administración de justicia

Piden poner fin a la figura de los jueces interinos

Un estudio independiente sugiere, además, sacar a la DIJ de la Policía.

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La carrera judicial, aprobada en 2015, no ha sido implementada, por lo que los nombramientos de jueces del sistema penal acusatorio siguen haciéndose de forma interina. Archivo La carrera judicial, aprobada en 2015, no ha sido implementada, por lo que los nombramientos de jueces del sistema penal acusatorio siguen haciéndose de forma interina. Archivo Expandir Imagen
La carrera judicial, aprobada en 2015, no ha sido implementada, por lo que los nombramientos de jueces del sistema penal acusatorio siguen haciéndose de forma interina. Archivo

La eliminación a corto plazo de la práctica de nombrar jueces interinos y la separación de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional (PN) son las principales recomendaciones de un estudio independiente que evaluó el desempeño de las entidades de justicia y autoridades policiales.

La evaluación, llevada a cabo por el capítulo local de Transparencia Internacional, comparó la regulación y estructuras actuales de tres entidades, DIJ, MP y OJ contra los estándares internacionales de mejores prácticas, para recomendar cambios y mejoras en la gestión institucional de ética, integridad, transparencia y otros".

De las tres entidades evaluadas, la DIJ fue la que menos indicadores cumplió.

DIJ la que más estructuras debe mejorar

La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, el Ministerio Público (MP) y el Órgano Judicial (OJ) tuvieron una mala evaluación en materia de independencia e integridad, interacción con la sociedad, transparencia y protección a víctimas y testigos, entre otros indicadores.

Así lo reveló un estudio desarrollado por el Capítulo Panameño de Transparencia Internacional como parte del proyecto CrimJust. Este proyecto es llevado a cabo por tres organizaciones: la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Interpol y Transparencia Internacional (TI), encargándose cada una de un componente distinto; las dos primeras de la cooperación regional y el fortalecimiento de capacidades, y la última de esta investigación, que es su responsabilidad exclusiva".

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Piden poner fin a la figura de los jueces interinos

Para realizar el estudio –financiado por la Unión Europea (UE)– fueron seleccionas la DIJ, el MP y el OJ. Se midieron 75 indicadores en 7 dimensiones: supervisión interna, protecciones, supervisión externa, transparencia, participación de la sociedad civil, independencia e integridad, y capacidad.

El estudio se desarrolló entre el último trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018.

DIJ, la peor

La DIJ resultó ser la peor evaluada. La investigación concluyó que esta entidad no ofrece ninguna capacitación en materia de ética e integridad a su personal.

Tampoco tiene un proceso disciplinario interno claro para prevenir y sancionar conductas indebidas, ni mecanismos para proteger a denunciantes, víctimas, testigos y funcionarios, o sus familiares.

En materia de transparencia, la DIJ tuvo una evaluación roja en todos los indicadores medidos.

El estudio también concluye que la DIJ no interactúa con las organizaciones de la sociedad civil ni el público en general.

El informe destaca que en la DIJ “es habitual que actores externos interfieran gravemente en las actividades de la institución”, y advierte que también carece de protocolos para mejorar prácticas de reclutamiento y nombramiento de personal que ayuden a una independencia integral.

La DIJ solo cumplió con el 23.5% de los indicadores que se evaluaron, según el informe.

La investigación recomendó que se retome una iniciativa legislativa para separar a la DIJ de la Policía Nacional, a fin de que sea independiente.

Durante la administración del presidente Martín Torrijos (2004-2009), la entidad –entonces Policía Técnica Judicial (PTJ)– que estaba adscrita al MP, pasó a la Policía Nacional.

Unodc, Interpol y TI también recomiendan en el estudio implementar normas éticas a los funcionarios de la DIJ y revisar el mecanismo disciplinario de la Policía Nacional, según estándares de protección de los derechos humanos.

Además, la investigación propone revisar el proceso disciplinario en la DIJ para garantizar el anonimato al denunciante, particularmente cuando se trate de un funcionario de la entidad, para evitar las represalias de sus jefes.

DIJ, la peor evaluada porInterpol, Unodc y TI Expandir Imagen
DIJ, la peor evaluada porInterpol, Unodc y TI

El MP cumple a medias

La investigación determinó que el MP no posee evaluación de desempeño y ascenso ni mecanismo disciplinario interno, y tampoco provee protección a fiscales y a sus familias.

La evaluación de desempeño y la estructura de ascensos para los fiscales no se basan en factores objetivos como las aptitudes profesionales, la idoneidad, la integridad y la experiencia, y no se deciden en función de procedimientos justos e imparciales, sino en la discrecionalidad del jefe inmediato, que es la procuradora general”, dice el informe.

En materia de transparencia, el Ministerio Público cumple parcialmente, según señala la investigación.

El informe precisa que el MP publica cifra y tipos de casos de delincuencia organizada que ha perseguido penalmente, pero advierte que la información no es confiable ni se actualiza de manera uniforme.

El documento resalta que los fiscales y el personal de alto rango cumplen con la declaración de bienes patrimoniales al menos una vez al año y que estas son revisadas por un organismo, entidad o departamento independiente.

Con respecto a esta institución, el informe recomienda que se adopte un nuevo manual descriptivo de puestos para ajustarlo al sistema penal acusatorio (SPA), que incluya un procedimiento especial para la selección y nombramiento de los fiscales.

El informe también recomienda adoptar un código de ética propio a la función especial de los fiscales.

OJ, poca transparencia

La investigación también evaluó al Órgano Judicial, que en materia de transparencia salió mal calificado.

En interacción con la sociedad civil y política con respecto a los medios de comunicación social, no cumplió con los indicadores.

El tribunal penal no tiene protocolos sólidos y adecuados de interacción con los medios de comunicación o esos protocolos no se respetan en la práctica”, destaca el informe.

Indica la investigación que en el Órgano Judicial tampoco existe un proceso claro para la selección de jueces que evalúe a los aspirantes para poder seleccionar a aquellos que posean integridad y capacidad legal requeridas para resolver de manera parcial, justa y transparente los procesos.

La carrera judicial, aprobada mediante ley en 2015, establece el procedimiento para nombrar a los jueces y crea un tribunal de ética para investigar sus faltas, pero esto no se ha concretado por falta de presupuesto, según sus autoridades.

En cuanto a la declaración de bienes patrimoniales, el informe revela que la presentación de los informes por parte de los responsables en rendir cuentas no es periódica y el mecanismo de revisión es deficiente.

Destaca que el Órgano Judicial carece de recursos financieros y humanos suficientes para llevar a cabo su mandato de impartir justicia.

En tanto, el mecanismo disciplinario interno tampoco recibe fondos ni respaldo suficiente dentro del sistema judicial, que le permita investigar y ocuparse de las denuncias.

El estudio recomienda establecer a corto plazo un cronograma para evitar los nombramientos de jueces de manera interina en el sistema penal acusatorio.

Además, sugiere al Judicial que exija la autonomía financiera y el 3% del total del presupuesto general del Estado para que pueda cumplir con su facultades constitucionales.

Pide que establezca controles para exigir la obligatoriedad de la declaración patrimonial de todo el personal judicial.

Reacciones

Annette Planells, del Movimiento Independiente, dijo que a través de este tipo de estudios se pueden emprender acciones para el fortalecimiento de la administración de justicia en Panamá.

Por su parte, Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), señaló que este diagnóstico pretende ayudar a las entidades que imparten justicia, a fin de que apliquen cambios internos que ayuden a fortalecer la institucionalidad en la lucha contra el crimen y la corrupción.

Indicó que los investigadores y fiscales van a actuar correctamente mientras tengan el apoyo de instituciones fuertes y reciban capacitaciones y recursos.

 

(Esta nota fue modificada el lunes 26 de noviembre de 2018, a las 7:30 p.m., para corregir el subtítulo que decía DIJ, la peor evaluada por Interpol, Unodc y TI por el siguiente: DIJ la que más estructuras debe mejorar. Además, se cambió el párrafo que decía: “La investigación -financiada por la Unión Europea y en la que participó Transparencia Internacional, Interpol y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito- analizó factores como desempeño, integridad, independencia y transparencia de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el Ministerio Público (MP) y el Órgano Judicial (OJ)"... por el siguiente:  La evaluación, llevada a cabo por el capítulo local de Transparencia Internacional, comparó la regulación y estructuras actuales de tres entidades, DIJ, MP y OJ contra los estándares internacionales de mejores prácticas, para recomendar cambios y mejoras en la gestión institucional de ética, integridad, transparencia y otros".)

 

 

 

 

 

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