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Ministerio Público investiga a 14 empresas por desfalco millonario a la Caja de Seguro Social

El contralor Federico Humbert pidió al director de la CSS, Alfredo Martiz, las auditorías internas que sustentan la lesión millonaria contra la entidad.

Fiscalía investiga 270 denuncias por retención de cuotas

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Fiscal Marina García Collado. Fiscal Marina García Collado. Expandir Imagen
Fiscal Marina García Collado.

El Ministerio Público (MP) investiga a 14 empresas vinculadas a un presunto desfalco por unos $300 millones en cuotas obrero patronales en perjuicio de la Caja de Seguro Social (CSS).

La fiscal de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción, Marina García Collado, reveló que pidió al Registro Público las certificaciones de estas empresas para identificar a sus directivos y dueños. Según reportes de la propia CSS, el fraude se dio a través del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), empleado por los empresarios para reportar el pago de cuotas obrero patronales.

Además, García solicitó a la CSS la lista de los funcionarios encargados de manejar las “llaves” del SIPE.

La fiscal precisó que también se practicarán inspecciones a las oficinas del SIPE en la CSS y allanamientos a las empresas.

El SIPE permitía a empresarios hacer correcciones en los pagos de cuotas, lo que, según la CSS, fue aprovechado para cometer el supuesto desfalco.

En tanto, el contralor Federico Humbert reveló que envió una carta al director de la CSS, Alfredo Martiz, para que le proporcione las auditorías internas que revelaron la posible evasión millonarias en el pago de cuotas por parte de empleadores.

Ministerio Público: Operación del SIPE pudo permitir desfalco

La administración de la Caja de Seguro Social deberá remitir a la Contraloría la auditoría interna sobre el desfalco en el pago de cuotas obreros patronales. Expandir Imagen
La administración de la Caja de Seguro Social deberá remitir a la Contraloría la auditoría interna sobre el desfalco en el pago de cuotas obreros patronales. LP/Archivo

El Ministerio Público (MP) detalló ayer las primeras diligencias que ejecutó a partir de una investigación de oficio por un supuesto desfalco de $300 millones en perjuicio de la Caja de Seguro Social (CSS), que habría sido ejecutado a través del Programa de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), mediante el cual se reporta el pago de cuotas obrero patronales a la entidad.

La fiscal de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción, Marina García Collado, reveló que solicitó a la CSS y a la Contraloría General de la República las respectivas auditorías para determinar la lesión patrimonial a la entidad. 

La funcionaria reveló que hasta ahora se investigan 14 empresas presuntamente vinculadas con los hechos, aunque no descarta que la cantidad aumente, ya que se requerirá de la participación de la CSS para determinar a otros posibles implicados.

Según la fiscal, ya pidió al Registro Público la certificación de las empresas investigadas para conocer la identidad de sus directivos, y a la CSS, los aportes de cuotas obrero patronales que registraron al SIPE, así como los contratos de trabajo de los empleados.

La fiscal aclaró que en la investigación se podría determinar si hay algún funcionario vinculado con las anomalías, ya que hasta el momento no existe la participación de ninguno.

Cómo funcionaba

Explicó que el SIPE permite al representante legal de la empresa ingresar los datos del trabajador que afilia y hacer correcciones en los reportes de las planillas, lo que pudo haber permitido las posibles irregularidades.

Detalló que el sistema permite, cuando las planillas estén pagadas, hacer correcciones, disminuir el monto del salario ya declarado al trabajador o eliminar a empleados de las planillas pagadas, lo que originaba un crédito a favor de la empresa. De hecho, si la empresa tenía una deuda con la CSS, esta podía cancelarla con ese crédito.

Por este motivo, la fiscalía dijo que pedirá la lista de funcionarios de la CSS que tenía accesos al SIPE, así como un reporte de los pagos hechos por las empresas investigadas.

En este caso –aseguró la fiscal– los tipos penales que se pueden generar de la investigación son corrupción de servidores públicos, delitos contra la fe pública y estafa en perjuicio de la CSS, pero destacó que para definir esta situación se requiere de la información que reposa en la base de datos del sistema.

Ejemplos

En otras palabras, el empleador registraba inicialmente, por ejemplo, una planilla de $20 mil al mes. Luego, a través de la corrección, reportaba que el monto solo era de $15 mil debido a la renuncia o destitución de trabajadores, aunque en realidad la empresa mantenía la misma planilla.

Después, confiando en lo reportado por la empresa, la CSS le otorgaba un crédito por la diferencia, $5 mil en este caso, que le permitía al empleador utilizarlo para el pago de cuotas obrero-patronal atrasadas o alguna deuda con la institución.

Esto fue detectado en 2015, lo que motivó que la CSS asignara a funcionarios para que validaran la información de los empleadores, pero el esquema continuó hasta 2018, ahora con ayuda de los propios funcionarios.

Asamblea cita a Martiz

El pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión de ayer, decidió citar al director de la CSS, Alfredo Martiz, para que explique el alcance de las irregularidades denunciadas y que ocasionaron el posible desfalco contra la entidad.

Los diputados de la Asamblea elaboraron un cuestionario de seis preguntas a Martiz, en las que se le solicita información sobre cómo operaba el fraude, el estado de la investigación, además que revele el nombre de las empresas involucradas en el delito y la cantidad de funcionarios implicados, entre otras solicitudes.

La propuesta, que surgió del diputado del Partido Revolucionario Democrático Leandro Ávila y recibió el respaldo de sus colegas, argumenta que la citación al funcionario obedece a que la ciudadanía debe saber todo lo relacionado con este escándalo y el resultado de las investigaciones.

A su vez, el director de la CSS deberá responder a los diputados si la entidad se ha constituido en querellante en este proceso de posible lesión patrimonial.

Martiz debe concurrir a la Asamblea antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el próximo 30 de abril.

MP: Operación del SIPE pudo permitir desfalco Expandir Imagen
MP: Operación del SIPE pudo permitir desfalco

Auditorías

Otra entidad que reaccionó ayer al respecto fue la Contraloría General de la República (CGR).

En ese sentido, el contralor Federico Humbert informó que desde el pasado 12 de abril solicitó al director de la CSS las auditorías internas sobre los pagos a través del SIPE, entre los años 2012 y 2018.

Según Humbert, eso le permitirá a la entidad tener una idea de lo ocurrido en la CSS, elaborar su propia auditoría y posteriormente enviar información precisa al Ministerio Público, para que adelante las investigaciones del caso.

“Le solicitamos remitir a la Contraloría General de la República, a la brevedad posible, el informe de auditoría que sustenta las irregularidades detectadas para valorar la gravedad de los hechos y tomar las medidas que esta aconseje”, señala la carta de Humbert al director de la CSS.

Las declaraciones de Humbert fueron dadas durante un recorrido en Penonomé, provincia de Coclé, donde también fiscalizaba la construcción de la Policlínica de la CSS Manuel Paulino Ocaña.

La construcción de la estructura fue abandonada hace tres años y ahora, en lugar de costar $14 millones, terminará costando más de $20 millones, según los técnicos de la Contraloría.

Directiva reacciona

La junta directiva de la CSS solicitó ayer al director de la entidad que solicite formalmente a la Contraloría General de la República una auditoría para las unidades o áreas administrativas involucradas en el manejo irregular del SIPE.

De acuerdo con los miembros de la junta directiva de la CSS, que preside el dirigente obrero Guillermo Puga, al solicitar esta auditoría se entregará un informe con absoluta “ independencia” y “objetividad”.

Señaló, asimismo, que esta auditoría arrojará las deficiencias y debilidades del sistema, quiénes son los responsables o personas involucradas en estas actividades financieras y operacionales irregulares.

“Luego de esta auditoría, se determinará la cuantía posible de la lesión patrimonial al Estado y se determinarán las medidas preventivas y correctivas aplicables para que esta situación no vuelva a ocurrir”, señalaron los directivos dela CSS.

Fiscalía investiga 270 denuncias por retención de cuotas

El Ministerio Público (MP),  a través de la Fiscalía Anticorrupción,  investiga  270 denuncias por la supuesta retención indebida de cuotas de la Caja de Seguro Social (CSS) por  parte de empleadores,  y que suman una posible  lesión de $6.3 millones en perjuicio de la entidad.

En 2016 se presentó una denuncia por retención indebida de cuotas, mientras que en 2017  sumaron 48 y en lo que va de 2018 esta cifra  asciende a 221 casos, informó la Sección de Atención Primaria del MP.

Por las denuncias de retención indebida de cuotas  interpuestas en 2017  el MP  investiga una posible  lesión patrimonial de $1 millón 94 mil; y en 2018, la lesión patrimonial ascendería a $5 millones 295 mil 747.03,  detalló el MP.

La retención indebida de cuotas se da cuando el empleador no remite el pago de la cuota obrero patronal a la CSS en un plazo de tres meses.

Estas investigaciones son aparte del proceso abierto por supuestas anomalías con el Sistema de Ingresos de Prestaciones Económicas.

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