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Procurador pide rechazar 70 demandas por envenenamiento

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Procurador pide a la Corte que no admita millonarias demandas

Una apelación para que se revise la admisión de unas 70 demandas de indemnización contra el Estado, por el envenenamiento de medicinas con dietilenglicol, fue presentada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema por el procurador de la Administración, Rigoberto González.

Procurador pide a la Corte que no admita millonarias demandas

El procurador de la Administración, Rigoberto González, presentó un escrito de oposición ante la Sala Tercera Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, para que no se admitan 70 de las 417 demandas presentadas por sobrevivientes y familiares afectados por el tóxico dietilenglicol. Los demandantes exigen al Estado una indemnización de más de $2 mil millones.

El documento se sustenta en que la mayoría de las demandas interpuestas por la firma Orobio & Orobio carecen de la copia autenticada del fallo de la Sala Penal de la Corte, que condena a exfuncionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) por el envenenamiento con el tóxico dietilenglicol, hecho ocurrido en 2006.

González también alega que las demandas se sustentan en el artículo 97 del Código Judicial, que se refiere a indemnizaciones del Estado, en atención a daños o perjuicios provocados por funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

Advierte que para ejercer la acción contra el Estado, se requiere de la existencia de un pronunciamiento judicial previo, lo que, afirma, “a todas luces revela una falta de precisión por parte de la parte demandante”, en torno al fundamento legal de las reclamaciones.

En varias ocasiones las víctimas del tóxico han acudido a la Corte para exigir justicia. Archivo Expandir Imagen
En varias ocasiones las víctimas del tóxico han acudido a la Corte para exigir justicia. Archivo

El procurador no se ha pronunciado aún sobre las 347 demandas restantes.

Oposición de víctimas

El abogado Víctor Orobio -quien suscribió las 417 demandas-, se opuso en otro escrito al planteamiento del procurador.

Alegó que lo que se pretende es que el Estado repare a los afectados por la mala prestación de los servicios de salud a través de la CSS, institución que les entregó medicamentos envenenados. Esto, añade el abogado, es producto de hechos punibles.

Aclara también que el concepto de “víctima” no se circunscribe únicamente a la persona directamente afectada, en este caso por la ingestión de las medicinas contaminadas. Según él, también se considera víctima al entorno familiar de los afectados, que debió realizar ingentes esfuerzos para el tratamiento de su familiar.

Agrega en su escrito que en muchas ocasiones el envenenamiento produjo graves secuelas físicas, y en muchos casos ocasionó la muerte de los que utilizaron los fármacos.

Orobio cita la Ley 31 de 1998, que dice que se consideran víctimas del delito a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños. Aquí se incluyen las lesiones físicas o mentales, el sufrimiento emocional, la pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de la omisión o violación de las normas penales.

El 11 de abril de 2017, la Sala Penal de la Corte impuso distintas condenas por este caso. Entre ellas, a René Luciani, exdirector de la CSS, y a otros tres exfuncionarios, se les condenó a 18 meses de prisión. No obstante, a finales de abril de este año, un juez de cumplimiento dio por extinguida la pena.

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