciativa deberá ser discutida por la Comisión de Gobierno, que preside el perredista Leandro Ávila.

El diputado Vásquez manifestó que el anteproyecto de ley persigue asegurar la investigación y el debido proceso de los casos en el país.

Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción vuelve a debate en la Asamblea Nacional

El debate para que los delitos contra la administración pública no prescriban volvió a la agenda pública. El diputado independiente Juan Diego Vásquez presentó un anteproyecto de ley ante el pleno de la Asamblea Nacional que propone esa medida, al igual que otras disposiciones contra la corrupción.

La propuesta de ley, a diferencia de la que en su momento presentó el mismo Vásquez en representación de las organizaciones sociales, establece un aumento a las penas contra los delitos contra la administración pública señalados en el Código Penal.

Además, propone inhabilitar de manera definitiva del ejercicio de las funciones públicas a los que cometan actos de corrupción.

En el documento, Vásquez plantea reformar, entre otros, el artículo 116 de la Ley 63 de 2008, que adoptó el Código Procesal Penal, a fin de indicar que la acción penal prescribirá en un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado; y al vencimiento del plazo de tres años, cuando se trate de delitos sancionados con penas no privativas de libertad. Asimismo, establece que delitos como la tortura, corrupción de funcionarios, enriquecimiento injustificado, tráfico de influencias, abuso de autoridad, fraude en actos de contratación pública, así como los delitos de estafa, entre otros, no prescribirán.

La Ley 35 de 2013 redujo el término de prescripción de los delitos de corrupción a únicamente el máximo de la pena por dichos delitos –la pena más alta no sobrepasa los 15 años–, cuando antes ese término era el doble.

El anteproyecto de ley que presentó Vásquez propone que si un servidor público sustrae o malversa fondos estatales, será sancionado con pena de 8 a 16 años de prisión, pero si la cuantía supera los $100 mil, la pena será de 16 a 20 años de prisión. En la actualidad, la pena para estos delitos, en el primer caso es de 4 a 10 años; y en el segundo va de 8 a 15 años.

Quinquenio pasado

En el período pasado (2014-2019) el proyecto de ley que propuso la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción libró una dura batalla en el Legislativo y, pese a que fue avalado en tercer debate, el documento fue objetado parcialmente por el entonces presidente de la República, Juan Carlos Varela. El veto parcial obedeció a que los diputados incluyeron en el proyecto de ley reformas de otras normas, como la Ley 22 de 2006, de Contrataciones Públicas, para impedir que el Estado contratara con empresas que tengan acuerdos de colaboración en casos de corrupción.

La propuesta actual no hace referencia a la Ley de Contrataciones Públicas.

Comentarios

Cerrar

La función de comentar está disponible solo para usuarios suscriptores. Lo invitamos a suscribirse y obtener todos los beneficios del Club La Prensa o, si ya es suscriptor, a ingresar.

Suscríbase gratis por 30 días Prueba
Adquiera un plan de suscripción Suscríbase
Cerrar

Por favor introduzca el apodo o nickname que desea que aparezca en sus comentarios:

Comentar 0 comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Corporación La Prensa, S.A.

¿Aún no eres suscriptor de La Prensa?

Elija plan de suscripción

Aquí usted podrá elegir uno de nuestros planes de suscripción y disfrutar de los beneficios que le ofrecemos.

Elegir plan