LEGISLACIÓN

MEF: Panamá se expone a volver a lista gris del GAFI

Los diputados no discutieron la ley que eleva a delito la evasión fiscal.

El proceso fallido de la Comisión de Credenciales

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Diputados de distintas bancadas de la Asamblea Nacional, el pasado jueves, cuando fueron clausuradas las sesiones extraordinarias. Elysee Fernández Diputados de distintas bancadas de la Asamblea Nacional, el pasado jueves, cuando fueron clausuradas las sesiones extraordinarias. Elysee Fernández Expandir Imagen
Diputados de distintas bancadas de la Asamblea Nacional, el pasado jueves, cuando fueron clausuradas las sesiones extraordinarias. Elysee Fernández

Panamá se expone nuevamente a regresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2019, si no se aprueba el proyecto de ley 591, que eleva a delito la evasión fiscal, advirtió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Advierten de que si no se penaliza la evasión fiscal, Panamá irá a una lista gris

El pasado jueves 27 de diciembre, minutos después de que la Asamblea Nacional clausurara las sesiones extraordinarias sin debatir el proyecto de ley 591, que penaliza la evasión fiscal, la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, solicitó al Legislativo que reiniciara el debate “cuanto antes”, a fin de discutir el tema.

Advirtió que no penalizar la evasión tiene un costo “muy alto para Panamá”.

Su planteamiento encontró eco en su antecesor en el cargo, el exministro Dulcidio De La Guardia, quien a través de Twitter aseguró que “la indiferencia” de la Asamblea al no aprobar esa iniciativa le costaría caro a todos los panameños. “El sistema financiero panameño está en grave peligro”, advirtió. En paralelo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) amplió el tema en un comunicado, en el que recordó que desde hace más de un año el país debate sobre la importancia de esta ley para evitar que Panamá vuelva a caer en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La entidad dijo también que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica analizó hace unas semanas, durante su reunión plenaria en Ecuador, el progreso técnico del país para cerrar brechas y así cumplir con las recomendaciones del GAFI.

Hablan los bancos

Las advertencias siguieron ayer viernes. La Asociación Bancaria de Panamá alertó en un boletín de prensa que Panamá se expone al aislamiento y a ser señalada como cómplice de los delitos tributarios.

No penalizar la evasión, de acuerdo con el organismo, que aglutina a 70 bancos, “tendrá consecuencias funestas”, porque podría causar un “endurecimiento de las condiciones de crédito y mayor dificultad para obtener préstamos, lo que puede causar un fuerte golpe a la economía”.

Otra que se pronunció fue la canciller Isabel de Saint Malo. “Es necesario que la Asamblea comprenda que este proyecto es central a los intereses nacionales. No pierdo la esperanza de que este sea el primer proyecto que aborde en 2019”, escribió en Twitter.

Por su lado, Severo Sousa, presidente del Consejo Económico Nacional, manifestó que, ya vencido el plazo de sesiones extraordinarias, la Asamblea “se debe comprometer a discutir el proyecto con prioridad apenas reinicie sesiones [ordinarias] la próxima semana”. El pleno legislativo reinicia sesiones el miércoles 2 de enero de 2019.

El camino

El proyecto de ley 591 fue aprobado en primer debate en la noche del 29 de octubre de este año por la Comisión de Gobierno.

Se le dio el visto bueno después de largas jornadas, en las que fue protagonista un intenso pulseo entre el MEF, representantes del Ministerio Público y de los gremios, y los diputados.

Se acordó que para que se produzca el lavado de activos tiene que haber un delito previo del que se origina el dinero mal habido. El Código Penal vigente establece que si el dinero ilícito proviene de corrupción, narcotráfico, terrorismo, trata de personas y una larga lista de actividades ilegales, la sanción es de 5 a 12 años de cárcel. También se estableció que para introducir la evasión fiscal como delito precedente del lavado, se agregaba un nuevo artículo al Código Penal (254-A), que dispone una pena de dos a cuatro años de prisión. En tanto, $300 mil es el monto a partir del cual la evasión será considerada delito.

En las extraordinarias

A finales de noviembre pasado, cuando el Ejecutivo convocó a la Asamblea a sesiones extraordinarias, incluyó en la lista el proyecto de ley 591, que penaliza la evasión fiscal, entre otras iniciativas. También puso a consideración de los diputados el nombramiento de dos abogados para magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Desde el primer día de sesiones, el proyecto 591 estuvo en el orden del día, pero nunca fue considerado. Las únicas dos propuestas del Ejecutivo que pasaron los debates fueron la 659, que dicta el presupuesto del Estado para 2019, cuyo contenido contenía camarones legislativos que flexibilizaban el control de las federaciones deportivas y patronatos, y la 664, que modifica la legislación de Panamá Pacífico.

Los grandes ausentes de los debates fueron la mayoría de los diputados del Partido Panameñista. De los pocos que asistían, se cuenta a Luis Eduardo Quirós, José Antonio Domínguez, Miguel Salas y Juan Moya. En cambio, a líderes de la bancada, como José Luis Popi Varela y Adolfo Beby Valderrama, se les vio poco.

Varela acudió al pleno el pasado jueves, día en que la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, clausuró las sesiones extraordinarias, que habían sido convocadas por el Ejecutivo hasta el 31 de diciembre. “Inesperadamente, se iba a discutir un proyecto importante para el país, un proyecto que pone en riesgo que Panamá pueda entrar en listas grises internacionales. De una manera u otra cerraron la sesión de manera inconsulta”, aseguró un José Luis Varela furioso con sus colegas.

Este medio consultó ayer a Ábrego sobre la posibilidad de retomar el debate, pero aseguró que no hablaría de la Asamblea. Ábrego estaba en el acto político de Cambio Democrático, en el que el directorio aprobó el pacto con el partido Alianza rumbo a 2019.

El proceso fallido de la Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, que preside el diputado de Cambio Democrático Sergio Chello Gálvez, nunca convocó a sus comisionados para analizar la ratificación de Olmedo Arrocha y Abel Zamorano como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

Cada vez que se le consultaba sobre el tema, decía lo mismo: “no hay ambiente para el debate” o “no hay los votos”.

El propio Franz Wever, secretario general de la Asamblea, manifestó el pasado jueves 27 de diciembre que recibieron la documentación del Ejecutivo, la pasaron a la comisión, pero esta no convocó a los miembros.

“Deberían preguntarle al diputado Sergio Gálvez por qué no lo hizo”, dijo.

Olmedo Arrocha, actual funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas y exmilitante del oficialista Partido Panameñista, fue nombrado para reemplazar a Oydén Ortega, a quien se le venció el período el 31 de diciembre de 2017.

Por su lado, Abel Zamorano completará el período por el que fue designado su principal, Alejandro Moncada Luna, condenado en 2015 a cinco años de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad.

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