CONTROVERSIA

Policía no puede obviar el orden constitucional: Ministerio Público

El artículo 220 de la Constitución Política atribuye al Ministerio Público la competencia para perseguir el delito, mientras que la DIJ y el Imelcf son sus brazos auxiliares.

El retorno del Departamento Nacional de Investigaciones

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El presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Seguridad Rolando Mirones pasan revista a la Policía. El presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Seguridad Rolando Mirones pasan revista a la Policía. Expandir Imagen
El presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Seguridad Rolando Mirones pasan revista a la Policía. Archivo

La Policía Nacional no puede obviar el orden constitucional vigente, ya que controlar el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y tener iniciativa de investigación autónoma supone dotarla de un poder que primero requiere facultad constitucional y, segundo, capacidad técnica.

Así lo declararon fuentes del Ministerio Público (MP) al evaluar la propuesta del Plan de Seguridad Nacional 2019 -2024, que pretende integrar el Imelcf a la DIJ.

Según las fuentes, los estamentos de seguridad están obligados a seguir las directrices de los fiscales.

De hecho, el artículo 220 de la Constitución atribuye al Ministerio Público la persecución del delito, y el Imelcf, la Policía y la DIJ deben actuar como brazos auxiliares de los fiscales, quienes dirigen las investigaciones.

Las fuentes precisaron que en otros países –como Chile y Colombia, por ejemplo– el Ministerio Público incorporó la policía judicial dentro de las fiscalías, por tratarse de un modelo que se ajusta de manera eficiente a las exigencias del sistema de procesamiento penal adversarial, como el acusatorio.

Recalcaron que tras la implementación del sistema penal acusatorio en el país –a partir de 2011– aún quedan pendientes muchos trabajos por coordinar y mejorar, entre ellos, los servicios de la Policía, que es la primera en llegar a las escenas de los crímenes. Explicaron que este rol lo desempeña la DIJ en las áreas donde se requieren trabajos con especialización técnica.

Para Humberto Mas, exdirector del Imelcf, este debe ser independiente y trabajar en colaboración con la Policía Nacional.

Facultades

El exprocurador general de la Nación Rogelio Cruz calificó de “muy peligrosa” la propuesta de de conceder facultad de investigación a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Cruz alegó que esta iniciativa del Ministerio de Seguridad Pública de introducir cambios en el sistema penal acusatorio y que daría a la DIJ el control de las investigaciones judiciales es un intento de recortar, aún más, las facultades de investigación del Ministerio Público.

Calificó el proyecto como delicado, ya que el Ministerio Público quedaría sin instrumentos para investigar y permitiría al Ejecutivo tener injerencia en las investigaciones judiciales a través de la DIJ.

A su juicio, lo prudente sería introducir una modificación que llevara nuevamente la DIJ bajo el paraguas del Ministerio Público, y que sean los fiscales quienes lideren las investigaciones, como se ha venido haciendo hasta ahora.

Recalcó que el cambio propuesto por el Ministerio de Seguridad llevaría a la DIJ al punto en que se encontraba durante la dictadura, cuando el Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) de los militares decidía a quién se investigaba y a quién no.

“La procuradora Kenia Porcell corre el riesgo al que nos enfrentamos la exprocuradora Ana Matilde Gómez y yo, a quienes se nos presentó una denuncia y se nos retiró del cargo”, dijo.

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, corre el riesgo de ser denunciada y retirada del cargo, como ocurrió con Ana Matilde Gómez y con Rogelio Cruz, advirtió este último en declaraciones a este diario. Archivo Expandir Imagen
La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, corre el riesgo de ser denunciada y retirada del cargo, como ocurrió con Ana Matilde Gómez y con Rogelio Cruz, advirtió este último en declaraciones a este diario. Archivo

La propuesta

El plan de seguridad ciudadana para el periodo 2019-20121 tiene entre sus objetivos promover una reforma al Código Procesal Penal que le otorgue iniciativa investigativa a la DIJ, y la incorporación del Imelcf a esa entidad.

El plan está orientado a supuestamente cambiar la percepción ciudadana de inseguridad que ha prevalecido en los últimos años.

El pasado 19 de julio, tras conocerse la iniciativa, el director del Imelcf, Vicente Pachar, envió un comunicado interno, en el que pidió calma al personal ante los planes del Gobierno.

En tanto, la exprocuradora Ana Matilde Gómez opinó que lo planteado es un claro retroceso y una contradicción en lo propuesto por el presidente Laurentino Cortizo en su campaña.

Por su parte, Annette Planells, de Movin, consideró que en un país en el que se utiliza el sistema penal acusatorio, en el que las medidas cautelares son decididas por jueces de garantías, es indispensable que tanto la DIJ como el Imelcf sean instituciones independientes.

La propuesta del Ejecutivo otorga a la Dirección de Investigación Judicial competencia para investigar, al tiempo que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses estaría bajo el paraguas de esa entidad.

Según Planells, con esto se evitaría la intromisión del Órgano Ejecutivo en la persecución del delito, en especial de los casos de corrupción.

Por su parte, Magaly Castillo, miembro de Alianza Ciudadana Pro Justicia y participante en el Pacto de Estado por la Justicia, dijo que este debate debe ser sometido primero a la Comisión de Estado por la Justicia

Castillo detalló que en este caso la discusión debe ser entre las instituciones del sector justicia y el gremio de abogados para fortalecer la administración de justicia, ya que se trata de un debate técnico.

Este diario intentó ayer obtener una reacción del ministro de Seguridad, Rolando Mirones, pero no contestó las llamadas a su celular. Tampoco se logró una respuesta de su equipo de prensa.

El retorno del Departamento Nacional de Investigaciones

El objetivo 5 del Plan de seguridad al rescate de la institucionalidad por una mejor seguridad ciudadana 2019-2024, elaborado por la Policía Nacional, menciona: “Optimizar las labores de inteligencia policial e investigación judicial, a fin de lograr los mejores resultados en la lucha contra el delito”.
¿Cuál es el alcance que tiene este objetivo estratégico? En el documento dedicado a la planificación preparado por la Policía Nacional, de 35 páginas, se evidencia una intención de fortalecer y ampliar las capacidades de actuación de esta institución.

Las acciones concretas que, según puede entenderse se derivan de este objetivo estratégico, implican el debilitamiento de las instituciones civiles cuya participación es clave en la justicia penal del país. En particular, tanto el Ministerio Público como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses parecen ser las presas fáciles de la expansión de poderes de la PN.


Aunque el caso del Ministerio Público ya es conocido, vale la pena recordar que por Constitución y las leyes del Código Procesal Penal y la que creó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), este cuerpo esencial para las investigaciones criminales solo puede actuar de acuerdo con las instrucciones del Ministerio Público. Todo parece indicar que, aprovechando la coyuntura de una propuesta de reforma del Código Procesal Penal, y quizás hasta la propia reforma constitucional, la DIJ pueda actuar directamente, es decir, sin intermediación del Ministerio Público, ante los jueces de garantías del Órgano Judicial. El resultado sería el restablecimiento del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), entidad de funesta reputación que existió entre 1960 y 1990 y que en ocasiones actuaba por iniciativa propia, dejando al Ministerio Público como una especie de notaría que solo certificaba o protocolizaba lo actuado por el DENI.

Esta ampliación de competencias de la Policía Nacional incluiría una parte importante de las funciones que realiza el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf). Esta institución, independiente dentro del sistema de justicia, realiza el análisis técnico de las escenas de los crímenes, procede a desarrollar toda la labor científica en laboratorios, morgues y otras instalaciones para encontrar la identificación de las causas, los métodos y las circunstancias en las que se cometieron ciertos delitos.


Esta labor criminalística se hace de forma independiente al trabajo investigativo que realiza la DIJ.

Seguramente, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses carece de algunas capacidades y se le dificulta disponer de los recursos humanos para cumplir sus funciones, sin embargo, esto se puede corregir aumentando su presupuesto y no simplemente despedazando la institución y asignando su recurso humano a la Policía Nacional. Es muy fácil identificar posibles fuentes de conflicto de interés entre la Policía Nacional y el Servicio de Criminalística del Imelcf. Por ejemplo, en una escena del crimen en la cual la Policía haya intercambiado disparos con presuntos delincuentes, es importante que el análisis sea lo más objetivo posible.

Aunque la gran mayoría de los miembros de la Policía Nacional son agentes y oficiales caracterizados por un buen comportamiento, también son conocidos los casos de corrupción que afectan a policías de todos los rangos, incluso a comisionados. No parece muy sano dejar en estas manos el manejo técnico científico de estas investigaciones.


Existen modelos policiales en el mundo que se alinean con el diseño institucional esbozado por la Policía Nacional, sin embargo, muchos de los países líderes en el combate efectivo de la criminalidad cuentan con un diseño institucional de entidades independientes claramente diferenciadas, como policías judiciales, por un lado, y policías de seguridad pública por el otro. Por ejemplo, el FBI no pone boletas de tránsito ni el Scotland Yard acompaña los camiones de reparto de las cervecerías o las lecherías en su recorrido.

La decisión del modelo policial panameño que se pretende tomar en los próximos meses no solo afectará la forma en que se combate a la delincuencia, sino también a los cimientos del Estado de derecho.

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