TRANSPARENCIA FISCAL

Panamá sale de la lista negra de la Unión Europea

La decisión deja la primera lista negra creada por la Unión Europea con 9 de las 17 jurisdicciones iniciales incluidas el 5 de diciembre de 2017.

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Panamá está ahora en el Anexo II, que agrupa a los Estados en los que se han identificado deficiencias, pero que han asumido el compromiso de modificar sus prácticas. Panamá está ahora en el Anexo II, que agrupa a los Estados en los que se han identificado deficiencias, pero que han asumido el compromiso de modificar sus prácticas. Expandir Imagen
Panamá está ahora en el Anexo II, que agrupa a los Estados en los que se han identificado deficiencias, pero que han asumido el compromiso de modificar sus prácticas. Jazmín Saldaña

La vigencia de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) ha durado exactamente 49 días. Tal y como estaba previsto, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) dieron luz verde ayer a la decisión que retiró del polémico listado a Panamá y a otras siete jurisdicciones: Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez.

“Me siento complacida por la rectificación de la Unión Europea, que, tras los esfuerzos técnicos, diplomáticos y políticos, reconoce las fortalezas de la plataforma panameña y ratifica nuestra competitividad para atraer la inversión extranjera”, enfatizó la vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, poco después del anuncio.

Estos ocho países pasaron del Anexo I, que engloba a las jurisdicciones no cooperativas, al Anexo II, que agrupa a los Estados en los que se han identificado deficiencias, pero que han asumido el compromiso de modificar sus prácticas en distintos ámbitos, como fiscalidad, transparencia o intercambio de información durante 2018 y 2019.

Panamá comparte ahora posición con Catar, Andorra o las islas Caimán, así como los territorios asociados a Reino Unido como Guernsey o la isla de Man, Jersey.

La inclusión en esta segunda lista aleja al país de las sospechas que lo situaron del lado de los que no colaboran en la lucha mundial contra el lavado de capitales y la evasión fiscal, pero lo emplaza en un terreno no definitivo. El llamado Grupo del Código de Conducta, un equipo de 28 técnicos que maniobró la inserción del país en la lista negra original del 5 de diciembre de 2017, revisará que el pacto de Panamá sea respetado. De emitir una estimación negativa, el país volverá a la lista negra.

A este respecto, el comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici, urgió a hacer públicos esos compromisos en vista de un verdadero “control democrático” que permita –a su juicio– determinar los territorios que han cumplido.

Según el funcionario francés, esa vigilancia “seria y transparente” debe estar en manos de los medios de comunicación, las oenegés y de los ciudadanos.

“Estos países tienen que pasar de las palabras a los hechos y respetar la legislación. Si no lo hacen de aquí a finales de año, regresarán a la lista negra y se enfrentarán a sanciones”, advirtió Moscovici.

AVANCES EN MATERIA FISCAL

Panamá se ha determinado en los últimos años a proteger su sistema financiero de las prácticas fiscales perniciosas, a través de cambios en su regulación.

En 2016, fueron aprobadas dos leyes con la finalidad de adherir el país a los estándares internacionales en materia de transparencia y aumentar la cooperación fiscal. La Ley No. 47 de 2016 certificó el acuerdo intergubernamental entre el Gobierno de la República de Panamá y Estados Unidos (IGA), con el fin de ejecutar la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo principal es reportar a Estados Unidos las informaciones de cuentas financieras mantenidas por ciudadanos, residentes, entidades constituidas en Estados Unidos y entidades pasivas que cuenten con accionistas estadounidenses.

La Ley No. 51 estableció el marco regulatorio estándar común de reporte (CRS, por sus siglas en inglés) para la implementación del intercambio de información con fines fiscales, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Además, se impuso a las sociedades que no realizaban operaciones en Panamá que especificasen sus transacciones a través de registros contables e información de sustento.

Lo que se pretendió con esta regulación fue que las sociedades, sin operaciones locales, tuvieran un registro contable y documentación de sustento de sus transacciones actualizado por un periodo de cinco años y que fuera accesible a través de los agentes residentes.

Panamá tiene un sistema de régimen fiscal territorial y solo se cobran impuestos a las empresas que generan ganancias dentro del istmo, por lo que esto supuso un cambio radical para que los entes financieros pudieran solicitar esta información.

El compromiso de Panamá para implementar el intercambio automático de información fiscal en el marco del dispositivo multilateral, firmado en París la semana pasada por el director general de Ingresos, Publio Cortés, es el último paso en favor de la trasparencia.

En la práctica, se trata de un marco legal, promovido por la OCDE, que actualizará, a partir de septiembre de este año, la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Temas Fiscales, ratificada mediante la Ley 5 de 2017, que rige actualmente el intercambio de información fiscal bajo previo requerimiento.

Los contenidos de interés fiscal serán compartidos en un plazo de nueve meses con aquellos países con los que Panamá haya suscrito previamente un acuerdo bilateral, de forma automática, sin necesidad de que le hagan al país una demanda específica.

De las tres condiciones que la UE estipuló en febrero de 2016 para determinar qué jurisdicciones iban a ser consideradas no cooperativas, Panamá suspendió la cuestión relativa a la gobernanza fiscal. Aprobó en transparencia y en la implementación de las normas internacionales de la OCDE, pero se consideró que tenía “un régimen preferencial tributario nocivo”.

Para revertir esa situación y sacar a Panamá de la relación de paraísos fiscales se han convalidado los compromisos adquiridos por escrito ante las autoridades europeas al más alto nivel político, según fuentes del organismo en Bruselas (Bélgica).

Ese texto que Panamá remitió a la UE con las promesas de modificación de las fallas del sistema identificadas no se ha hecho público. Solo verá la luz si finalmente el Gobierno panameño accede a revelarlo.

“Este proceso, para ser más creíble, debe ser suficientemente transparente, pero pienso que sin el permiso de las respectivas jurisdicciones que han asumido estos compromisos, sería injusto revelarlos, porque les hemos pedido cambios específicos sin decirles que serán revelados”, señaló en rueda de prensa el titular de Finanzas de Bulgaria, Vladislav Goranov, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la UE.

“Recomendaremos al grupo de trabajo que contacte con los países, que hemos reclasificado y que pida permiso para que esta información sea pública”, agregó.

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